Contrabando en la frontera
Grupos de contrabandistas colombianos contratan a ecuatorianos de El Juncal y El Chota como una fuerza de choque
Los constantes enfrentamientos entre uniformados y afroecuatorianos de El Juncal y del Valle del Chota (Carchi e Imbabura) que custodian millonarios cargamentos de contrabando entre Colombia y Ecuador o viceversa, pone al descubierto un nuevo problema social en la frontera norte.
La lucha contra el contrabando emprendida por el Ejército en las últimas semanas -operativos que provocaron enfrentamientos entre policías y contrabandistas- ha logrado inmovilizar mercadería sin documentos de exportación o importación valorados en $200 mil y $150 mil.
Inteligencia militar ecuatoriana es la encargada de realizar el seguimiento a estas "mafias de contrabandistas" del Valle del Chota, como las denominó el comandante del Batallón Mayor Molina, Juan Villegas.
Y es que habitantes de estas comunidades son reclutadas por redes de contrabandistas que operan en la frontera norte, para que actúen como fuerzas de choque o custodios de millonarios cargamentos de contrabando.
Inteligencia Policial explicó que un grupo de afroecuatorianos viaja en los camiones con el cargamento desde Ipiales (Colombia), armado de palos y machetes, por pasos fronterizos no autorizados. En cambio, otro grupo espera en la Panamericana para bloquear la vía en caso de que haya operativos y capturas.
Villegas sostiene que los operativos se tratan de una "guerra declarada a los defraudadores del fisco", y agregó que pese a las amenazas existentes no darán su brazo a torcer.
Ante la presencia de un mayor número de afroecuatorianos, los operativos ahora se realizan con más de 100 militares y un equipo especial antidisturbios que es el encargado de no permitir el bloqueo de la Panamericana Norte.
De su parte, el comandante de la policía del Carchi, Hernán Mejía explicó que entre 50 y 80 policías son dispuestos para tomar acciones. Mejía considera que el pago de los tributos correspondientes evitaría estos enfrentamientos y malos momentos, que cada vez son más intensos.
Seguridad en frontera se contradice
Los pasos no habilitados en la frontera norte entre Carchi y Nariño son el escenario para el tránsito irregular de combustibles, material de guerra, mercancías, medicinas, ropa, licores y alimentos que abastecen a los grupos irregulares de Colombia.
No obstante, las autoridades de Colombia y Ecuador se contradicen al identificar estos pasos.
La Policía del Carchi insiste que son 23; el director de la Policía Fiscal Aduanera de Ipiales, Jorge Rodríguez, asegura que han identificado 75 trochas. Sin embargo, un sobrevuelo realizado hace pocas semanas por la Policía Antinarcóticos identificó 10 más, es decir que habrían 36 caminos no habilitados (ver gráfico).
En algo que sí coinciden las autoridades de los dos países, es que resulta imposible controlar esos senderos fronterizos, por donde circulan vehículos con todo tipo de contrabando.
Adicionalmente, la Policía Fiscal Aduanera Colombiana denunció que no cesa el paso ilegal de arroz ecuatoriano, combustibles, licores, medicamentos, frutas y otros productos ecuatorianos. (RC)
Se incrementan organizaciones delictivas
El comandante del Batallón Mayor Galo Molina de Tulcán, Juan Villegas, hace tres meses advirtió que los grupos delictivos: Águilas Negras y Los Rastrojos conformados por ex milicianos y ex paramilitares tienen influencia ahora en poblaciones fronterizas ecuatorianas.
Los habitantes de las riberas de los ríos Mira, Nulpe y Mataje, frente a Tobar Donoso (Carchi) y otras poblaciones de Esmeraldas, hablan también de la aparición de una nueva banda denominada Los Zorros, que amenazó a doce mil familias campesinas del área rural de Tumaco, hasta obligar, a muchas de ellas, a su desplazamiento. Villegas anotó que las denuncias de los moradores podrían ser positivas, por lo que anunció una ofensiva militar en la zona para capturar a los presuntos guerrilleros que por la fuerza estarían tomándose zonas ecuatorianas. (RC)
Irregulares amenazan a moradores
Habitantes de la fronteriza parroquia Tobar Donoso (Carchi), denuncian la presencia de presuntos guerrilleros de las FARC dedicados a la explotación de minerales en ese sector.
Según los afectados, estos grupos los amenazaron de muerte y les obligaron a abandonar la comunidad, con el propósito de que la zona sea liberada para el desarrollo irregular de labores mineras.
La denuncia fue interpuesta por la comunidad ante el gobernador del Carchi, Efrén Benavides, quien señaló que un grupo de investigadores adelantan las respectivas averiguaciones, que de ser ciertas, serán informadas al Gobierno Nacional para implementar medidas de seguridad. (RC)
26/Abril/2009 a las 12:15
Si son públicas y notorias las acciones de terroristas y delincuentes en contra de la comunidad de la frontera Norte del pais,la Gobernación tiene facultades y debe contar con instrucciones del Gobierno Nacional, para mantener permamentemente organizadas medidas de seguridad, con las que protejan la libertad,la vida y bienes de la sociedad. La Autoridad no puede abstenerse con indolencia y dilaciones, para el amparo de una comunidad, asolada por los crímenes y la delinccuencia, por las incursiones de terroristas, de pandilleros o facciones ilícitas de cuanquier orden. Dudar de las denuncias de una comunidad que diariamente sufre el asedio y perpetracion de crímenes, es negligencia e. irresponsabilidad