Desde la población Camilo Ponce Enríquez, en el límite entre El Oro y Azuay, se observa a decenas de hombres en lo alto de la montaña. Son los obreros de Somilor, una de las 64 firmas que integran la Cooperativa de Producción Minera Bella Rica. Esta cooperativa mantiene desde hace 17 años una concesión de 1 400 hectáreas.
La montaña, que guarda oro y plata en su interior, es la fuente de trabajo de 5 000 personas. El segundo bien natural de la zona es las decenas de caídas de agua y la veintena de quebradas que cruzan su geografía.
Pese a que el Mandato Minero, expedido por la Asamblea Constituyente el pasado 18 de abril, revirtió al Estado esta concesión -entre otras 4 474 que excedían el volumen de produción y tenían más de 150 hectáreas o incumplían el pago de patentes y otros requisitos ambientales- Somilor no ha suspendido la actividad de sus 400 obreros y técnicos.
Rolando Chávez, administrador de Somilor, no ha recibido ninguna disposición para detener el trabajo y espera que la Asamblea revierta el Mandato. Argumenta que esa compañía está al día en sus pagos al Estado y que no ocasionan daños a los ríos por la tecnología de su planta de tratamiento de agua.
La actividad en el campamento no se ha alterado. Desde las 06:00, los vagones se enfilan hacia la boca de mina para hallar las betas y las piedras que contienen los metales. Tres kilómetros adentro, en el vientre de la montaña, el ambiente se vuelve espeso y los ruidos se multiplican. Sobre las rieles hay largas cámaras de aire que oxigenan la mina y un cableado que permite la comunicación por radio con el interior.
En la primera estación se encuentra José Cuenca, un menudo joven de 27 años. Revestido de un chaleco, botas y casco de seguridad, recoge el material de la última explosión. Gana $400 mensuales y con las horas extras reúne $600. Este ha sido su trabajo en los últimos cinco años. Como la mayoría de los mineros, no culminó la secundaria.
Sixto García, supervisor de obra con 11 años de antigüedad en la compañía, relata que se inició en una mina rústica hace 15 años. En los primeros años sufrió un accidente que prefiere no recordar. Por esa experiencia está de acuerdo con que se regulen las condiciones de trabajo para la seguridad de los obreros.
Hoy tiene un seguro de vida y accidentes de $10 mil, además del Seguro Social. Ahora le preocupa la estabilidad de su trabajo, pues ha oído que cerrarían las operaciones hasta que se elabore una nueva Ley Minera. El hombre, de 31 años, llegó de Esmeraldas a El Oro, atraído por su enorme producción minera. Con su sueldo de $800 y varios créditos sin intereses, hechos a la empresa Solmilor, logró levantar una casa para su esposa y dos hijos. No me dedicaría al agro porque es trabajar a pérdida. Si cierra la mina, volvería a emigrar, dijo sin dudarlo. (VHCH)
Un gran impacto social
El gremio asegura que hay 50 mil afectados
El presidente de la Cámara de Minería de Machala, Marco Reyes, rechazó la elaboración del Mandato Minero. En su opinión, el Art. 3 del Mandato Minero retira los derechos mineros, con una norma ambigua que no aclara lo que significa "afectación del agua".
"Las fuentes de agua de un país atravesado por la coordillera de Los Andes se usan en cualquier actividad económica, lo cual implica afectar", dijo. Añadió que en las minas sí se mantiene la prohibición de emplear mercurio en la refinación, y que el efecto del cianuro desaparece a 100 metros de recorrido del agua.
Según la Cámara de Minería de Machala, 50 mil personas de las zonas altas de El Oro y las cercanas al Azuay están involucradas en el cierre de operaciones. (VKC)
El Gobierno ofrecerá empleo a los mineros
El director regional de minería en El Oro, Jaime Piedra Fernández, informó que insistirán con la entrega de las listas de los empl
Hora GMT: 03/Mayo/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito
