Las irregularidades también llegaron a la Vicepresidencia

Investigación contra exfuncionarios

Esta vez no fue desvío de fondos, sino el supuesto cobro de valores relacionados a compras públicas

El cobro de un cheque y una transferencia bancaria irregulares, además de una tentativa de estafa, fueron denunciados ayer ante la Fiscalía por parte del vicepresidente Lenin Moreno y el secretario de Transparencia, Edwin Jarrín, a fin de que se inicie la investigación correspondiente.

Moreno explicó que días atrás un proveedor de uno de sus programas acudió a denunciar un caso de corrupción dentro de la Vicepresidencia, por lo que se solicitó la colaboración de la Secretaría de Transparencia con una indagación al respecto.

Jarrín dijo que el denunciante presentó copias simples de cuatro cheques. Tres de ellos fueron cobrados por terceras personas, pero uno, por un monto de $60 mil, emitido por la empresa Wotrance Quito S.A., sí lo cobró Luis Barreno, quien laboraba como analista administrativo de la Vicepresidencia.

Según lo investigado hasta el momento por Transparencia, aparentemente este valor se canceló por algún tipo de fraude en varios procesos de contratación pública entre 2011 y marzo de este año.

Jarrín enfatizó que si bien en este caso no hay un perjuicio para el Estado, sí existe la intención y el pago a un funcionario. Además del cheque, Barreno también recibió una transferencia bancaria por $4 500 por parte de María Gabriela Carrera, otra proveedora de la institución.

Por este caso salieron de la Vicepresidencia seis funcionarios, entre ellos el secretario general, Armando Cazar que presentó su renuncia -en palabras de Moreno- "por delicadeza", debido a que él escogió al equipo que laboraba en la dirección Administrativa-Financiera.

De dicha dependencia, por recomendación de Transparencia, fueron separados el citado Luis Barreno, junto con Azucena Castro, directora; Marilú Guerrero, subsecretaria; Jhonny Cevallos, coordinador general de Planificación, y Marco Moreano, encargado de Compras Públicas.

Además de estas irregularidades, se puso en conocimiento de la Fiscalía sobre una posible tentativa de estafa al Estado en el proceso de adquisición de colchones especiales para personas discapacitadas, dentro de un contrato por $477 977.

La Vicepresidencia dio fin de manera unilateral al proceso de compra de estos bienes debido a que no cumplían con los requerimientos del contrato.

Según el texto de la terminación del convenio, no se cumplieron con especificaciones como la procedencia de los 2 700 colchones antiescaras de una plaza y media que requiría adquirir la Vicepresidencia, puesto que en la propuesta presentada se establecía que estos bienes eran de origen estadounidense, de marca Starcushion, sin embargo, se constató que en la parte superior de los colchones está impresa la frase "Made in China". Además las cajas, pese a corresponder a la marca Starcushion, tienen en su interior productos de la marca Drive Medical, la misma que no consta dentro de la oferta.

Las dimensiones de los colchones son otra falta a lo requerido, pues son de 75 centímetros de ancho por 1,90 centímetros de largo, cuando la especificación técnica detallada era de 1,35 centímetros por 1,90 centímetros. Asimismo falla la garantía del producto, pues la Vicepresidencia requiere que los colchones tengan 12 meses de garantía, mientras que en la página web de Drive Medical se especifica que es de 90 días para las costuras y válvulas de los colchones.

El fiscal, Galo Chiriboga, aseguró que habrá la "celeridad posible" para investigar las irregularidades y ponerlas en manos de los jueces competentes. (ABT)

En detalle

El ministerio de Ambiente y otras dos dependencias estatales fueron el blanco del desvío de aproximadamente $5 millones de dólares a cuentas privadas, en mayo. El ministro de Finanzas, Patricio Rivera, dijo que se lo hizo a través del uso doloso de las claves de usuario en el sistema informático del Estado.

Alrededor de $1,3 millones fueron enviados de las cuentas del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) a una cuenta personal. La información se dio a conocer en junio, determinándose que el traspaso de fondos se realizaba de manera recurrente, por cantidades menores.

Rivera, en la comparecencia antes la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, dijo que estos desvíos son producto de la mala fe y el dolo de algunos funcionarios.