MADRID.- Los inmigrantes en España podrán acogerse al plan de retorno voluntario del gobierno español a partir de "finales de octubre, primeros de noviembre", anunció hoy el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.
El plan, aprobado este viernes en Consejo de Ministros, "será efectivo a finales de octubre, primeros de noviembre" después de finalizar diversos procesos de informes y consultas, añadió.
El programa de retorno planteado por el Gobierno "tiene carácter voluntario y se podrán acoger a él aquellos ciudadanas o ciudadanos que lo deseen o que crean que les puede beneficiar", afirmó Corbacho en la rueda de prensa posterior al semanal Consejo de Ministros.
El ministro precisó que los inmigrantes que pueden acogerse a este plan han de "ser extracomunitarios y pertenecer a un país de origen que a su vez tenga convenio con la Seguridad Social española".
La vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, recordó que se trata de un plan y "un derecho al que se pueden acoger los trabajadores de los 19 países con los que España tiene ya suscritos convenios bilaterales en materia de Seguridad Social".
Aunque también se puede extender a "aquellos otros países que cuenten con mecanismos de protección similar", añadió De la Vega, sin detallar los Estados en cuestión.
Este plan que aplicará próximamente el gobierno prevé que los inmigrantes que regresen a su país puedan cobrar en dos plazos el subsidio por desempleo que les corresponda por su trabajo en España: el primero del 40% del total y el segundo del 60% un mes después de que hayan regresado a su país.
No obstante, los inmigrantes que se acojan al plan tendrán que asumir "el compromiso de no volver a España en el plazo de 3 años", aunque pasado ese tiempo podrán regresar manteniendo todos los derechos que hubieran consolidado anteriormente, afirmó Corbacho.
El ministro explicó que, de esta manera, un inmigrante al que sólo le faltara un año para nacionalizarse y se acogiera al plan podría volver a los tres años, y pasado el año podría obtener la nacionalidad.
El objetivo es que el inmigrante "no pierda ninguno de los derechos que había consolidado", según Corbacho.
El nuevo plan es consecuencia de la crisis económica que afecta a España tras varios años de bonanza, que había contribuido a la explosión de la inmigración desde hace unos diez años, pasando de 500 mil inmigrantes en 1996 a 5,22 millones (de ellos 2,2 millones de extracomunitarios, la mayoría latinoamericanos) para una población total de 45 millones de personas.
La crisis ha llevado a un aumento del paro, de manera que en agosto los desempleados ascendieron a 2 530 001, es decir el 10,5% de la población activa. El aumento es de bastante más de medio millón de personas sin trabajo respecto al segundo trimestre de 2007, cuando los desempleados eran 1,76 millones.
La desaceleración afecta más a los inmigrantes: en el segundo trimestre de 2008, la tasa de desempleo fue del 9,34% para los españoles frente al 16,46% de los extranjeros. (AFP)
Hora GMT: 19/Septiembre/2008 - 14:28
