Análisis
Por Eduardo Cadena Dongilio Centro de Estudios y Análisis CCQ
Según el nuevo proyecto de Constitución, el rol del presidente de la República adquiere un peligrosa concentración de poder en el manejo de la economía, ya que la reforma plantea que el Poder Ejecutivo sea juez y parte en la elaboración y ejecución de la Política Fiscal, Monetaria, Tributaria y de Comercio Exterior. Esto no es conveniente a los intereses del país, ya que el Gobierno Central se maneja fuertemente influenciado por decisiones y presiones políticas.
Como en la mayoría de países, las decisiones de manejo de políticas económicas a largo plazo deben ser manejadas por un organismo técnico y aislado de la coyuntura política.
Además, en sus artículos 335 y 336, el proyecto le da absolutos poderes al Gobierno Central, entiéndase presidente de la República, para establecer qué actividad productiva o comercial no cumple con su criterio subjetivo de comercio justo. Es decir, sería el que juzga y decide si las prácticas de alguna empresa están acorde a lo que es justo de acuerdo al criterio de la persona que esté en el poder y tiene total potestad para sancionar a las empresas que compitan deslealmente si así fuera el caso.
Adicionalmente, la reforma constitucional en los artículos 313 y 315 propone que la gestión y manejo de los sectores estratégicos sea de decisión y control exclusivos del Estado, lo que a su vez significa una limitación radical de las actividades del sector privado en este ámbito y propone un Estado administrador con un sinnúmero de empresas públicas muy a pesar de que históricamente se ha demostrado que la concentración de poder económico facilita actos de corrupción y que el Estado es un administrador deficiente.
Hora GMT: 03/Septiembre/2008 - 00:07
