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Miedo oculta sicariato en Santo Domingo

Publicado el 20/Abril/2009 | 00:15

La conflictividad social en la provincia 23 deja ver una nueva faceta marcada por prácticas relacionadas con el crimen organizado. La venta de droga y los asesinatos "por contrato" son frecuentes

El crimen "reinventa" la conflictividad


La violencia en la provincia 23

En santo domingo la venta de droga parece motivar otros delitos. El sicariato sería uno de ellos. Esos fenómenos se apuntalan en el miedo y en un entorno de por sí influenciado por tráfico ilegal de tierras

Las recientes medidas de seguridad pudieron incidir para que la provincia de Santo Domingo de lo Tsáchilas baje del segundo al quinto lugar en el ranking de las ciudades más peligrosas del país en febrero pasado. En 2008, se registraron 12,5 asesinatos por mes, mientras que la cifra de muertes bajó a cinco en este febrero.

No obstante, esa reducción podría resultar engañosa, según señalan algunos lugareños, debido al comportamiento que se evidencia alrededor de los delitos, en donde el agraviado resultó doblemente ofendido por las amenazas y hasta retaliaciones que -en algunos casos- recibió para evitar que llegue hasta la justicia.

Un caso muy particular se dio con Jéssica Cedeño (25 años), quien fue asesinada al decidir investigar el asesinato de su esposo. Su madre y el esposo de ella siguieron la misma suerte. Otra comerciante también resultó asesinada tras denunciar la violación de una de sus hijas.

Estos casos fueron atribuidos, en el ámbito local, a sicarios, cuyo actividad criminal no es tipificada en el país como delito. En la Policía, se lo define como ajuste de cuentas, mal reparto o venganza, destaca el jefe de la Policía Judicial, Alberto Vilema.

Pero, entre los propios agentes, se admite el sicariato por las características de los homicidios: hasta 15 disparos en cabeza y abdomen y el uso de motos por parte de los victimarios para escabullirse.

El origen de estos asesinatos "por contrato" se asocia al crimen organizado, en especial del narcotráfico. Los ejemplos en esa provincia sobran. El más reciente fue el del coronel (r) Hugo Guerrón, quien fue abaleado junto a su chofer al salir de una gallera. Sus victimarios también fueron asesinados a las pocas horas.

Inteligencia había vinculado al oficial con actividades de una red de narcotráfico.

Estos fenómenos han evolucionado en un entorno de por sí conflictivo, derivado de las invasiones y un crecimiento desordenado. (LB-LFA)

Delitos giran en torno al negocio de las drogas

Cuatro disparos alertaron a Noemí y a sus dos hijos en la cooperativa de vivienda Treinta de Junio, en Santo Domingo de los Tsáchilas, la noche del pasado miércoles 8 de abril. A pocos metros de su casa, era asesinado Leonel Paúl Chávez Calderón, alias "Jandry" ( 25 años), segundo cabecilla de la conocida banda delictiva Los Choneros.

Dos días más tarde, en Viernes Santo y en la misma cooperativa de vivienda, fue asesinado John Rafael Cedeño Sánchez (29 años), a quien se vinculaba también con dicha organización.

Cedeño estuvo junto a Chávez el día de su asesinato, pero logró huir del almacén de repuestos El Chonero, ubicado en la vía al Bombolí.

La sospecha inicial apunta a que ambos crímenes pueden estar relacionados con actividades vinculadas al negocio de la droga. La Policía buscaba a Chávez por tráfico de estupefacientes y asociación ilícita. El 25 mayo de 2001, había sido detenido por presunción de homicidio, pero logró evadir a la Justicia. Al momento de su muerte, tenía tres boletas de captura emitidas por un juez de Manta (Manabí), por homicidio.

Los dos asesinatos, en menos de tres días, activaron otra vez las alertas sobre la verdadera situación de la zona en la producción y el tráfico de estupefacientes.

Al menos, la División Antinarcóticos del Ministerio Público de Santo Domingo de los Tsáchilas considera que la provincia "colorada" es importante centro de acopio de droga que viene de Colombia y el Perú, por su posición estratégica para el comercio legal y el gran flujo migratorio, que han permitido "camuflar" otras actividades.

