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Publicado el 11/Junio/1997 | 00:00

Quito. 11 jun 97. El régimen interino de Fabián Alarcón
anunciará en las próximas horas un paquete de "lineamientos"
económicos que contempla al menos cinco medidas. El objetivo
es reducir un déficit fiscal oficial de 4,6 puntos del
producto interno bruto (PIB): alrededor de 920 millones de
dólares.

Dos medidas ya fueron anunciadas con antelación: el cobro de
la deuda a Emelec y la reducción del margen de ganancia de las
comercializadoras de combustibles. Entre ellas, el Gobierno
aspira a cubrir 0,6 por ciento del déficit.

Las otras tres están orientadas al sector energético: se
reorganizarán los pagos del diésel y del gas importado, se
buscará mecanismos para optimizar las ventas de crudo y se
eliminará parte del subsidio eléctrico. Según las proyecciones
oficiales, estos ajustes taparán otros 0,9 puntos de la brecha
fiscal.

El sector que dirige el ministro de Energía y Minas, Raúl
Baca, será el que asuma las mayores responsabilidades para
alcanzar los nuevos ingresos que tiene previsto el Estado.
Sobre él recae la posibilidad de alcanzar los tres nuevos
mecanismos de ingreso de divisas.

Entre las medidas nuevas y las ya anunciadas se cubriría un
1,5 por ciento de la brecha. Es decir, unos 300 millones de
dólares de los 920 que faltan. Para llegar a la meta prevista
de 2,6 por ciento de déficit, hasta finales de 1997, falta
todavía un punto del PIB.

Gas, a futuro

No se sabe si Fabián Alarcón tiene guardado un as bajo la
manga para resolver definitivamente el problema. Lo que se
conoce es que, a futuro, se analizará la posibilidad de
focalizar el subsidio al gas doméstico solo para los menos
favorecidos.

El régimen busca liberar los precios del gas para el resto de
sectores de la sociedad. Sin embargo, dicha medida ha sido
supeditada a un incremento de la producción del combustible.

1. UTILIDAD EN GASOLINAS

El Gobierno ha considerado la reducción del margen de ganancia
de las comercializadoras de combustible, que actualmente es
del 19 por ciento. Así, se piensa recuadar 60 millones de
dólares.

Las comercializadoras, por su parte, rechazan la medida.
Aseguran que ese porcentaje lo comparten con los
transportistas y los distribuidores de gasolinas; por ello, si
las utilidades bajan hasta el 16 por ciento -como se prevé-
será imposible que una gasolinera funcione. Dicen que, con
este ajuste, se recaudará solo 21 millones de dólares y no 44,
como han dicho fuentes del Estado.

Por lo contrario, afirman que, si se consideraque las
comercializadoras invierten alrededor de mil millones de
dólares, en condiciones normales, Solo por efecto del IVA, el
Estado obtendría 100 millones de dólares.

2. LA DEUDA DE EMELEC

La deuda de Emelec al Estado ecuatoriano, por 57 millones de
dólares, se produce por el cruce de cuentas que realiza la
empresa eléctrica de Guayaquil, entre lo que debería pagar a
Inecel y lo que le adeuda a ella el Ministerio de Finanzas.

Mientras un galón de diésel cuesta 2.900 sucres (precio a
terminal), a Emelec le corresponde pagar 584 sucres: el
argumento de Emelec es que lo demás debería ser devuelto por
el Estado (2.316 sucres). Por eso, lo que ha hecho es no
pagar a Inecel, por compra de energía, aduciendo el no pago
del ministerio de Finanzas.

La deuda también proviene de otra parte: Emelec retiene sus
pagos al Instituto, bajo el argumento de que el Estado debe
entregarle una rentabilidad neta garantizada.

3. GAS Y DIESEL

Entre las fórmulas que pretende aplicar el Gobierno, para
recaudar 60 millones de dólares (0,3 del PIB), es no utilizar
las ganancias que se obtienen del "crudo de compensación",
utilidades que generalmente se destinaban a la importación de
diésel y gas.

Así, se liberaría una parte de la producción de crudo para
que, los ingresos que genere, vayan directamente a las arcas
del Estado. Los proveedores privados, de dichos combustibles,
deberán asumir las compras necesarias de gas o diésel en el
exterior.

Técnicos del ministerio de Energía dicen no coordinar con la
tesis, ya que la única forma de reducir gastos a través de
estos rubros es la siguiente: primero, reducir el margen de
utilidades de las compañías comercializadoras, y segundo, no
seguir subsidiando a Emelec con provisiones de diésel.

4. VENTAS PETROLERAS

Dentro del grupo de ajustes adoptado para cubrir el déficit
fiscal, se menciona una operación de financiamiento de
exportaciones de crudo y la optimización de sus ventas.

