Por Francisco Rosales Ramos
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El régimen tributario "promoverá la distribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios .", dispone el artículo 300 de la Constitución de Montecristi. La Carta Política es la ley fundamental a la que deben someterse las leyes secundarias. La tercera reforma tributaria que se aprobará en estos 32 meses de Gobierno, entre otras normas, prevé el incremento del impuesto a la salida de capitales del 1% al 2% (recuérdese que se creó con una tasa del 0,5% a transferencias que no fuesen importaciones); y la inclusión en la renta global de los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros residentes en el país, de los dividendos entregados por sociedades ecuatorianas.
En primer lugar, es inaudito que en un momento de contracción económica se aumenten impuestos. Pero hay más.
Evidentemente uno y otro impuesto no contribuirán a generar puestos de trabajo y a incrementar la producción de bienes y servicios. Por el contrario, van en contravía de la norma constitucional transcrita.
Más allá de que una reforma tributaria cada diez meses denote una extrema inestabilidad en leyes de tanta trascendencia para la vida empresarial, aumentar en el 100% la tasa del impuesto a la salida de divisas y penalizar a los accionistas ecuatorianos es una aberración cuyo resultado final será contraer aún más la raquítica inversión privada, aumentar los costos de las empresas, los precios de los productos y servicios, y asestar la puñalada definitiva al incipiente mercado de acciones.
Cuando se creó el impuesto a la salida de capitales se sostuvo que su propósito era lograr que los ahorros se queden en el Ecuador y contribuyan a su desarrollo.
Por eso se exceptuaron de este impuesto los pagos por importaciones, pues no se trata de fuga de capitales sino de compra de maquinarias, materias primas y otros bienes requeridos por los consumidores. Los argumentos respecto a los efectos contraproducentes del impuesto frente a la finalidad propuesta fueron desoídos y, más bien, por la sed insaciable de ingresos para sostener un enorme gasto público, se extendió el impuesto a todo pago al exterior y se duplicó su tasa del 0,5 al 1%. Ahora, como la sed arrecia, se vuelve a duplicar la tasa del impuesto al 2%. La nueva tasa, solamente sobre las importaciones, generará en el año 2010 alrededor de $300 millones. Y no detendrá la salida de capitales. Más bien la acentuará.
Incluir los dividendos entregados por sociedades ecuatorianas a las personas físicas residentes en el Ecuador implica, en primer término, ubicarlas en posición de desventaja frente a quienes residen fuera, puesto que los primeros pagarán un impuesto de hasta el 35% (10 puntos porcentuales adicionales al impuesto pagado por la sociedad), mientras los segundos recibirán los mismos dividendos sin descuento alguno. Y se desalentará todavía más la inversión en acciones, el mercado de valores y la democratización del capital, al eliminarse el tratamiento actual.
Hora GMT: 14/Septiembre/2009 - 05:10
