Felipe Burbano de Lara
fburbano@hoy.com.ec
La decisión del Gobierno de prohibir a sus ministros que concedan entrevistas a los medios de comunicación con alcance nacional resulta consistente con su propia forma de entender la verdad en la política y la legitimidad democrática. No hay más verdad que aquella que sale de las voces oficiales y ninguna otra legitimidad que aquella que viene de las urnas. Quien tiene los votos posee, al mismo tiempo, el derecho a mandar y a hablar, y los demás a obedecer y escuchar.
Son las formas en las que la revolución ciudadana construye la legitimidad de su propia dominación política. El procedimiento se escenifica en las sabatinas como rituales concebidos para consagrar la voz presidencial en la esfera pública. ¿Cómo lo hace? A través del monólogo, de escucharse a sí mismo, de repetir los mismos argumentos, de desfigurar a los adversarios, sin que nadie pueda preguntar, pedir una explicación, menos una aclaración. Una sola persona hace uso de la palabra durante horas con todos los recursos a su disposición, sin preguntas ni réplicas. Los asistentes van para aplaudir, agradecer y consagrar la voz presidencial. A Correa le fascina sentirse escuchado y aclamado. Los asistentes se convierten en un auditorio mudo, sin voz, obligados a someterse a la única versión válida de la marcha revolucionaria del país. Esa misma práctica será, a partir de la última decisión, el modelo a seguir de todos los funcionarios públicos. Varios temas muy problemáticos aparecen mezclados en la decisión tomada por el presidente Correa. La primera, ya señalada, la monopolización de la palabra en el debate público. Una voz sin contrapuntos, sin preguntas, se repetirá de modo implacable. La segunda, una enorme confusión en torno a lo público y lo privado, hasta desvirtuar la diferencia entre los dos ámbitos. La práctica de la revolución saca lo público de un escrutinio minucioso. ¿Por qué lo quiere hacer? La respuesta más obvia podría ser porque desprecia lo público, porque considera lo público como un patrimonio suyo fruto de los sucesivos triunfos electorales, y porque no siente la obligación alguna de rendir cuentas, salvo a través de los canales dispuestos por ello mismos, maquillados y propagandísticos. La negación sistemática de lo público, como un espacio donde se muestra pulcritud en el manejo de aquello que nos pertenece a todos, ha sido una práctica constante de la revolución. Nadie se siente obligado a explicar las decisiones que toma en asuntos del Estado. Los ministros gestionan lo público en un permanente silencio.
Por último, hay un desprecio hacia los ciudadanos que siguen a los medios denunciados por el gobierno como instrumentos ilegítimos de lucro. Alrededor suyo, se crean espacios de discusión, deliberación, reflexión, donde esos ciudadanos configuran sus propias perspectivas de lo que ocurre. El gobierno se relaciona con ese público como lo hace con sus bases: cree que siguen al pie de la letra lo que dicen los medios, sus columnistas, sus entrevistadores, restándoles toda autonomía. El gobierno trata a esas audiencias y lectores como a sus seguidores en las cadenas sabatinas: como meros espectadores de un juego informativo que no controlan ni les pertenece.
Autor: Felipe Burbano - fburbano@hoy.com.ec Ciudad Quito
