Por Ernesto Albán Gómez
ealban@hoy.com.ec
Me preguntan cuál de los proyectos de ley de comunicación sería preferible. Mi respuesta es terminante: no debería expedirse ninguna Ley de Comunicación. Esto no quiere decir, por supuesto, que los proyectos presentados sean igualmente peligrosos. Hay que destacar que el presentado por el asambleísta Montúfar trata de salvar algunos principios fundamentales, ante el riesgo de que se apruebe finalmente una ley gravemente atentatoria de derechos básicos de los ciudadanos.
Pero, hecha esta advertencia, el debate de fondo, en mi opinión, debería ser otro: no cuál de los proyectos es preferible, sino si es necesario o no que se expida una ley en esta materia. Y reitero que considero que no es necesario hacerlo. Mis razones son muy sencillas: cualquier ley, por democrática que pudiera ser, creará algún órgano externo que, aunque pretendidamente solo sea regulador, en cualquier momento pasará a ser controlador y represivo. Cualquier ley, por democrática que pudiera ser, inevitablemente entrará a regular desde afuera aspectos que deben ser resueltos internamente por los medios de comunicación: qué información entregar al público y cómo entregarla, sobre qué temas editorializar y con qué orientación hacerlo. Y nada difícil será que, declarada o subrepticiamente, se establezca una censura previa a los contenidos, una tacha a los colaboradores, una obligación de registrarse u otros mecanismos de presión. Riesgo tanto mayor si el dichoso órgano regulador está a las órdenes del Gobierno.
De este o de cualquier otro de la misma línea. Porque tales gobiernos, de una manera casi instintiva, temen a los medios de comunicación y quieren controlarlos y tenerlos a su servicio. Ya se conoce cuál es la objeción: ¿pero es posible que los medios de comunicación no estén sujeto a ninguna regulación y qué, por tanto, puedan hacer lo que les venga en gana, sin que exista una adecuada respuesta legal, frente a tales eventuales desafueros?
La pregunta es innecesaria porque en realidad los medios de comunicación están sujetos a varios controles. Y el primero es el control interno a través de los códigos de ética que, si están hechos con seriedad, son mucho más exigentes que cualquier ley, en cuanto a establecer las reglas y los límites a las cuales se encuentran sometidos sus colaboradores. El otro control, de una eficacia absoluta, es el que ejerce el público, los lectores, los televidentes o radioescuchas, que juzgan permanentemente la forma en que el medio cumple su papel. Y si ese público está insatisfecho y no hay las rectificaciones necesarias, pues simplemente el medio está condenado a desaparecer.
Pero además, el propio sistema jurídico establece con absoluta claridad las responsabilidad en que pueden incurrir los propios medios y las personas que colaboran con ellos. Responsabilidades civiles por daño moral, responsabilidades penales por delitos de injuria. Pero, obviamente, establecer estas responsabilidades está en manos de los jueces, no del Gobierno.
Y si alguna ley hace falta, es la que regule y limite la utilización abusiva del Gobierno de espacios en los medios de comunicación.
Hora GMT: 25/Octubre/2009 - 05:12
