Observatorio ciudadano denuncia contaminación de ríos y esteros por más de 1 000 industrias.
El Observatorio ciudadano de servicios públicos denunció ayer con videos y documentación que 1.080 industrias contaminan los ríos y esteros de Guayaquil, al arrojar sus desechos tóxicos directamente al alcantarillado sanitario y pluvial sin el debido tratamiento.
Según el estudio realizado por la compañía inglesa Espey Houston Copade, las zonas industriales más grandes, Pascuales e Inmaconsa, son las más críticas pues 200 empresas arrojan residuos a los esteros y canales que confluyen con el río Daule. Las otras se localizan en el perímetro rural y sobrepoblado de la Prosperina y Mapasingue, por cuyos canales llegan las aguas contaminadas a las áreas urbanas de Urdesa y Miraflores.
El candidato a Asambleísta y Presidente del Observatorio, César Cárdenas, informó que estos estudios son los mismos que poseen la Dirección técnica de la Empresa Cantonal de agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Ecapag) y el Municipio de Guayaquil, es decir que son de pleno conocimiento gubernamental.
Cárdenas señala como "responsabilidad compartida" a la acción del Cabildo, por no vigilar el cumplimiento de las ordenanzas ambientales, a Ecapag por no regular y fiscalizar a su concesionaria, y finalmente a Interagua porque no está cumpliendo con el procesamiento de las aguas servidas en la ciudad.
Por este motivo, el próximo viernes realizarán una protesta en los bajos de la Alcaldía para pedir a su titular, Jaime Nebot, que actúe de acuerdo a la Ley de régimen municipal, sobre normas ambientales. También solicitó a Nebot la revisión del contrato de concesión a Interagua una vez que asuma la competencia de Ecapag, debido a las irregularidades que presenta. Los trabajos de Interagua son un impacto comunicacional, porque solo demuestran los trabajos menores como interconexiones y cambio de válvulas, mas no la labor grande y efectiva, denunció el activista.
El asesor jurídico del observatorio, Augusto Parada, indicó que se está analizando la denuncia porque en estos casos no es necesario demandar a una persona, sino plantearla ante la Fiscalía para que a partir de las investigaciones se determine a los responsables. El Código Penal, en su Capítulo de los Delitos ambientales, Artículo 437-B, establece sanciones a quienes perjudiquen o alteren la biodiversidad o los recursos hídricos con orden de prisión.
El Observatorio ciudadano plantea como alternativa la construcción de plantas de tratamiento y lagunas de oxidación para cada empresa, y en especial a Interagua. Lamentablemente, la creación de plantas se define en el contrato luego del primer quinquenio de concesión, explicó. (VKC)
Hora GMT: 19/Julio/2007 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito
