Los nuevos rostros para la Judicatura con aire oficialista

El concurso está a cargo del consejo de participación ciudadana

Los candidatos que encabezan las ternas son cercanos al Gobierno y han desempeñado altos cargos

Por la corte

Gustavo Jalkh (foto),   Marco Antonio Maldonado y Gladys  Terán Sierra integran la terna.

Por la Fiscalía

Tania Arias (foto) , Rosa Elena Jiménez e Irene Pesántez son las postulantes.

Por la defensoría

Néstor  Arbito (foto),  María Patlova  Guerra  y  América Dávalos son los candidatos.

Por el Ejecutivo

Paulo Rodríguez (foto),  Glenda Calvas y Alejandro Subía integran esta lista.

Por la asamblea

Ana Karina Peralta (foto),  Carlos Delgado y Zaida Romero son de esta terna.

La integración del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) tomará varias semanas. Una vez que fueron remitidas las cinco ternas, los organismos proponentes deberán notificar a sus candidatos para que envíen en cinco días la documentación respectiva al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) .

Según se conoció, hasta el momento, los candidatos propuestos por la Fiscalía ya fueron notificados, por lo que el plazo para ellos está corriendo.

Las ternas fueron enviadas desde fines de octubre hasta este martes. La integran, por la Corte Nacional de Justicia: Gustavo Jalkh, Marco Maldonado y Gladys Terán, en reemplazo de Lucy Blacio Pereira, quien se excusó; por el Ejecutivo: Paulo Rodríguez, Glenda Calvas y Alejandro Subía; por la Fiscalía: Tania Arias, Elena Jiménez e Irene Pesántez; por la Defensoría Pública: Néstor Arbito, María Patlova Guerra y América Dávalos, y por la Asamblea: Ana Karina Peralta, Carlos Delgado y Zaida Romero.

Los aspirantes a las cinco vacantes, por lo menos los primeros de las ternas, están vinculados al Gobierno y cuatro de ellos son abogados. Esos son los caso de Jalkh, quien fue hasta el lunes secretario particular del presidente Correa; Arias, quien es actual vocal del Consejo de la Judicatura de Transición; Arbito, exministro de Justicia al inicio del régimen; y Peralta, quien en esa misma época se desempeñó como viceministra de Justicia. Rodríguez, que es ingeniero, es también vocal de la Judicatura de Transición.

Según el art. 180 de la Constitución, los vocales de la Judicatura serán profesionales en derecho y fines a las áreas de administración, economía, gestión y otras afines. Llos candidatos de la terna remitida por el Ejecutivo, en la que están dos ingenieros y una economista, no tendría problema.

De acuerdo al art. 179 reformado de la Constitución, ese organismo estará integrado por cinco delegados y sus respectivos suplentes. Lo presidirá el delegado que sea escogido por la Corte Nacional de Justicia. Durarán seis años en sus funciones y presentarán anualmente su informe de labores a la Asamblea. El Legislativo podrá fiscalizar y juzgar a sus miembros.

La veeduría respectiva para este proceso está integrada por 77 personas, quienes recibieron capacitación y su respectiva acreditación el 20 de octubre.

El CPCCS, para esta designación, emitió un reglamento. Ahí se establece que la designación de los delegados del Consejo de la Judicatura deberán cumplir con tres requisitos: ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos; tener título de tercer nivel en Derecho o en las ramas académicas afines a las funciones del Consejo, y haber ejercido con probidad e idoneidad la profesión o la docencia universitaria en Derecho o en las materias afines a las funciones propias del Consejo por un lapso mínimo de 10 años.

Por lo pronto, los 15 candidatos deberán entregrar originales y copias certificadas o notariadas de su hoja de vida, con especificación de correo electrónico para notificaciones; copia notariada a color de su cédula de ciudadanía y certificado de votación del último proceso lectoral; copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel.

Además, documentación certificada o notariada que acredite la experiencia profesional, ejercicio de la judicatura o docencia universitaria por el lapso mínimo de 10 años. En el caso de docencia universitaria, el certificado será otorgado por un centro de educación superior.

Y declaración juramentada que acredite que no está incurso en ninguna de las inhabilidades como tener sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad, hallarse en interdicción judicial, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta, mantener contratos de concesión con el Estado, no adeudar al Servicio de Rentas Internas, no estar en mora con el IESS, no deber pensiones alimenticias entre otros.

La documentación debe ser remitida en la Secretaría General del CPCCS. (SL)