Análisis
Por Simón Cueva Vicerrector, Universidad de las Américas
La propuesta de tener una ley de Seguridad Financiera parte de una necesidad en el Ecuador. Pese a la crisis de 1999, no tenemos aún un esquema moderno e integral para un manejo ordenado y poco traumático de potenciales problemas financieros. Los pocos casos de instituciones financieras con problemas en estos últimos años han sido manejados con lentitud, faltando soluciones ágiles para evitar que un problema puntual se contagie a otras instituciones. Sin embargo, hay al menos tres aspectos de la ley en los que se debe tener cuidado.
Primero, el tamaño del Fondo de Liquidez seguirá siendo pequeño por un buen tiempo, generando la necesidad de contar con líneas externas de crédito contingente u otros mecanismos de protección. El problema es que la nueva Constitución prohíbe todo endeudamiento público que no sea para proyectos de inversión, limitando la posibilidad de endeudarse para una línea de fortalecimiento financiero.
Segundo, la aparente desconfianza del Gobierno hacia el sector privado lleva a que el sector público controle marcadamente el Fondo de Liquidez y sea el único que pueda convocar sesiones. Una subrepresentación excesiva del sector privado puede implicar una politización del organismo y que los bancos no crean en el sistema y sigan teniendo sus propias reservas de liquidez.
Tercero, el proyecto prevé la anulación de bonos AGD en poder del Banco Central, haciendo que su presupuesto dependa cada vez más de la buena voluntad del Ministerio de Economía, lo que limitaría aún más la ya débil autonomía técnica del Banco Central.
Hora GMT: 06/Noviembre/2008 - 05:01
