Por César Ricaurte
Converso con Roberto Pereira, quien trabajó durante 11 años en la Defensoría del Pueblo del Perú. Ahora dirige un estudio jurídico que acoge casos de litigio pro bono que tienen que ver con la libertad de expresión y el acceso a la información.
Él asumió la defensa de radio La Voz de Bagua Grande, ubicada en la localidad del mismo nombre (noroeste del Perú), por pedido del IPYS, Perú. Una resolución ministerial, con fecha del 8 de junio, revocó la licencia de difusión de La Voz de Bagua Grande. No obstante, la emisora gozaba desde el 13 de marzo de 2007 de una autorización de radiodifusión por espacio de 10 años.
La resolución tomada en esa fecha preveía que La Voz de Bagua Grande dispusiese de un período de instalación y prueba de 12 meses. El director de la emisora, Carlos Flores Borja, afirmó haber remitido al ministerio, el 29 de enero, los documentos requeridos para la homologación. Dicho correo especificaba, con una carta del municipio de Utcubamba como prueba, que el sitio de instalación inicial de la radio se tuvo que cambiar por razones de seguridad. El Ministerio retomó precisamente ese motivo alegando una "opinión desfavorable" emitida el 31 de diciembre de 2008, antes de que acabase el período probatorio, para cancelar el permiso de radiodifusión.
¿Cuál es el fondo de este asunto? Reporteros sin Fronteras lo señala con claridad: "Nadie puede quedar engañado con las razones dadas por el Gobierno para acallar La Voz de Bagua Grande. Esta decisión interviene tras recientes enfrentamientos entre las fuerzas del orden y las poblaciones nativas de la región Amazonas. Varias voces, tanto por parte de la Policía como del poder político, acusaron a la emisora de haber fomentado el motín. Si esta acusación fuese fundada, entonces, ¿por qué recurrir a argumentos de tipos administrativo y técnico para justificar la cancelación de la licencia de difusión de La Voz de Bagua Grande? Se trata de un acto de censura y de intimidación".
Añade Reporteros sin Fronteras que: "En realidad, La Voz de Bagua Grande ha estado en el punto de mira del Gobierno desde los enfrentamientos que agitaron la región Amazonas al principio del mes de junio. En medio de los disturbios, el 5 de junio de 2009, que causaron unos 30 muertos, la ministra del interior, Mercedes Cabanillas, amenazó públicamente con cerrar La Voz de Bagua Grande y radio Oriente, otra emisora ubicada en Yurimaguas, por su supuesto "apoyo" de la violencia contra las fuerzas del orden".
Roberto Pereira, en cambio, apunta a la discrecionalidad con un fuerte olor a retaliación política con la cual actúan las autoridades de control. Y eso que en el Perú estamos hablando de una legislación relativamente nueva, discutida y probada después de la nefasta era Fujimori.
El poder tiene muchas formas de actuar para presionar a medios y periodistas. Una forma es, justamente, esgrimir "razones técnicas" para acallar un medio. Otro puede ser el firmar un decreto que significa castigar a los medios impresos con el retiro de la publicidad oficial por sus investigaciones periodísticas. Pero nada de eso sucede en nuestro país. ¿No es cierto?
cricaurte@hoy.com.ec
Hora GMT: 25/Junio/2009 - 05:11
25/Junio/2009 a las 11:13
A ver, César... a ver si te entiendo. Lo que quieres decir es que el cierre de medios de comunicación como retaliación política no es patrimonio de la neoizquierda latinoamericana, de esa mal interpretación del mamotreto de Dietrich, sino que es una actitud de los latinoamericanos en general, ¿es así?
Eso me resulta más coherente. El abuso del poder estatal por parte de sus administradores (los Gobiernos) es una demostración más de que no es "la ideología", sino que son quienes la interpretan y la aplican los que están equivocados.