Por Claudio Mena Villamar
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Es necesario reflexionar en torno a la acción tomada en Guayaquil por su alcalde Jaime Nebot para sensibilizar al Gobierno sobre la situación (especialmente sobre el reparto financiero que recibe el cantón) y exigir cambios en la política que afectan al desarrollo de ese importante sector de la patria. La manifestación, preparada y dirigida por el alcalde, llenó el más grande espacio público de la ciudad, y no se puede disminuir su importancia. El discurso del alcalde fue una confrontación política con el Gobierno, con lo cual superó la simple intención de lograr un aumento en las rentas, bajo el supuesto de que no se le entrega lo que corresponde a este sector para cubrir sus necesidades y su desarrollo.
Si queremos escrutar las intenciones profundas de Nebot por medio de ese acto de masas, aparece la antigua aspiración de lograr para el cantón del Guayas una nueva política fundamentada en una descentralización que permita un desarrollo endógeno con cierta independencia del Gobierno central. El ataque a la política "centralista" tiene su historia y ha sido materia de una continua discordia teórica. La bandera del anticentralismo ha sido agitada principalmente por Guayaquil, y es necesario tomar en cuenta los puntos en los que se fundamenta.
Es preciso, entonces, llevar a la práctica los mandatos de la Constitución vigente. A partir del artículo 100, que trata sobre la "participación en los diferentes niveles de Gobierno", se ordena que, "en todos los niveles de Gobierno, se formarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del Régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de Gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos
". La participación debe cumplirse mediante acciones concretas mencionadas por la Constitución, esto es: "Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía, mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo, elaborar presupuestos participativos de los gobiernos, etc.".
La Constitución, como puede observarse en los artículos arriba referidos, propicia un Régimen participativo, en el cual deben tomarse en cuenta las necesidades, los requerimientos, la planificación y las necesidades regionales con la participación de los gobiernos sectoriales. No debe olvidarse que el primer objetivo de la política económica del Estado es "asegurar una adecuada distribución de ingresos y de la riqueza nacional" (art. 284). Por último, un instrumento importante es la planificación "participativa" y descentralizada que debe cumplirse para el desarrollo (art. 279), así como el funcionamiento de los consejos de planificación en los gobiernos autónomos descentralizados
El problema de "Guayaquil independiente" se debe solucionar con los aspectos que se han revisado en la Constitución, pues ella consagra las autonomías regionales. Por otro lado, es obvio considerar que esas autonomías tienen que estar armonizadas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, expresamente establecido en el artículo 280 de la Constitución vigente.
Hora GMT: 19/Febrero/2010 - 05:10
