Por Ernesto Albán Gómez
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Voceros oficiales y oficiosos del Gobierno han insistido en que no se politice el "caso Chauvin", que se lo mantenga en el ámbito estrictamente judicial y que se esté finalmente a lo que resuelvan los jueces. En principio, qué duda cabe, la Justicia y la política deben situarse lo más lejos posible una de otra. Nada más antidemocrático y perverso que poner a la Justicia al servicio de la política. Por desgracia, la experiencia histórica nos demuestra que tal cosa ha sucedido en innumerables ocasiones. Con inusitada frecuencia, encontramos casos de manipulación de procesos judiciales para perseguir a quienes se oponen a un régimen, acusándoles de cualquier cosa, desde ofensas a la majestad del gobernante o del pago de una deuda ilegítima, hasta de terrorismo o violación de menores. Pero el sinuoso mecanismo de presionar a los jueces también sirve para obtener resoluciones indebidas en otras materias. En todos estos casos, la Justicia resulta seriamente lesionada. Si en un Estado se detectan tales síntomas, es que la democracia está viviendo una situación crítica.
Pero es inevitable que la divulgación de ciertos hechos censurables, en los que aparecen involucrados funcionarios públicos, no solo afecte a tales funcionarios, sino también a quienes los han auspiciado o promovido desde niveles más altos del poder, y al propio Gobierno. Y si esos hechos, por su naturaleza, provocan el inicio de una investigación de carácter penal y eventualmente desembocan en un juicio, el efecto es evidentemente muy grave. En tal caso, el asunto no se queda exclusivamente en el ámbito judicial y desemboca en el campo político. También la experiencia universal, antigua y reciente, está llena de tales ejemplos. Acaba de ocurrir con el ex gobernador del estado norteamericano de Illinois. Y, producida la revelación y el escándalo consiguiente, es imposible predecir cuáles serán sus consecuencias, tanto más demoledoras cuanto más próximos estén los hechos a la cabeza del poder.
No es nada fácil el manejo de estos casos. Cualquier Gobierno aspiraría a que no se produzcan y, si se producen, a que se mantengan ocultos, a que no estallen, pues son presumibles los daños que pueden causar. Pero si estallan, como sucede muchas veces, la cuerda se rompe por algún lado. Casi siempre por el lado más débil.
Es revelador lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país. El escándalo, con sus agravantes (narcotráfico y guerrilla) ha surgido en las propias entrañas oficiales. Inclusive, el mismo imputado ha declarado que se trata de una "operación de alto nivel", puesta en marcha, se entiende, dentro del Gobierno para desprestigiar a un sector de su propio entorno. El Gobierno ha tratado de curarse en salud acusando a la Policía de ineficacia y eliminado la candidatura de un ex ministro. Y ha pedido que no se politice el caso. Habrá que ver si tales acciones son suficientes para impedir la contaminación. O hasta dónde podrá llegar.
Lo que está por verse es de qué sofisticada argumentación se valdrá el presidente para echar la culpa de este enredo a la prensa, como ha sido su inveterada costumbre.
Hora GMT: 08/Febrero/2009 - 05:11
