Opinión de HOY
Casi todas las semanas del año se registran graves accidentes de tránsito con buses de transporte colectivo, que dejan numerosos muertos y heridos y cuantiosas pérdidas materiales. Acontecen con tanta frecuencia que al escándalo y la indignación que normalmente deberÃan provocar parece que les ha reemplazado la indiferencia.
En los dos choques de transportes colectivo el último viernes en las vÃas de las provincias de Pichincha y del Guayas fallecieron seis personas y más de 30 sufrieron heridas. Cuando viajaba a 100 km por hora, un bus de transporte de pasajeros perdió los frenos y se impactó contra un árbol frente al Fuerte Militar Atahualpa en la vÃa a Machachi. Y otro chocó con una furgoneta en la ruta Palestina-Santa LucÃa.
Más de 3 500 personas mueren cada año en accidentes en las calles y carreteras. Ni el endurecimiento de la sanciones por las infracciones en la nueva Ley de Tránsito, que comprende multas, pérdidas de puntos en las licencias de manejo y hasta cárcel, han surtido efecto para reducir el número de muertos y heridos en los accidentes. Un alto número de ellos se produce en el transporte colectivo. Las acciones preventivas deben dirigirse de forma más sistemática y rigurosa al control de este servicio público: en primer lugar, a garantizar la idoneidad profesional de los conductores a quienes se confÃa el transporte de pasajeros; en segundo, a la vigilancia de las condiciones laborales de las choferes en las empresas y, por supuesto, al control periódico del estado mecánico de los vehÃculos y, en las carreteras, al control de la velocidad y que no excedan el número de pasajeros para el que están autorizados. Al parecer, las vinculaciones e intereses cruzados entre los gremios de transportistas y los estamentos polÃticos se interponen para las rigurosas acciones de control que deberÃan ser eficaces para prevenir las pérdidas de vidas humanas, y tantos heridos y discapacitados como consecuencia de los accidentes de tránsito.
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