Aunque la medida no está suficientemente clara, y deberá
explicarse con detalle, puede referirse a un asunto concreto:
la realización de ventas a futuro, que supone recibir un pago
por adelantado de nuestros importadores.

La cuestión es que, si se realiza esta operación, se dejaría
al país comprometido a realizar ventas de crudo sin recibir
nada a cambio.

Por otra parte, ¿cómo se puede optimizar las ventas del
petróleo? Analistas suponen que se trata de revisar las
fórmulas de venta y elevar los precios, siempre y cuando el
mercado lo permita. Con esto, el Gobierno piensa obtener un
0.5 por ciento del PIB (100 millones de dólares) para reducir
la brecha fiscal.

5. SUBSIDIO ELECTRICO

Otra de las medidas que impondrá el régimen para reducir el
déficit fiscal, es la eliminación del subsidio al servicio
eléctrico para quienes consuman 650 o más kilowatios.

La medida ayudará al Estado con un 0.1 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB); es decir, unos 20 millones de dólares.
Hasta el momento, el subsidio eléctrico se ha mantenido en 108
millones de dólares; esto es equivalente al 0.55 por ciento
del PIB.

Fuentes gubernamentales aseguran que el ajuste, que supone un
alza de tarifas sobre el sector, solo afectará a un tres por
ciento de la población, aquella con mayor poder adquisitivo.
Dentro de este grupo están el área industrial y empresarial.

Con la eliminación del subsidio, el Estado destinará al sector
eléctrico una suma de alrededor de 88 millones de dólares.

El ajuste viene con carta social

El ajuste económico será anunciado por el presidente interino
de la República, Fabián Alarcón al mismo tiempo que la Carta
Social, señaló ayer el ministro de Finanzas, Carlos Dávalos.
"El crecimiento basado en los objetivos y postulados de la
Carta Social, serán el fundamento de una nueva concepción de
política que no separa las variables económicas de las
variables sociales", puntalizó a su vez, César Verduga, de la
cartera de Gobierno.

No obstante, fuentes del Ministerio de Finanzas dijeron que
no se elevará el presupuesto para proyectos sociales: "lo
único que se puede hacer, para cumplir con la carta, es una
racionalización de gastos".

Protesta por medida

Los distribuidores de gas efectuaron una protesta frente a
Petroecuador, por estar en desacuerdo con la rebaja de sus
participaciones en la venta del producto. Al parecer los
manifestantes intentaron hablar con el ministro de Energía,
Raúl Baca, quien no se encontraba en sus oficinas. Los
comerciantes dieron un plazo de 30 días al régimen para que
revea sus decisiones, antes de tomar medidas radicales.

Entretanto, Nino Salvatore, de Duragas, en oficio dirigido a
Fabián Alarcón, también solicitó que se revea el Decreto que
establece nuevas tasas para la distribución del gas.

Herencia de Noboa, una nueva pugna

El 2 de junio pasado, Luis Noboa Pontón, presentó ante el Juez
Décimo Segundo de lo Civil de Guayaquil una apelación a la
sentencia del 27 de mayo que declaró válido el testamento
otorgado por su padre, Luis Noboa Naranjo.

Dicha sentencia había sido dictada después que la segunda
esposa del empresario, Mercedes Santistevan viuda de Noboa,
llegara a un acuerdo acerca de la repartición de bienes con
tres de los seis hijos del primer matrimonio de Luis Noboa:
Isabel, María Elena y Alvaro Noboa.

Dicho convenio otorgaba a los hermanos Noboa Pontón el control
accionario de las 74 de las empresas del imperio Noboa
domiciliadas en el Ecuador, que hasta ese momento eran
controladas por la señora Santistevan, de acuerdo a lo
establecido por Luis Noboa Naranjo antes de su muerte. No
concurrieron al acuerdo Luis Noboa Pontón, Diana Noboa Pontón
de Quintana y María Leonor Noboa Pontón.

Ahora Luis Noboa Pontón, a través de sus abogados, Walter
Freire y Luis Rojas, apelan contra declaratoria de validez del
testamento argumentando que la sentencia "no se compadece ni
con la Ley ni con los méritos del proceso, toda vez que no se
cumple el artículo 1085 del Código Civil", por lo que
solicitan "se declare nulo lo actuado".

Desde 1995, Luis Noboa Pontón posee un poder especial otorgado
por Jay Lussier Sicre, esposo de María Leonor Noboa Pontón,
para que actúe en calidad de apoderado de las dos hijas de
ambos, Cassandra Carmen y Natassia Leonor, ambas menores de
edad. (DIARIO HOY) (P. 5-A)
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