A lo largo del tiempo, se pierde el rastro de los informes de contraloría con indicios de responsabilidad penal enviados a la fiscalía, por constantes cambios de número de las causas
Impunidad se teje con sucesivos cambios del número de trámite
La indagación no puede superar un año en delitos de prisión y dos en los de reclusión... Algunas llevan más de un lustro en esa fase
El Diccionario de la Lengua Española define la impunidad como "falta de castigo". Eso es lo que habría ocurrido a lo largo del tiempo con decenas de autoridades, funcionarios y empleados del sector público que no recibieron sanción alguna pese a que realizaron actos que debían ventilarse en el ámbito penal.
Ese es el caso de incontables informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal que eran remitidos a la Fiscalía. Allí, se iniciaba la indagación previa, pero luego los procesos caían en el olvido. "Se enviaban los informes a las provincias, caiga al fiscal que caiga...", cuenta el director Anticorrupción de la Fiscalía General José Cisneros.
La impunidad empezaba a tejerse el momento en el que ingresaban las denuncias. Desde la Contraloría, llegaban con una numeración; en la Fiscalía, recibían un número diferente; cuando pasaban a indagación, se les ponía otro número; en la etapa de instrucción, era otro, y con uno distinto pasaban a las provincias... Así, prácticamente no había manera de dar un seguimiento a los casos.
Cisneros anota que hay casos que están en la Fiscalía desde hace varios años ("tres, cuatro, cinco, ocho..."), y aún no pasan de la fase de indagación. Esto, a pesar de que el Código de Procedimiento Penal señala que "la indagación previa no podrá prolongarse por más de un año en los delitos sancionados con pena de prisión, ni por más de dos años en los delitos sancionados con pena de reclusión".
El contralor General del Estado, Carlos Pólit, explica que tras establecerse los indicios de responsabilidad penal la Dirección de Patrocinio, Recaudación y Coactivas remite las denuncias a la Fiscalía General.
Según el Código de Procedimiento Penal, es a esa instancia a la que le corresponde investigar los hechos que presumiblemente constituyen una infracción penal.
Asimismo, luego de concluida la indagación previa, el fiscal debe resolver el inicio de la instrucción "en cuanto considere que existen fundamentos suficientes para imputar a una persona la participación en un hecho delictivo...".
Solo después de cumplidas esas etapas previas, un caso pasa a manos de los jueces. Pero allí también se han presentado problemas. Cisneros relata que acudían a la Corte para conocer el estado de un proceso con el número de la indagación, mas allí les pedían el número de la instrucción; luego, decían "déme el número del oficio o de cualquier otra cosa, por tanto se volvía difícil realizar un seguimiento de todos los casos".
Este problema no ha ocurrido solo con las denuncias de la Contraloría, sino de todos los organismos de control. Para corregirlo, en los últimos meses, la Fiscalía ha firmado convenios con las Superintendencias de Bancos, Compañías y Telecomunicaciones, la propia Contraloría y la Secretaría Nacional Anticorrupción. (VG/AA)
Consultar el estado de un proceso, 'misión imposible'
No hay estadísticas confiables sobre la evolución de las denuncias presentadas por los organismos de control
En la Fiscalía, no hay estadísticas sobre la cantidad de casos que pudieron haber quedado impunes por los cambios de numeración en las diferentes etapas de trámite. Tampoco existen estadísticas actualizadas sobre el número de denuncias enviadas por los organismos de control en la última década ni sobre el estado de cada una de ellas.
BLANCO Y NEGRO acudió a la Fiscalía con un listado de 105 informes con indicios de responsabilidad penal remitidos por la Contraloría en lo que va de este año. Entre otros aspectos, la nómina detalla la fecha de envío de cada caso, la entidad auditada y el número del oficio con que se entregó a la Fiscalía.
Con el listado, una reportera de este suplemento intentó averiguar el estado de varios casos tomados al azar. Un funcionario de la Fiscalía ingresó en la computadora el número de los oficios, pero no se desplegó información alguna; entonces, lo intentó con los nombres de las entidades auditadas, y tampoco funcionó. En el caso de un municipio, se abrió la información, pero esta no correspondía a la de nuestra nómina; lo mismo ocurrió con el caso de un ministerio.
También constatamos que la base informática de las denuncias no está bien organizada: cuando salen los datos de alguna institución, se mencionan algunas diligencias pero no hay actualizaciones.
Con el propósito de crear una base de datos cruzada entre las dos instituciones, la Contraloría envió un funcionario en comisión de servicios a la Fiscalía. La idea es organizar toda la información remitida durante los últimos años, actualizarla, verificar el estado de los trámites, el lugar en el que se hallan y darles seguimiento.
La coordinación empezó este mes, y se estima que los primeros resultados se verán el próximo diciembre. (VG/AA)
La falta de especialización de los fiscales, otro escollo de la investigación
En el Ecuador, hay alrededor de 450 fiscales. Cada uno tiene que despachar un promedio de 500 casos por año, "más o menos dos por día", manifiesta el director Anticorrupción de la Fiscalía, José Cisneros.
Según el funcionario, después del Ecuador, solo Paraguay tiene el menor número de fiscales en América Latina. Pero la diferencia con nuestro país es notable si se toma en cuenta la población: Mientras Paraguay tiene 6 669 086 habitantes (dato de 2007), el Ecuador tiene 13 782 329 (cifra de mayo de este año).
En el caso específico de las denuncias de la Contraloría, es probable que dentro de poco se designe un fiscal en cada provincia para que se encargue de dar un seguimiento a estos casos, en el marco del convenio firmado con la Fiscalía.
En todo caso, otro de los problemas que enfrentan las denuncias de los organismos de control es la falta de especialización de los investigadores de la Fiscalía. "No es lo mismo un delito de tránsito que un delito de lavado de activos", dice Cisneros. El primero se resuelve rápidamente, mientras la investigación del otro puede durar varios años. "Este es mucho más lento y se necesitan conocimientos especiales", anota.
Con miras a superar estos problemas, la Fiscalía busca crear equipos con asesores e investigadores técnicos en diferentes especializaciones. De ese modo, los fiscales dirigirán las investigaciones con el apoyo de otros profesionales.
Según el artículo 195 de la Constitución aprobada el pasado 28 de septiembre: "La Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial... y cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la Ley".
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Hora GMT: 27/Octubre/2008 - 05:06
