'Ley mordaza', en Venezuela

Libertad de expresión

A pesar de que existe una ley que regula a los medios, el presidente Chávez propuso una nueva norma para 'delitos mediáticos'

El periodista venezolano Fernando Núñez Noga, autor de varios libros de periodismo tecnológico, aseguró que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, evidenció sus intenciones de controlar los medios de comunicación desde que comenzó su mandato hace una década.

Al inicio, Chávez simplemente daba la orden de trasmitir cadenas nacionales a la hora de los noticieros, "para que los ciudadanos no vean lo que ocurría en determinados eventos", relacionados con la represión gubernamental, explicó Núñez.

Sin embargo, la ofensiva "legal" contra la prensa comenzó el 25 de noviembre de 2004, cuando la Asamblea Nacional (Congreso) aprobó la "Ley de Responsabilidad Social en Televisión y Radio", que fue promulgada por Chávez en diciembre del mismo año.

Para los impulsores de la norma, todos afines al Régimen, con su aplicación se ha logrado mejorar los contenidos en los medios y proteger a los menores de edad de información inapropiada (sexo y violencia). Sin embargo, los comunicadores y la oposición afirman que la ley es el arma que tiene el chavismo para coartar la libertad de expresión y controlar la línea editorial de la prensa.

Lo más criticado de esta normativa se encuentra en el capítulo de las sanciones. En una de sus cláusulas se permite suspender la licencia a aquellos medios que emitan mensajes que "promuevan, hagan apología o inciten a la guerra; al delito; sean discriminatorios; promuevan la intolerancia religiosa o sean contrarios a la seguridad nacional".

También se podrá retirar la concesión a un medio cuando este no "entregue al órgano competente, en el lapso establecido, grabaciones, informaciones o documentos que le sean requeridos".

Esta ley de medios, catalogada por la oposición como "Ley Mordaza", establece un rígido control a la programación. En el artículo 14 se determina que "los prestadores de servicios de radio y televisión deberán difundir un mínimo de tres horas diarias de programas culturales y educativos, informativos y recreativos dirigidos a niños, niñas y adolescentes". Y obliga a que al día la programación contenga "siete horas de programas de producción nacional, de las cuales un mínimo de cuatro horas será de producción nacional independiente".

A pesar de que esta es la normativa que rige en Venezuela, Chávez intentó, a inicios de agosto pasado, complementar su "batalla para regular la prensa" con una nueva ley sobre los delitos mediáticos, pues, según el oficialismo, los medios opositores cometen "terrorismo mediático".

Ese proyecto, que no fue debatido en la Asamblea venezolana, por el momento, contempla penas de cárcel de hasta seis años contra periodistas y dueños de medios que publiquen noticias "falsas", que perjudiquen al Estado, alteren la tranquilidad o causen pánico en la población.

Varios análisis de la prensa venezolana indican que Chávez no ha presionado para que esta norma sea debatida porque en la nueva Ley Orgánica de Educación, promulgada el pasado 15 de agosto, se "camufló" algunos artículos similares a los de la ley de delitos mediáticos.

Así, en el artículo 50 numeral 12 de la Ley de Educación, se prohíbe la publicación de "información que produzca terror en los niños, incite al odio, la agresividad y la indisciplina, y que además atente contra la salud mental y física de la población". La norma también establece la suspensión de las actividades a los infractores. (VET)

Desempleo por cierres

Según la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, con el cierre del primer lote de 32 radios, ordenado por el presidente Chávez, en julio pasado, unas 1 280 personas perdieron sus empleos. Esto, a pesar de que el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, quien es el encargado de ejecutar los cierres, aseguró que "los trabajadores de estas radios no tienen que preocuparse, porque el Gobierno no los va a dejar solos". La incertidumbre aumenta luego que el Régimen anunciara el cierre de 29 estaciones radiales más, lo que dejaría desempleadas a unas 1 164 personas, señala el diario caraqueño El Universal. (CRR)

Alcalde opositor es asesinado en la entrada de su casa

CARACAS. El dirigente democristiano, Lluvane Álvarez, alcalde del municipio Panamericano, en el occidental estado venezolano de Táchira, fronterizo con Colombia, fue asesinado la noche del sábado pasado cuando llegaba a su domicilio.

Álvarez, quien formaba parte del opositor partido Copei, recibió ocho tiros en el rostro, lo que para sus coidearios "se trata de un acto propio de un sicario, ejecutado por encargo". Según varios testigos, el alcalde sostuvo una especie de discusión con un desconocido que lo esperaba en las afueras de su residencia, quien luego le disparó en varias ocasiones, hasta matarlo.

Táchira, estado fronterizo con Colombia, tiene un alto índice de secuestros y asesinatos, y son numerosas las denuncias sobre actividad de grupos guerrilleros y paramilitares en esta región.

Según los dirigentes opositores, el crimen conmocionó a los pobladores de la localidad, pero la noticia pasó casi desapercibida hasta ayer, debido al sismo de escala 6,2 grados de magnitud que afectó a gran parte del territorio venezolano, dejando unas 14 personas heridas y algunos daños materiales.

El secretario general del Copei, Luis Planas, hizo un llamado a las autoridades para que este asesinato no quede impune y al Gobierno central "para que entienda que tiene que cooperar con todos los sectores del país para combatir la inseguridad, porque ahora le tocó a Lluvane, pero mañana puede ser cualquier alcalde, de la oposición o del chavismo". (EFE)

Hora GMT: 14/Septiembre/2009 - 05:06