Según el director de Logística del Comando Conjunto de las FFAA, hay en el Ecuador alrededor de 238 000 armas de fuego ilegales. Y las que se hallan en poder de instituciones públicas, empresas particulares de seguridad, bancos, clubes deportivos, coleccionistas son 119 000. Es decir, por cada arma legal se calcula que existen dos armas ilegales. Estos datos fueron revelados en las páginas de HOY el pasado martes.
La creciente tendencia a las armas de fuego en manos particulares se comprueba con el examen de los permisos para portar armas de fuego: 10 años atrás, se extendieron 6 085 de esos permisos; y en el 2005, fueron 25 883. De otro lado, de acuerdo con cifras expuestas por Fernando Carrión, editorialista de HOY e investigador de la Flacso, hay 11 000 armas en poder de la Policía.
Las cifras anteriores al menos señalan, de entrada, dos hechos evidentes: 1. El acelerado incremento de armas de fuego en manos particulares, con los permisos legales o sin ellos; 2. La desproporción entre las armas de fuego en manos de la Policía, que se halla constitucionalmente a cargo de la seguridad interna, y las que se hallan en poder del sector privado.
Al mismo tiempo, los anteriores hechos se dan en el contexto de una creciente preocupación por la inseguridad ciudadana, del incremento de los delitos contra las personas y la propiedad, de la desconfianza en el papel de la Policía para garantizar la seguridad y la proliferación de empresas de seguridad y guardianías privadas.
Los índice de homicidios también han crecido a ritmo tan acelerado como el de las armas de fuego: 20 años atrás, en el Ecuador se registraban 6,4 homicidios por cada 100 000 habitantes; en el 2005, en cambio, se producen 15,7 homicidios por cada 100 000 habitantes. Y seis de cada diez de ellos se realizan con armas de fuego.
No solo azota con más fuerza la ola delictiva, sino los delitos suelen revestir caracteres más violentos. La Fuerza Pública ha emprendido operativos de incautación de armas de fuego. Pero no son suficientes. Los organismos públicos y la sociedad deberían impulsar una gran campaña nacional de desarme. Los sugerencias de Carrión en este estrategia deben tomarse en cuenta: crear incentivos como el canje de armas por dinero, servicios, alimentos, pasajes de transporte público, etc. Mecanismos electrónicos de control de las armas, como el uso de chips para el registro y localización de ellas, pueden ser útiles. Pero la clave se halla, sin duda, en lo que, décadas atrás, el sociólogo e internacionalista Luis Bossano llamó el desarme de las conciencias, tarea que compromete a líderes del país, a los educadores, iglesias, organismos e instituciones, familias y ciudadanos por una cultura de paz y contra la violencia.
Hora GMT: 24/Mayo/2007 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito
