Carrillo maneja borrador parcial

La UNP y la oposición piden conocer la normativa para constatar que se acojan sus propuestas y se respeten los acuerdos

La presidenta de la Comisión de Comunicación de la Asamblea, Betty Carrillo (AP), ya cuenta con un proyecto borrador parcial, que deberá ser analizado y votado esta semana. En la normativa, la conformación del Consejo no está incluido.

El lunes de la próxima semana se cumplirán 90 días desde que el Proyecto de Ley de Comunicación superó el primer debate. Ese día vence el plazo para que la Comisión Ocasional de Comunicación, presidida por la oficialista Carrillo, presente el informe para segundo debate, pese a que todavía hay temas pendientes por resolver.

Entre ellos constan la polémica conformación y las atribuciones que tendrá el Consejo de Comunicación. Para la asambleísta y sus coidearios, ese organismo debe tener dos representantes del Ejecutivo, pero la oposición cuestiona esa posibilidad y afirma que aquello violaría el acuerdo "ético político", firmado en diciembre pasado por los jefes de bloque.

Esto, mientras César Montúfar (CND) sostuvo que la regulación de la propaganda oficial y la forma en que se distribuirán equitativamente las frecuencias de radio y televisión son temas que la comisión aún debe resolver durante esta última semana de trabajo. Pero las discrepancias que existen en torno a estos aspectos apuntan a que el 7 de junio habría, al menos, un informe de mayoría y otro de minoría.

Es que en esta ocaasión, la Comisión decidió no aprobar artículos en cada sesión, sino que optó por analizar y discutir los puntos más polémicos del proyecto de ley, para en la última semana votar sobre un borrador que dé la facilidad de corregir los posibles disensos, metodología que genera preocupación entre los legisladores de la oposición, e incluso de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), que la semana pasada exigió conocer el articulado para constatar que "todas sus observaciones hayan sido acogidas en el marco de la Constitución, los tratados internacionales y el acuerdo ético político".

Y a pesar de los pendientes, el viernes pasado recién se conoció que el primer esquema de lo que sería el informe para segundo debate, que sin topar aún los temas antes mencionados, cuenta ya con aproximadamente 90 artículos.

En dicho texto se desarrollan algunos puntos del acuerdo legislativo, como: el ámbito y objeto de la ley; los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios; la cláusula de conciencia; y sanciones para los medios que incumplan la ley. (GM)

Lo que plantea el acuerdo ético en el marco de la comunicación

El acuerdo ético político plantea desarrollar los artículos de la Constitución relacionados con el derecho a la comunicación y el respeto a los tratados internacionales. De ahí que el texto borrador señala que se garantizará el cumplimiento de los derechos a la comunicación que comprenden el derecho a la libertad de expresión, a la información, al acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, y a la democratización de los medios de comunicación social. Determinar los derechos y deberes de los actores vinculados con la comunicación e información, y establecer las acciones afirmativas para el ejercicio de estos derechos. Esta ley regirá para personas, comunidades, colectivos, pueblos y nacionalidades; medios de comunicación públicos, privados y comunitarios; comunicadores sociales, instituciones, actores, políticas y normativas que conforman el Sistema de Comunicación Social.

El Gobierno deberá garantizar la libertad de pensamiento

El segundo punto del acuerdo garantiza la libertad de expresión, sin censura previa y con responsabilidad ulterior de acuerdo con la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Señala también que el Estado garantizará que en todos los niveles del Gobierno se creen mecanismos para preservar y crear espacios públicos que aseguren la expresión del pensamiento y de las opiniones de toda la población. También garantiza el derecho a la réplica a quienes se sientan afectados por informaciones difundidas que sean "inexactas, incontrastadas y que agravien su honra, sin perjuicio de otras acciones judiciales o extrajudiciales, de forma obligatoria (24 horas), inmediata y gratuita, en el mismo espacio y con las mismas características". Salvo de que la publicación o difusión de la información haya sido de exclusiva responsabilidad de terceros y, por ende, se haya advertido oportunamente a la audiencia y lectores.

