Los 342 mil sospechosos

Las personas que tengan un carnet de discapacidad se convierten en sospechosos de haberlo obtenido de manera fraudulenta

César Coronel Garcés

ccoronelg@hoy.com.ec

Hace varias semanas celebraba en este espacio la aprobación en la Asamblea de la nueva Ley de Discapacidad, texto que fue remitido al Ejecutivo para su aprobación final. El presidente Correa devolvió el proyecto de ley a la Asamblea con varias observaciones, vetando algunos artículos. La Asamblea aceptó todos los cambios propuestos por Presidencia, lo cual implicó también la modificación de una disposición transitoria que -en mi opinión- es un peligroso absurdo.

Al haberse modificado esta norma transitoria, por disposición del presidente Correa y los asambleístas de Alianza País, más de 342 mil personas con discapacidad en Ecuador perderán los beneficios que la ley les confiere si no "prueban" su discapacidad en un año. Es decir, todas las personas que tengan un carnet de discapacidad se convierten en sospechosos de haberlo obtenido de manera fraudulenta y deben acudir ante las autoridades, pasar todo un proceso burocrático, una nueva evaluación médica y solicitar que los vuelvan a calificar como personas con discapacidad.

¿Hay personas que consiguieron el carnet de manera fraudulenta? Puede ser. Pero no pueden pagar justos por pecadores. Quienes tienen discapacidad real se les hará imposible la recalificación por los inconvenientes que el proceso implica. Para una persona con discapacidad la burocracia puede ser mortal. La burocracia y la discapacidad no son una buena mezcla.

¿Cuál debió ser la solución para contrarrestar el supuesto fraude que existe en muchos carnets entregados? La misma ley en su artículo 10 ya establecía una propuesta de solución: una auditoría para revisar los casos de entrega fraudulenta o injusta del carnet. En el Conadis por cada carnet entregado hay una historia médica donde consta la evaluación que se debió hacer. En el proceso de auditoría, deben revisar cada historia médica y comparar con el porcentaje de discapacidad que fue establecido en el carnet. Si existe incoherencia con el diagnóstico, se notifica a la persona para proceder con la recalificación o anulación definitiva del registro. Es mejor revisar internamente y llamar a recalificación en esos casos específicos y no anular a todos del registro. No era necesario hacer borrón y cuenta nueva para todas las personas con discapacidad. Si se entregaron carnets con información adulterada, eso es responsabilidad de los funcionarios del Gobierno que los procesaron y aprobaron. Estas personas deben ser sancionadas a nivel administrativo y penal, pero por estos actos de corrupción no podemos someter a todas las personas con discapacidad a este calvario.

Además, todas las personas que fueron recientemente calificadas por el programa "Manuela Espejo", lo cual implicó una gran movilización de recursos y egreso de dinero público, ¿también deben ser sometidas a la recalificación? Espero que el vicepresidente Lenin Moreno también eleve su voz de protesta y defienda lo que ha hecho su misión.

Me sumo a la protesta que ha emprendido la asambleísta María Cristina Kronfle y también digo no a la recalificación indiscriminada que convierte a 342 mil ecuatorianos en sospechosos de haber obtenido de manera fraudulenta su carnet. ¿Esto también era parte de la "revolución de las discapacidades"?

 

Autor: César Coronel - ccoronelg@hoy.com.ec Ciudad Quito