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Dos son los temas que preocupan a los miembros de la Policía: la crisis en los organismos de Inteligencia y la creación de un seguro universal que manejará los ahorros que están depositados en el Instituto de Seguridad Social institucional.
Mientras la cúpula y el comandante, Jaime Hurtado, guardan silencio sobre la suerte de los integrantes y ex jefes de la Unidad de Investigaciones Especiales (Uies) y de la Unidad Antitrata de Personas (Coac), oficiales consultados por BLANCO Y NEGRO revelan que hay dos posiciones dentro de la institución.
La primera, que es la más cercana al mando y a las disposiciones del Gobierno, señala que era necesario sentar un precedente para que las unidades no "entreguen información" a funcionarios extranjeros. En esta línea también están quienes opinan que se creó una casta policial dentro de la institución y que, por ser parte de ella, tenían un sueldo adicional, carro a la puerta, cursos en el exterior...
La segunda, en cambio, denuncia una "cacería de brujas" con miras a detener la investigación de los procesos que se abrieron tras los operativos "Huracán Verde" y "Huracán de la Frontera", que investigan los lazos del ex subsecretario de Asuntos Políticos José I. Chauvin con los hermanos Ostaiza, acusados de narcotráfico.
De ahí que opinan que el mayor Manuel Silva, el oficial con las mejores calificaciones de su promoción, será el chivo expiatorio, dado que fue sometido a un proceso de revisión de su conducta, bajo acusaciones de entregar información a la Embajada de los Estados Unidos, lo cual no ha sido comprobado.
A este malestar se suma la incertidumbre sobre cómo se reemplazará el apoyo que recibían la Uies y la Coac -que son parte de la Dirección General de Inteligencia (DGI)- por parte los EEUU.
Según los ministros de Gobierno, Gustavo Jalkh, y de Seguridad, Miguel Carvajal, el Régimen reemplazará la logística de esas dos unidades. De hecho, el director de la DGI, Jaime Vaca, dice que el mobiliario, los vehículos, los celulares y las computadoras serán financiadas con el presupuesto de esa dirección. Y agrega que el cambio en la Jefatura de la Coac estaba previsto, pues se debía rotar al personal.
Sin embargo, los policías, quienes pidieron no ser identificados, insisten en que la Uies y la Coac están "desmanteladas", y que "ya se dan problemas como el que no hay dinero para combustible o para cumplir con las órdenes dadas, y ponemos plata de nuestros bolsillos".
Pero la otra fuente de malestar, que es más perceptible en los policías que llevan más de 20 años en la institución, es por la política que el Gobierno ha implementado en cuanto a la seguridad social. Sargentos que podían jubilarse a los 20 años de servicio y tener entre $30 mil y $35 mil en sus fondos de retiro, ahora se retirarían a los 25 años y recibirían $25 mil.
Esto relega a segundo plano el que los policías puedan participar en las elecciones por primera vez. Algunos oficiales piensan que, aunque el Gobierno confió en que obtendría los votos de ellos y de sus familiares (que estiman en 200 mil), dadas las condiciones y la politización reinantes, muchos no están satisfechos con la "democratización" de los miembros de la fuerza pública.
De ahí que prefieren volver a su papel de ayudar a mantener el orden en el proceso de elecciones. (MP)
"Compra mandos"
"compra militares con ropa y equipo, corrompe a los mandos para lograr fidelidad y uno entrega la petrolera... Si juntas a 200 o 300 de alto rango, serán indestructibles".
Es un fragmento de la "Carta de Fidel a Hugo" de la web que circula como un pasquín entre la fuerza pública. Oficiales activos creen que existe la "versión criolla" de esa "receta".
El contenido de la "Carta de Fidel a Hugo" ha generado comentarios y agudos debates en el interior de los repartos. Pero pocos se atreven a comentarlo.
Entre estos, hay criterios divididos. Unos creen que en efecto hay evidencias de que se aplican las recetas en las filas. Otros califican ese documento de insidioso.
Los primeros se encasillan con una línea crítica del mando. Para ese sector, la realidad está en el segundo nivel -de tres que habla la Carta- para afirmar el control político.
En ese nivel, se sugiere la formación de comités de defensa de la revolución, de ellos "coger a los más agresivos para formar fuerzas de choque", bajo el sello "bolivariano".
Esta insinuación habría movilizado pesquisas de voluntarios respecto a las actividades que realizan grupos de extranjeros en el país, entre ellos de ciudadanos cubanos.
También se habla de la factura sindical, los gremios paralelos de trabajadores y empresarios, a quienes "se les debe estigmatizar como golpistas". Por último, la compra o cierre de medios.