Regulaciones para los medios privados, públicos y comunitarios

Aunque el acuerdo ético político solo menciona que la regulación a los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios sea desde un enfoque positivo, el texto borrador define a los medios públicos como empresas, que podrán ser de cobertura nacional, regional y local, bajo la administración de los gobiernos autónomos descentralizados (municipios y prefecturas). Aunque faculta también a las universidades y a instituciones públicas a tener un medio público. En tanto, sobre los medios privados y comunitarios, establece que "la cobertura máxima será provincial", cuyas frecuencias se otorgarán mediante un concurso público de ofertas, con una vigencia de 10 años del título habilitante. La coincidencia entre los tres tipos de medios es que podrán acceder a financiamiento privado, a través de la venta de publicidad, producciones y productos, con la salvedad para los medios públicos de que también recibirán fondos del Estado.

Consejo de Comunicación será autónomo e independiente

El cuarto punto del acuerdo legislativo señala que el Consejo de Comunicación e información "será autónomo e independiente del Gobierno y poderes fácticos (…) Tendrá facultades de regulación administrativa, pero no podrá clausurar o suspender administrativamente ningún medio", pero sí podrá suspender programas o mensajes que violen derechos humanos. Sobre los poderes que tendrá dicho Consejo, la Comisión de Comunicación ha tenido problemas para desarrollar este capítulo, pues no hay acuerdos sobre si deben integrarlo delegados del Ejecutivo y representantes de los gremios de periodistas y medios de comunicación. Por ello, el tema no consta dentro del proyecto borrador, el cual solo menciona que dicho organismo será "público, con personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera, cuya finalidad será promover y proteger el pleno ejercicio de los derechos a la comunicación".

Prohibición de concentración de medios, monopolios y oligopolios

Aunque el propósito del sexto punto del acuerdo político era democratizar el acceso a los medios de comunicación y garantizar una distribución equitativa del espectro radioeléctrico, que según los sectores de oposición debería ser de un 33,3%, tanto para medios privados como para los públicos y comunitarios, el proyecto borrador no desarrolla ese principio. No obstante, en los debates dentro de la mesa de comunicación, otros criterios plantean que el porcentaje pase del 33,3% al 25%, por lo que el asambleísta César Montúfar (CND) advirtió que este es otro tema pendiente, y que se deberá agotar esta semana. El documento borrador tan solo señala: "El Estado procurará el acceso equitativo a las plataformas de distribución de contenidos disponibles y la distribución de frecuencias del espectro radioeléctrico para radio y televisión a favor de los medios públicos, privados y comunitarios".

Registro o catastro de medios para transparentar información

El séptimo punto del acuerdo ético político se refiere a la creación de un registro o catastro de medios, como una medida para transparentar y permitir el acceso a la información, sin que de ninguna manera esto constituya una autorización de funcionamiento. Sin embargo, en el proyecto borrador se detalla que las frecuencias para radio y televisión se otorgarán mediante un concurso público de ofertas, para un período de 10 años (a partir de su primera transmisión) y con la posibilidad de renovarla por una solo ocasión, para el mismo período. No obstante, especifica que dicha renovación se efectuará solo si el medio no fue reiteradamente sancionado con faltas graves. Además, se sanciona el testaferrismo dando paso a la caducidad del permiso y la inhabilitación del titular por 10 años. Por otra parte, el proyecto excluye a las nacionalidades indígenas, quienes podrán recibir un título habilitante de forma directa.

La ética y buenas prácticas de los medios de comunicación

Un artículo de esta normativa se refiere a la ética y buenas prácticas de los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, en la producción y difusión de contenidos. Además, exige la difusión, a través de las páginas web, de las políticas editoriales e informativas; la estructura orgánica y la composición accionaria de cada medio de comunicación. Por otra parte, se determina que si un medio promueve violencia, comercio sexual, pornografía infantil, consumo de cigarrillos o sustancias estupefacientes, intolerancia religiosa o política (...), el Consejo de Comunicación, como medida preventiva, podrá suspender esa publicidad, propaganda o programa. También, se obliga a los medios a grabarse y conservar toda su programación hasta por seis meses a partir de la fecha de emisión, con el fin de que sean presentadas ante el fiscal o juez de lo penal, en el caso de ser requeridas, para determinar responsabilidades a que hubiere lugar.

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-Borrador Ley de Comunicación [9496]