Lavadoras, con un pie fuera de Monay

Contaminan el río Cuenca

Dueños dicen que no tienen suficiente dinero para infraestructura en su nuevo terreno

Las 16 lavadoras de autos ubicadas en el sector de Monay están obligadas a salir del lugar. Según la Comisión de Gestión Ambiental del Municipio, estas no cumplen con los requisitos de protección mínima para precautelar el medioambiente. Además, ocupan las márgenes del río Cuenca y su ruido molesta a los moradores.

Las lavadoras iniciaron su trabajo en el sector de Gapal antes de 1981; permanecieron allí por cuatro años hasta que el alcalde, Pedro Córdova, las trasladó al sector en el que se ubican hoy y en el que encontraron comercio fluido para el negocio.

Mónica Quezada, directora de Planificación del Municipio, explicó que el traslado fue decidido como política de protección del ambiente.

Para eso, los propietarios de las lavadoras adquirieron otro terreno y firmaron el 13 de febrero de 2009 un convenio con el Municipio para la construcción de las obras de infraestructura a cargo de la empresa municipal Etapa.

En principio, el total del proyecto era de $264 415,36 mientras que el monto actual, según un nuevo análisis, es de $410 447 y debe ser cancelado por los dueños de las lavadoras.

Según Carlos Orellana, concejal del cantón Cuenca y presidente de la comisión de Medioambiente, uno de los problemas para el traslado es la falta de presupuesto por parte de los propietarios para la construcción de obras como hidrosanitarios, manejo de aceites, elaboración de rampas, construcción de baños, bodegas y purificación de agua, las que serán realizadas por Etapa.

Los socios de las lavadoras señalaron que se encuentran pagando actualmente la deuda del terreno que adquirieron hace más de cuatro años, por lo que tienen dificultad para asumir un nuevo compromiso con el Municipio; sin embargo, aseguraron que están abiertos para llegar a un acuerdo y pagar mensualmente sus obligaciones.

José Guaricela, vicepresidente de la Asociación de lavadoras Tres de Noviembre, aseguró que el Municipio solicitó $12 mil a cada dueños de las lavadoras para los trabajos de infraestructura.

"Estamos dispuestos a reconocer $2 000 o $ 3 000 más, pero no tanto dinero", explicó Guaricela. El motivo principal de la reubicación es por cuestiones ambientales, para evitar impactos causados por lubricantes, detergentes y grasas, lo que afecta el caudal del río. Según Guaricela, el terreno de ellos, ubicado en Capulispamba, costó $ 367 500.

Orellana sañaló que se trata de un proyecto en el que el Municipio puede ayudar pero no invertir por tratarse de un negocio privado. Produciéndose un conflicto económico entre los socios de las lavadoras ya que la ley establece una prohibición absoluta de invertir recursos públicos en un negocio particular. Orellana dijo que de no llegarse a ningún acuerdo el caso pasaría al Concejo Cantonal donde se tomarán resoluciones.

En las lavadoras de carros trabajan aproximadamente 60 personas, entre las cuales se hallan 10 peruanos, cuatro mujeres y el resto es de personas de las provincias de Loja y Azuay. (DV-JLL)