El Parlamento español aprobó, en octubre de 2007, una Ley de Memoria Histórica que prohíbe las concentraciones y monumentos en honor del difunto dictador Francisco Franco. Su régimen falangista será denunciado oficialmente y se honrará a sus víctimas.
Hay razones válidas para promulgar dicha ley. Muchas personas asesinadas por los fascistas durante la guerra civil española siguen olvidadas en fosas comunes. Aún hay cierta nostalgia de la dictadura franquista en la extrema derecha. A comienzos de este año hubo quienes se reunieron ante su tumba y salmodiaron: ¡Nosotros ganamos la guerra civil!, al tiempo que denunciaban a los socialistas y a los extranjeros, en particular musulmanes, razón suficiente -podríamos pensar- para que el primer ministro socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en pro de la salud de la democracia, recurriera a la ley para exorcizar los demonios de la dictadura.
Pero la legislación es un instrumento inapropiado para abordar la historia. Si bien el debate histórico en España no llegará demasiado lejos, la propia prohibición de las ceremonias en honor de tiempos pasados puede ser pasarse de la raya. El deseo de controlar el pasado y el presente es, naturalmente, un rasgo común a las dictaduras. Se puede hacer mediante propaganda falsa, tergiversando la verdad u ocultando los hechos. Quien en China mencione lo que ocurrió en la plaza de Tiananmen (y en muchos otros sitios) en junio de 1989 no tardará en recibir el abrazo, no precisamente tierno, de la Policía de la Seguridad del Estado. De hecho, gran parte de lo que ocurrió durante el período del presidente Mao sigue siendo tabú.
Sin embargo, España es una democracia. A veces las heridas del pasado están tan recientes que incluso los gobiernos democráticos imponen silencio deliberadamente para fomentar la unidad. Cuando Charles De Gaulle resucitó la República Francesa después de la Segunda Guerra Mundial, pasó por alto la historia de la Francia de Vichy y la colaboración con los nazis, fingiendo que todos los ciudadanos franceses habían sido buenos patriotas republicanos.
Relatos más verídicos, como, por ejemplo, el magistral documental de Marcel Ophuls La pena y la piedad (1968), recibieron muy mala acogida, por no decir algo peor. La película de Ophuls no fue exhibida por la televisión estatal francesa hasta 1981. Después de la muerte de Franco en 1975, también España adoptó una notable discreción sobre su historia reciente.
Pero no se puede negar la memoria. En Francia, una nueva generación, nacida después de la guerra, rompió el silencio con un torrente de libros y películas sobre la colaboración francesa en el Holocausto y el régimen colaboracionista de Vichy, a veces con una intención casi inquisitorial. El historiador francés Henri Russo denominó esa nueva actitud el síndrome de Vichy.
España parece estar pasando por un proceso similar. Los hijos de las víctimas de Franco están resarciéndose por el silencio de sus padres. De repente, la guerra civil está en todas partes: en libros, emisiones televisivas, películas, seminarios académicos y ahora en el Parlamento también.
No se trata de un fenómeno exclusivamente europeo ni tampoco es una señal de un ascenso paulatino del autoritarismo. Al contrario, con frecuencia se produce cuando hay más democracia. Cuando Corea del Sur estaba gobernada por dictadores militares, no se hablaba de la colaboración coreana con el Gobierno colonial japonés en la primera mitad del siglo XX
, en parte porque algunos de esos propios dictadores, en particular el difunto Park Chung Hee, habían sido colaboradores. Ahora, con el Gobierno del presidente Roh Moo-hyun, una nueva Ley de Verdad y Reconciliación no solo ha estimulado una completa ventilación de agravios históricos, sino que, además, ha propiciado una caza de colaboradores en el pasado.
Se han confeccionado listas de personas que desempeñaron un papel importante en el régimen colonial japonés: desde profesores universitarios a jefes de Policía... y extensivas incluso a sus hijos, lo que refleja la creencia confuciana de que las familias son responsables del comportamiento de sus miembros individuales. El hecho de que miembros de muchas familias, incluida la hija de Park Chung Hee, Geon-hye, apoyen al partido conservador en la oposición no es una coincidencia precisamente.
Abrir el pasado al examen público forma parte del mantenimiento de una sociedad abierta, pero, cuando los gobiernos lo hacen, la historia puede volverse fácilmente un arma contra los oponentes políticos y, por tanto, resultar tan perjudicial como la prohibición de las investigaciones históricas. Esa es una razón poderosa para dejar los debates históricos a escritores, periodistas, cineastas e historiadores.
La intervención gubernamental está justificada solo en un sentido muy limitado. Muchos países promulgan una legislación para impedir que unas personas inciten a otras a cometer actos violentos, aunque algunas van más allá. Por ejemplo, la ideología y los símbolos nazis están prohibidos en Alemania y Austria, y la negación del Holocausto es un delito en 13 países, incluidos Francia, Polonia y Bélgica. El año pasado, el Parlamento francés aprobó una ley para prohibir también la negación del genocidio armenio.
Pero, si bien a veces es comprensible una prudencia extrema, puede no ser juicioso, como principio general, prohibir opiniones abominables o simplemente estrafalarias sobre el pasado. La prohibición de ciertas opiniones, por perversas que sean, tiene el efecto de elevar a sus partidarios a la categoría de disidentes. El mes pasado, el escritor británico David Irving, que fue encarcelado en Austria por negar el Holocausto, tuvo la extraña distinción de defender la libertad de expresión en un debate en la Unión de Oxford.
Si bien la guerra civil española no es parangonable con el Holocausto, incluso la historia desagradable deja margen para la interpretación. Solo se puede descubrir la verdad, si las personas son libres para investigarla. Muchas personas valerosas han arriesgado -o perdido- su vida en defensa de dicha libertad. La democracia tiene derecho a repudiar una dictadura, y la nueva ley española está redactada con prudencia, pero es mejor dejar libertad a las personas para que expresen incluso simpatías políticas desagradables, pues las prohibiciones legales no fomentan la libertad de pensamiento, sino que la obstaculizan.
Ian Buruma es profesor de Derechos Humanos en el Bard College. Su libro más reciente es Murder in Amsterdam: The Killing of Theo van Gogh and the Limits of Tolerance (Asesinato en Amsterdam. La muerte de Theo van Gogh y los límites de la tolerancia).
Copyright: Project Syndicate, www.project-syndicate.org. Traducido por Carlos Manzano
Hora GMT: 06/Enero/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito Autor: Por Ian Buruma
