Alexandra Ayala Marín
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No hay que hacer tanto ruido. Los ministros no hacen la información. Son una parte mínima de ella y, por supuesto, del hecho sobre el cual se quiere informar. La prohibición de que los ministros o secretarios de Rafael Correa no acudan a los medios privados para dar entrevistas no es más que otra evidencia de sus conceptos sesgados sobre los media y su forma autoritaria de relacionarse con estos, los privados, sobre todo. Evidencia también de su deseo de uniformizar el criterio del Ejecutivo. Así, evita que alguno de sus ministros contradiga alguna de sus afirmaciones, o se les escape algo que resulte inconveniente. Digamos que es una medida para mantener la coherencia del pensamiento presidencial y único. Yo sí estoy de acuerdo con que una persona escoja dónde, cuándo y por quién será entrevistada y si acepta o no; y, de hecho, tantos funcionarios públicos que se dicen partidarios de la revolución ciudadana, ministros o personeros de segunda, han rechazado invitaciones de medios privados. Pero una cosa es la decisión personal y otra, la prohibición de la máxima autoridad. Diferencia hay entre ser individuo particular, que se debe a sí mismo y su familia, y ser funcionario público, que se debe al Estado, es decir, a toda la ciudadanía, y quien, en principio, debe estar siempre dispuesto a responder y a ser incluso interpelado por la ciudadanía, o por quienes pueden multiplicar su voz, que es lo que hacen los medios.
Por esto también, la decisión presidencial sugiere que el mandatario y/o sus íntimos colaboradores, los expertos en información publicitaria, desconocen la Constitución -la de ellos mismos, que ahora les resulta restrictiva- que establece tres tipos de medios: privados, públicos y comunitarios, y que, por supuesto, el espíritu constitucional, que implica no discriminación, un derecho que no solo cuenta para las personas, sino también para las entidades que actúan en este fundamental ámbito de la comunicación.
Cada uno de esos medios tiene la obligación de contextualizar y verificar la información, contrastando fuentes, para asegurar puntos de vista plu-ra-les. Y la pluralidad es lo que se va restringiendo. Si la prohibición es para ministros, ¿habrá algún funcionario de segunda que acepte la invitación a un medio privado?, ¿quién atenta entonces contra los derechos y los deberes establecidos constitucionalmente?, ¿quién obstaculiza, de hecho, la libertad de información? La respuesta es obvia. Pero como existe el deber profesional y constitucional de contrastar las fuentes en aras de aproximarse a la verdad de un hecho, más tarde o más temprano se encontrarán motivo para sancionar a los medios privados que no incluyan la versión oficial de ese hecho. Sí, que no se haga mucho ruido por personas no indispensables. Las nueces, muchas, están por otro lado: año preelectoral, Código de la Democracia que restringe información en época de elecciones, crítica a la CIDH para cambiar no solo instituciones, sino enfoques o prioridades de derechos humanos, ¿entre los cuales el derecho a la información? (¿Por qué será que le dicen autoritario?).
Autor: Alexandra Ayala - Ciudad Quito