Esta realidad ha convertido también a esa jurisdicción en eje de la planificación de operaciones oficiales de alto nivel, como el caso "Huracán de la Frontera".

Desde allí, Inteligencia ató algunas piezas clave de la red de contactos del grupo que comercializaba droga de las FARC, liderada supuestamente por Jefferson Ostaiza. Esas conexiones pudieron tener base en Santo Domingo.

Fuentes de Inteligencia asocian ese caso con el asesinato del coronel (r) y hacendado Hugo Guerrón, que fue abaleado al salir de una gallera. Del oficial, se sospechaba que pudo ser el contacto para el vuelo en el que debía salir la droga incautada en el "Huracán".

Hay otros casos

Fiscalía Antinarcóticos desarticuló en 2007 la banda Los Soldadores, tras descubrirse droga proveniente de Lago Agrio en un taller ubicado en la avenida Quevedo. En el lugar, se hacía el trasbordo del alcaloide en camiones que ingresaban a repararse. La banda era integrada por 10 personas, la mayoría colombianas, que amenazaron a los jueces si los encarcelaban. (LFA)

El menudeo prolifera en barrios de la urbe

"Profesor, tengo "perica" (marihuana) en sobres desde $2 hasta coca en paquetitos de $5 o pitillos (cigarrillos) de $1", oferta uno de los vendedores desde la ventana de madera semiabierta en la cooperativa de vivienda Che Guevara Dos.

El ingreso a este sector es peligroso por sus calles empedradas, poca iluminación y centinelas en las esquinas, quienes observan con cuidado el ingreso de automotores o desconocidos.

Allí se comenta que hay que pagar a los vecinos para que vivan en el barrio, por el miedo de ser asaltados en la calle, las casas o en los buses de transporte urbano.

"La venta de droga es a diario y casi me cuesta la vida por enfrentarme a bala con un colombiano que exigía a los jóvenes del barrio comercializar los paquetes", revela Marco, un morador.

Mientras, Máximo Realpe, presidente de la cooperativa de vivienda La Nueva Provincia, asegura que su barrio es sano, pero viene gente de otros lados "a querer vender droga". Por ello exigen patrullaje policial y la construcción de los UPC.

Ángel Zapata, jefe antinarcóticos, señala 17 sectores conflictivos y de zona roja registrados en Santo Domingo. Entre los más peligrosos están Che Guevara, Santa Martha, Juan Eulogio, donde la mayoría de delitos y crímenes se relacionan con el tráfico y venta de alcaloides.

La droga que llega a la provincia se la vende al menudeo en paquetes, alterados con hierba común, talco o harina en algunos casos.

La venta se realiza en casas o esquinas. Por esa actividad ilegal se detuvo a Jaime La Torre Chanaluisa (alias "Dedos"), el 6 de abril pasado, en la urbanización Los Jardines, con 160 paquetes de marihuana listos para la venta.

En esa misma semana, se allanó la vivienda de Darwin Muñoz Zambrano (alias "Makanaqui") y Gladis Serrano, en la cooperativa Quince de Septiembre. En el lugar se hallaron 206 gramos de cocaína y 198 de marihuana camuflada. (LFA)

Una "mina" para antinarcóticos


Ángel Zapata, jefe antinarcóticos de la Policía de Santo Domingo, señaló que en esa jurisdicción se han planificado golpes fuertes contra el tráfico de la droga que entra por tierra o mar al país.

Gracias a estos operativos, se logró decomisar alcaloides en Esmeraldas, Guayas y Pichincha.

También se hace un riguroso control en vías al tráfico de armas, precursores químicos y combustible. Igualmente, se monitorea el movimiento de dinero en el negocio de bienes raíces, la feria ganadera (solo esta mueve $2 millones) y hasta las peleas de gallo. (LFA)

Todo sendero lleva al Búa...


La posible presencia de armados colombianos en la Bocana del Búa, cantón Quinindé (Esmeraldas), activó en las últimas semanas un dispositivo de rastreo.

La principal tarea de esta operación era levantar información sobre actividades que puedan hacer presumir la injerencia de grupos ilegales colombianos en la zona.

El operativo tuvo dos antecedentes básicos: el hallazgo de un mapa con las coordenadas de la Bocana en el sitio bombardeado de Angostura, en marzo de 2008, y la cadena de muertes de varios campesinos de la zona de la Bocana durante los últimos años.

