Libre expresión, 'en riesgo'

Human Rights Watch

La ONG dice que los poderes obtenidos por el presidente Correa pueden lesionar la libertad de expresión y la independencia judicial

El Ecuador mantiene vigentes leyes que coartan la libertad de expresión, una problemática que podría ahondarse con nuevas normas impulsadas por el presidente Rafael Correa en un contexto de enfrentamiento con un sector de la prensa, señala el informe anual de Human Rights Watch (HRW), hecho público ayer en El Cairo.

"Las leyes penales de difamación que restringen la libertad de expresión siguen en vigor y Correa las ha utilizado en varias ocasiones contra sus críticos", indica el reporte de la ONG de derechos humanos.

HRW sostuvo también que a ello se suma un proyecto de ley de comunicación, presentado por el oficialismo de izquierda a la Asamblea, algunos de cuyos artículos "podrían abrir la puerta a la censura de los medios".

Dicha iniciativa, aprobada vía referendo en mayo de 2011, propone un consejo que sancione la difusión de contenidos violentos, discriminatorios o explícitamente sexuales, lo que HRW considera "términos vagos" que podrían "conducir fácilmente" a castigar a los "medios críticos" del Gobierno Nacional.

El informe sostiene que bajo la actual legislación, los periodistas pueden enfrentar penas de hasta dos años de cárcel por desacato (irrespeto a la autoridad), y cita un documento de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), según el cual cinco reporteros fueron condenados por difamación desde 2008, mientras que otros 18 enfrentan cargos similares.

HRW menciona en particular el caso del diario El Universo, cuyos tres directivos y el periodista Emilio Palacio fueron condenados a tres años de cárcel y al pago de $40 millones a Correa, que los demandó como ciudadano común por injurias calumniosas.

Una audiencia de casación tendrá lugar mañana por ese juicio, interpuesto a raíz de una columna en la que Palacio llama a Correa dictador y le advierte que podría ser procesado por crímenes de lesa humanidad.

"El presidente Correa con frecuencia reprende periodistas y medios de comunicación que lo critican y ha llevado personalmente a los periodistas a la corte por supuestamente difamarlo", sostiene la organización.

HRW también asegura que las reformas aprobadas en el referendo de 2011 "podrían incrementar el poder del Gobierno para constreñir a los medios e influenciar el despido de jueces", en el marco de una reestructuración del sistema judicial que hasta el año pasado tenía represadas 1,2 millones de causas.

Este vigésimo segundo informe mundial anual es un resumen de las condiciones de derechos humanos en más de 90 países y territorios de todo el mundo ocurridos durante el 2011.

Refleja, entre otras cosas, el trabajo de investigación que el personal de HRW ha llevado a cabo durante el año, a menudo en estrecha colaboración con activistas de derechos humanos nacionales.

El informe, de 676 páginas, hace un llamado adicional a los gobiernos para que expresen su apoyo a las personas de Oriente Medio y África del Norte que reclaman sus derechos fundamentales y trabajo para asegurar la transición a democracias genuinas. "Esa sería la manera más efectiva de ejercer presión para que los autócratas de la esa región pongan fin a los abusos y refuercen las libertades básicas". (AFP-Human Rights Watch)

Venezuela: discrimen por mostrar opinión de oposición

Según el informe de Human Rights Watch (HRW), el Gobierno venezolano ha discriminado a medios de comunicación que difunden la opinión de opositores políticos, ha reforzado la capacidad del Estado de limitar la libertad de expresión y ha creado poderosos incentivos para que los críticos del Gobierno se autocensuren.

Entre las leyes que habrían contribuido al clima de autocensura, se señalan las reformas de 2005 al Código Penal, que ampliaron el alcance de las leyes de desacato que penalizan las expresiones que se consideran ofensivas para funcionarios de alto rango, y una ley de radio y televisión que permite la suspensión arbitraria de canales por cometer el delito de "incitación", definido de manera sumamente vaga. En diciembre de 2010, la Asamblea Nacional amplió el alcance de la ley de radio y televisión e incluyó a Internet. También reformó la ley de telecomunicaciones, que ahora reconoce al gobierno la facultad de suspender o revocar concesiones a medios privados cuando "lo juzgue conveniente a los intereses de la nación", o cuando fuera necesario para preservar el orden público y la seguridad. El Gobierno abusaría de sus facultades para castigar a quienes son críticos.

En Cuba se reprimen casi todas las formas de disenso político

Cuba mantiene el monopolio de los medios de comunicación en la Isla y se asegura con ello de que prácticamente no exista libertad de expresión. El Gobierno controla todos los medios de comunicación, y el acceso a información proveniente del extranjero es sumamente restringido. Por el acceso limitado a Internet, solo pocos cubanos pueden leer artículos publicados independientemente, señala HRW.

Los periodistas y autores de blogs independientes suelen ser detenidos por períodos breves, sufren persecución por policías y agentes de seguridad del Estado y viven bajo la amenaza de ser encarcelados si continúan con su trabajo.

Numerosos autores de blogs y periodistas independientes han sido también víctimas de campañas de difamación pública, como sucedió en marzo de 2011, cuando en un programa de noticias producido por el Gobierno, que se transmitió masivamente por la televisión pública, se calificó a autores de blogs independientes como "cibermercenarios" e instrumentos "fabricados" por los EEUU para "generar focos de conflictos internos". Cuba sanciona, además, a los medios que se consideran excesivamente críticos del Régimen.

HWR: En México, los asesinatos a los periodistas no cesan

Numerosos periodistas, especialmente aquellos que han realizado investigaciones vinculadas con el narcotráfico o han asumido una actitud crítica frente a las fuerzas de seguridad y las autoridades, han sido víctimas de graves persecuciones y ataques. Entre 2000 y septiembre de 2011, fueron asesinados 74 periodistas, al menos ocho de ellos durante 2011. Si bien muchos de los ataques contra miembros de la prensa ocurridos en 2011 se atribuyeron a la delincuencia organizada, en algunos casos existen evidencias que señalan la posible participación de funcionarios públicos.

HRW observó también una tendencia progresiva a intimidar y atacar a personas que participan en redes sociales. En septiembre de 2011, tres cuerpos mutilados fueron dejados en sitios públicos junto con notas donde se advertía que no se usaran redes sociales como Twitter para denunciar a la delincuencia organizada.

Las autoridades no han conseguido investigar ni juzgar adecuadamente delitos contra la prensa, ni tampoco han protegido a periodistas que están expuestos a graves riesgos, lo cual ha propiciado un clima de impunidad y autocensura. (HRW)

Más información

La ONG cuestiona los cargos de terrorismo contra indígenas envueltos en sabotajes durante protestas contra la minería.

Denuncia también que la impunidad por los abusos policiales continúa "muy extendida".

HRW cuestiona en su informe anual, aparte del Ecuador, a otros países como Bolivia, los EEUU y Honduras.