Por Diego Araujo Sánchez
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El presidente Rafael Correa llamó a los asambleístas del Gobierno a que aprobaran el proyecto de Ley de Comunicación. No cuentan las objeciones que, desde múltiples sectores ciudadanos, se han presentado en el país en contra de ese proyecto mordaza, tampoco las advertencias hechas por la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa en Buenos Aires, ni las recientes observaciones de la Unesco que, si bien no se formularon sobre el proyecto final, conservan toda su fuerza porque ese proyecto reproduce el espíritu restrictivo y sancionar del documento oficial que llegó a la Asamblea de la mano de Rolando Panchana.
En la cadena del último sábado, el mandatario pidió a los asambleístas no dar un paso atrás, la misma expresión que utilizó Sixto Durán Ballén cuando el Ecuador estuvo en guerra con el Perú en el Alto Cenepa; pero, en este caso, no dar un paso atrás para aprobar el proyecto de ley que crea un organismo burocrático, con una integración que permitirá al Gobierno un fácil control, a través del Consejo de Comunicación e Información, que cuenta con poderes para dictar políticas de comunicación, controlar a los medios, juzgarlos y sancionarlos, por la imposición de amonestaciones, multas, suspensiones y clausura.
El proyecto, que entra a primer debate del pleno de la Asamblea este jueves, exige el registro de medios para su funcionamiento, el título obligatorio para quienes redactan las noticias o se hallan a cargo de la dirección editorial de aquellos, y contiene disposiciones que equivalen a la censura previa, permite el control de contenidos, liquida la libertad de expresión.
El presidente Correa repitió como argumentación que todos los poderes deben ser regulados, que los medios son un poder; en consecuencia, deben ser regulados. No obstante, el proyecto rebasa la regulación y establece un desembozado y abusivo control gubernamental.
Además, la premisa de la argumentación que repite el presidente es falaz: no todo poder tiene la misma naturaleza. Descontado todo lo que haya de mito y realidad en aquello del "cuarto poder", es absurdo poner en el mismo saco el poder estatal y los medios de comunicación. Como recordaba hace poco el colombiano Javier Darío Restrepo, la prensa es un servicio. Si se la concibe así, el enfoque de una ley de comunicación es diametralmente distinto. Sin embargo, para el primer mandatario la prensa no solo es un poder, sino un poder político. Esa actitud carga desenfoques tan grandes como tener a la prensa independiente como el peor enemigo de su Gobierno y hasta la impresentable propuesta de un organismo regional para que "defienda a los gobiernos de los abusos de la prensa", cuando en todo el mundo las leyes protegen a los ciudadanos -y a los medios por los que se expresan ellos- de los eventuales abusos de los gobiernos.
La falta de comprensión del papel de los medios de comunicación en una sociedad democrática lleva al presidente a exhibir una permanente actitud beligerante, pedir la aprobación de una ley mordaza y a no dar ni un paso atrás, como si se tratara de una batalla contra supuestos enemigos.
Hora GMT: 07/Diciembre/2009 - 05:09
07/Diciembre/2009 a las 13:01
Uno de los asesores de la UNESCO, responsable del informe acerca de la Ley de Comunicación, dijo, en términos generales, que la ley contiene cosas buenas, ciertos vacíos y también imposiciones inaceptables. Creo, señor Araujo, que usted se quedó con las terceras. Sería bueno y ponderado hablar de las dos primeras para no hablar, o escribir, con el cristal oscuro.