Estos dos temas fueron mencionados en el libro El juego del camaleón, de Arturo Torres, publicado y difundido en los últimos días.

Allí, se señala que varias haciendas en la Bocana del Búa han sido el refugio de un grupo de armados que asesinaron a más de 20 campesinos del sector.

Trascendió, como también se señala en la publicación, que la Bocana era frecuentada en 2006 por un ciudadano de nacionalidad colombiana al que llamaban "Casimiro", el que tenía una hacienda ganadera arrendada en el caserío El Plátano, que pertenece al canton Pedernales (Manabí), jurisdicción que tiene un amplio margen de playa en el océano Pacífico y una maraña de caminos de verano y esteros.

Para llegar al punto, se atraviesa la población de la Bocana del Búa (Esmeraldas), se cruza el río Cucaracha y se dirige al caserío ubicado en la Bocana de San Francisco (Manabí), comunidades que son unidas por un puente colgante peatonal.

Hoy, se sigue el rastro (aunque sin éxito) de ese personaje al que se asocia con las muertes de los campesinos.

La presencia de armados en la Bocana del Búa maneja con reserva la gente de inteligencia que se mueve por la zona. A fines de 2007, los dispositivos de inteligencia que se habían activado fueron advertidos por un grupo de armados que había aplicado su ley en la zona.

No obstante, los movimientos de esas personas son comentados por los lugareños, que señalan al área de Santo Domingo de los Tsáchilas como punto de referencia para esas actividades.

Esa información también es procesada con sigilo entre los equipos de seguridad de esa jurisdicción, considerando que en esta provincia hay una intensa actividad que facilita el encubrimiento de otras actividades ilícitas.

En el caso de la droga, la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas es vista como un eje clave en el tránsito de los alcaloides que llegan desde Colombia, ya sea por la ruta costera, en la que confluyen los cargamentos que llegan por Quito desde la frontera norte, ya sea en Sucumbíos o el Carchi.

En este último caso, la droga acumulada en Santo Domingo y su área de influencia es luego redireccionada hasta la zona costera, en particular el norte de Manabí (Pedernales) y el sur de Esmeraldas.

Ángel Zapata, jefe antinarcóticos local, destaca -sin dar detalles- que esa lógica se ha aplicado en la planificación que ha permitido desbaratar importantes envíos de alcaloides, así como a las organizaciones responsables. (LB-LFA)

La delincuencia "aplica" la intimidación ciudadana

El incremento en el consumo de droga en los jóvenes de Santo Domingo de los Colorados preocupa a padres de familia y organizaciones sociales. La situación obligó al intendente de Policía, Stalin Naranjo, y al jefe policial de los UPC, Hugo Cárdenas, a regular de 18:00 a 22:00, por dos meses, el funcionamiento de bares y billares.

Algunos periodistas han recibido amenazas de delincuentes o expendedores de droga. Estos días, un reportero fue advertido para que no investigue sobre una banda de extorsionadores. Alberto Villena, jefe de la PJ, asegura que la vigilancia se realiza, pero hay limitaciones para cubrir un área tan extensa con cuatro vías de conexión con otras provincias. (LFA)

Provincia Verde, un punto de embarque

Se estima que unas 12 toneladas de droga se decomisaron en Esmeraldas en los últimos tres años. En lo que va de 2009, se ha incautado 3,5 toneladas de cocaína cuyo valor sería de $15 millones en el mercado negro.

El alcaloide se encontraba empaquetado a bordo del barco pesquero María Eulalia. Ocho personas de la tripulación fueron detenidas para investigaciones por la Armada.

El 28 de marzo pasado, la Infantería de Marina localizó la construcción de un laboratorio para refinación de droga en el estero El Bajito, cantón San Lorenzo, norte de la Provincia Verde.

Mientras, el 2 de abril, la Policía de Antinarcóticos se incautó de 16 tanques de 55 galones que contenían 3 600 litros de heroína líquida, en una vivienda del barrio Veinticuatro de Mayo, al sur de la ciudad de Esmeraldas.

El propietario de la mercadería, Gustavo Arroyo, quien tiene una gasolinera en Río Verde, argumentó que el contenido en los tanques era desinfectante. (LFA)

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