Análisis de HOY
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La Presidencia de Petroecuador, a cargo de Luis Jaramillo, debe varias respuestas al país sobre la forma cómo se entregó el campo Sacha, una de las joyas de la corona de la petrolera estatal, a la empresa mixta Operaciones Río Napo, constituida por Petroproducción (70% de la participación) y por la venezolana PDVSA (30%).
En el reportaje de BLANCO Y NEGRO que se publicó ayer, se dejó en evidencia que las dudas son los campos jurídico, técnico, económico y político. Así, en el primero, se debe una explicación sobre por qué no hay ninguna ley que respalde la conformación de Operaciones Río Napo. Según un informe ejecutivo de Petroecuador, hay una serie de acuerdos de cooperación entre los dos países, así como pronunciamientos de la Procuraduría del Estado, entre otros, que avalarían la decision. Incluso, se infiere que, dado que es una decisión política a nivel presidencial, se la está cumpliendo. De ahí que la pregunta inmediata que surge es: ¿desde cuándo una decisión política debe estar en contra de las leyes que deben regir un Estado de Derecho?
A esto se debe añadir que, en la legislación vigente, los contratos de servicios son en temas específicos y no abarcan un amplio universo. Además, que deben constituirse a través de una licitación, lo cual no ocurrió en este caso, así como tampoco que este sea en un área concreta. El contrato con Operaciones Río Napo es para "la administración, incremento de producción, desarrollo, optimización, mejoramiento integral y explotación" de Sacha.
En lo técnico, hay voces provenientes de los trabajadores petroleros, así como de otros grupos, que alertan sobre el precio que se quiere pagar a PDVSA por la producción de barril (aparte, se fijó otra tarifa por la producción incremental en Sacha) de $7,81.
Según los técnicos, este no debería sobrepasar los $4 ó $5 por barril. Además, recuerdan que ese campo es uno de los que mejor petróleo producen, dado que es liviano y tiene una producción constante de 48 mil barriles diarios desde 2008.
Un tema adicional es cuál es el contenido del informe definitivo que avaló la firma del contrato. El que fue firmado por la comisión designada para elaborar un borrador de contrato fue catalogado como previo por Luis Jaramillo. Y, pese a ello, no dio detalles del que avalaría lo que se hizo con Sacha.
Quienes también deberán dar una respuesta frente a la forma en la que se entregó ese campo son las autoridades que recibieron un pedido de investigación. Es el caso de la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana. Las preguntas están formuladas, falta la respuesta de los funcionarios.
Hora GMT: 06/Octubre/2009 - 05:13
06/Octubre/2009 a las 07:41
Lo que yo quisiera saber es qué hacen los milicos metidos en las oficinas de Petroecuador; cuando deberían estar patrullando las fronteras del Ecuador.