Una cosa es la apropiación ilegal de documentos y, otra, su divulgación en aras del interés público y por su relevancia social
José Valencia
jvalencia@hoy.com.ec
La controversia en torno al asilo diplomático a Julian Assange pone de nuevo sobre la mesa el tema de la divulgación de información reservada de un Estado a través de la Internet. Plantear esta cuestión en el contexto de las actuales tribulaciones de Assange no equivale a sostener que éste no deba responder ante la justicia de Suecia por los graves cargos en su contra; y, a su vez, este requerimiento en derecho no avala la torpe amenaza de violentar la sede de la Embajada ecuatoriana en Londres para aprehender al australiano, lo que ha merecido el rechazo general y despertado la solidaridad de Latinoamérica.
Hay mucho de farisaísmo en aquello de censurar la adquisición irregular de información oficial de los Estados.
Los servicios de inteligencia de quizá todos los países del mundo pugnan permanentemente por acceder y, dependiendo de su eficiencia, obtienen de modo ilegal datos reservados de otras naciones. Sin embargo, al propio tiempo no hay Estado que renuncie a perseguir con dureza a quien se sustraiga su información clasificada.
De cualquier forma, en países con una amplia libertad de prensa una cosa es la apropiación ilegal de documentos y, otra, su divulgación en aras del interés público y por su relevancia social. Un medio difunde muchas veces datos reservados en uso de las libertades comunicación e información, y protege a sus fuentes aún cuando éstas hayan obtenido documentos de manera anómala. Este fue el sustento para la publicación en la prensa estadounidense de los Documentos del Pentágono durante la guerra de Vietnam; la revelación en Inglaterra de memorandos relativos a la decisión de Tony Blair de apoyar la invasión a Iraq; y la difusión de los cables de Wikileaks a través de prestigiosos diarios del mundo y en el portal de la ONG.
Por su lado, los regímenes autoritarios no hacen distinción entre apropiación ilegal de datos reservados y su divulgación social. Impera en cualquier eventualidad la mano dura y la censura. Quienes se sustraigan información reservada y la difundan se exponen incluso a perder la vida. Escribir una novela, cantar una canción o dibujar una caricatura contra el poder puede acarrear penas draconianas, no se diga filtrar secretos del todopoderoso Estado.
Los avances tecnológicos han alumbrado al Internet y la posibilidad de que información circule más allá de la jurisdicción de los Estados. Internet es un ambiente en que se materializan varias libertades de la persona –la expresión de ideas y opiniones- y a la vez un mecanismo para facilitar los derechos de asociación, libre información y activismo político. ¿Qué régimen se debe aplicar con respecto a la divulgación de información de interés público por una Internet que no está sujeta a las fronteras nacionales?
Las nociones clásicas de derechos humanos se quedan muchas veces cortas ante los nuevos escenarios que alumbra la tecnología. La adopción de un instrumento internacional en la materia, en línea con otros tratados sobre derechos humanos, se revela como indispensable. Es menester apostar en principio por una Internet libre de interferencias estatales y con unas garantías y límites a la transmisión de ideas análogos a los que tienen los medios de comunicación en países con amplia libertad de prensa.
Autor: José Valencia - jvalencia@hoy.com.ec Ciudad Quito
