Análisis de HOY
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Más prórrogas ha puesto la Asamblea en los plazos impuestos por el mismo órgano legislativo para la aprobación del paquete de leyes, derivado de la aprobación de la Constitución de Montecristi con los votos en plancha del oficialismo de AP y ratificada en las urnas por cerca del 64% de los votos de los ecuatorianos.
Las prórrogas han sido solicitadas por las mismas comisiones, en algunos casos porque argumentan que falta la socialización de los proyectos antes de enviarlos al debate en el pleno, como en el caso de las leyes de Aguas, del Deporte y de Cultura, que han recibido fuertes críticas por parte de los sectores, organizaciones e instituciones a las que afectan, por considerarlas centralistas, que aglutinan todo bajo el control del Ejecutivo.
La Asamblea Constituyente se instaló en Montecristi, impulsada por el oficialismo, centrada en una campaña con una fuerte crítica a la partidocracia, que había dominado el Congreso. Tanta fue la aversión a la historia del Congreso que el nuevo órgano legislativo cambió de nombre para pasar a llamarse Asamblea Nacional, como ocurrió en Venezuela, el aliado político de este Gobierno.
Los nombres, al igual que la estructura del Estado, cambiaron en la forma, porque en la práctica casi todo sigue igual.
La primera transitoria de la Carta Política establecía octubre de 2009 como fecha tope para la aprobación de 11 leyes que darían viabilidad a la nueva Constitución; pero, llegado ese plazo, el oficialismo se dio cuenta de que no sería tan fácil hacer lo que hicieron en Montecristi. AP ya había perdido gran parte del capital político cosechado con las críticas a la partidocracia, y eso se vio reflejado en la integración de la nueva Asamblea, luego de la breve historia del "congresillo", llamado así popularmente a la Asamblea Constituyente que se prorrogó en funciones para concretar una de sus obras cumbres: el cambio de los jueces de la Corte Suprema de Justicia mediante un novedoso sorteo, repudiado por los magistrados que habían sido seleccionados en un proceso, que tuvo vigilancia internacional.
Fue ese "congresillo" dominado por el oficialismo de AP, el que dio vida a la actual Corte y ratificó en sus funciones al fiscal general de la Nación y a la Corte Constitucional, que según la nueva Carta Magna debía convertirse en el órgano supremo del Estado y en el guardián de los aprobado en Montecristi, pero que ha devenido en una función de segundo orden, con menos importancia incluso que el Tribunal Constitucional, y que nada sustancial para la vida democrática del país ha resuelto hasta la fecha. En fin, resulta ahora que la Asamblea dominada por AP ni siquiera ha podido cumplir sus propias promesas y plazos. ¡Prohibido olvidar!
Hora GMT: 02/Febrero/2010 - 05:10
