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Emilio Godoy
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Las poblaciones próximas a los proyectos extractivos en México presionan cada vez con más fuerza a las empresas transnacionales a cargo de ellos para que financien el desarrollo local. La intención de los líderes de comunidades y de "ejidos" (propiedades colectivas de predios rurales) es que las empresas mineras, que conmocionan el área donde actúan con su presencia avasalladora sobre la economía y el ambiente, contribuyan a la ejecución de proyectos sociales, ecológicos y educativos.
Uno de esos movimientos de poblaciones estalló en La Sierrita, en el norteño estado de Durango, donde se bloqueó desde el domingo 8 la mina La Platosa, propiedad de Excellon de México, de la cual se extrae plata, plomo y zinc. En respuesta, la firma filial de la transnacional canadiense Excellon Resources Inc. decidió suspender las actividades.
Excellon pactó con ese ejido, por un acuerdo firmado en 2008, el pago de una renta por el uso de 1 100 hectáreas para la exploración y explotación de minerales, la construcción de una planta de tratamiento de agua, la contratación de personal local y concesiones para el transporte del material y el comedor de los empleados.
Pero hasta ahora no ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones, denuncian activistas y comuneros. Ese mismo año, la firma desembolsó unos $217 000 para alimentar un fondo social y unos $1 000 mensuales para becas estudiantiles, todo lo cual es considerado escaso por los lugareños en comparación con los $5,6 millones de ingresos netos registrados por la firma entre enero y marzo de este año por la explotación, según sus propios reportes.
Tras decidir el miércoles 11 suspender las actividades mientras dure el bloqueo, Excellon emitió un comunicado en el que calificó de "ilegal" las medidas emprendidas por los ejidatarios. También informó en esa misiva que "ha presentado cargos criminales e iniciado demandas (civiles) por daños contra todos los miembros y los grupos que están participando en esta acción ilegal", en alusión a los ejidatarios y a los activistas del no gubernamental Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc) que los asesoran y apoyan.
"La empresa no ha cumplido por falta de voluntad", sostuvo Daniel Pacheco, uno de los comuneros de la zona quien presidió la asamblea del ejido, la máxima autoridad local, entre 2009 y este año. La autoridad, compuesta por 185 ejidatarios que poseen 2 700 hectáreas, realizó un estudio de reordenamiento territorial que identificó 58 proyectos productivos con potencial de concreción, como la extracción de material de construcción y la siembra de hortalizas y vegetales y alfalfa para forraje.
En mayo, los lugareños y empleados de Excellon presentaron una queja contra la empresa bajo las Directrices para Corporaciones Multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el bloque en cuyo seno están los países más ricos del mundo y a la cual pertenece México.
Representantes del ejido asistieron el 31 de mayo a la reunión anual de accionistas en la ciudad canadiense de Toronto, para denunciar la situación, luego de lo cual renunció el presidente de la empresa, Jeremy Wyeth. (IPS)
Ciudad Quito
