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La principal preocupación de los activistas es que la actividad afecte a las fuentes de agua que abastecen a la población y a otras actividades
El sociólogo teodoro bustamante equipara la afectación que causaría la explotación minera a cielo abierto con la de tipo subterráneo
"Alrededor de 32 mil hectáreas de áreas protegidas desaparecerán si se aprueba la Ley Minera", manifestó Carlos Pérez, presidente de la Junta de Aguas del Azuay.
Según Pérez, por ejemplo, por el bosque protector Quimsacocha, ubicado al sur del cantón Cuenca, nacen los ríos Cristal Ridcay, Irquis, Portete, Tarqui, Bermejo y Yanuncay.
En los alrededores del Cóndor viven alrededor de 50 mil habitantes que utilizan el agua para consumo doméstico y para los bebederos de animales; en esa zona, se producen cerca de 250 mil litros diarios de leche que abastecen a las provincias de El Oro, Guayas y Azuay.
Los moradores acusan a Iamgold, minera canadiense, de haber sido "una de las transnacionales más poderosas que afectó carreteras, destruyó pajonales y derramó aceites y grasas".
Supuestamente, una de las ayudas con que cuentan las mineras transnacionales es la compra de conciencias de los presidentes de las juntas parroquiales. "En la parroquia Corralpamba, la (empresa) Iamgold les dio a los miembros de las juntas $10 mil para realizar una capilla, todo para que sigan apoyando la actividad minera", aseguró Pérez.
Por otro lado, en la parroquia de Tenguel (Guayas), Esther Landetta aseguró que en su comunidad "las aguas son de color azul, amarillo y rojo, debido a que las mineras botan su agua sucia a los ríos".
En el Ecuador, la mayor parte de la actividad minera que se lleva a cabo es la de explotación de materiales para la construcción, como la arcilla para la fabricación de baldosas y la de oro, estimada como minería artesanal. La de este tipo se realizaba cerca de Ponce Enríquez, provincia del Azuay, con la minera Liga de Oro, en la que en noviembre del año pasado hubo 35 heridos y un muerto por una explosión de dinamita.
Landetta denunció a las mineras por la fuerte contaminación que causaban a los ríos Siete, Tenguel, Gala y Chico, de los que los habitantes tomaban líquido para realizar sus actividades diarias. Según denunció la activista, al empezar "la lucha antiminera", concesionarios mineros de San Gerardo "amenazaron de muerte a su familia y a ella".
Ante la situación, Esther acudió al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, para solicitar que se realicen monitoreos del agua, habiéndose encontrado la presencia de metales pesados como cobre, mercurio, arsénico y otros que, según los informes, "superan los límites máximos permisibles".
Por su parte, la catedrática universitaria Alexandra Vela explicó que entre las comunidades indígenas y el Gobierno "no se percibe un deseo de diálogo, y el problema es que ni el Ministerio de Energía y Minas ni el presidente de la República consideran que los activistas y los indígenas puedan tener una razón en sus argumentos".
Sin embargo, "el Ecuador necesita desarrollarse, por lo que es necesario que el país pueda explotar sus recursos de la mejor manera, para garantizar la mejora de las condiciones de vida de todos los ecuatorianos", afirmó Vela. (SH)
Objeciones al proyecto
Analistas hablan de contradicciones entre la constitución y la ley, además de afectaciones ambientales y laborales
El grupo Acción Ecológica advierte que el Proyecto de Ley Minera no toma en cuenta el proceso de "consulta previa" que afirman se establece en el artículo n.° 57 de la Constitución, contradiciéndose con el artículo 25 de dicho cuerpo legal, que establece a las concesiones mineras "como un acto administrativo que otorga un título minero, sobre el cual el titular tiene un derecho personal".
Teodoro Bustamante, antropólogo y experto en temas sociales y ambientales, manifestó que tanto la minería a cielo abierto como la subterránea pueden traer graves efectos negativos, como la contaminación, la inseguridad laboral y sobre todo la disyunción social, que se refleja en el exceso de población marginal, violencia, además de que se fomentaría la prostitución y los conflictos por dinero derivado de esta actividad económica.
Por otro lado, el proyecto de ley tendría problemas de ambigüedad, pues dejaría en el aire el tema de la empresa minera estatal. Adicionalmente, postergaría el tema de la participación de las regalías. Esto, porque tanto los consejos provinciales como otras entidades querrían participar de ellas, generándose enfrentamientos entre la misma población. Todo ello se resumiría en una situación similar a la que sucede ahora con la explotación del petróleo.
De otro lado, en el artículo "El reto de la ley minera", elaborado por el ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Alberto Acosta, se señala que "se habla de $210 mil millones (por concepto de la producción minera), de los que si el Estado se hace beneficiario del 5% de las regalías por la explotación, el ingreso anual sería de $400 millones, dando como resultado $10 000 millones en los 25 años de las concesiones. (SH)
