Quito. 08.09.95. (Editorial) Hace pocos años tuve la
oportunidad de escuchar, de labios de una mujer del pueblo, la
resignada admisión de una realidad infamante, que, por una
inveterada incidencia en la vida familiar, ha adquirido
ingrata carta de naturalización en los hogares ecuatorianos.
Ante un inspector del trabajo comparecían un jefe de planta en
una empacadora de camarón y una trabajadora que había
denunciado una agresión por parte de éste. Al narrar los
pormenores del agravio, la operaria manifestaba que el capataz
le había propinado un empellón y una bofetada, que le habían
causado la caída al piso; ante este ataque, ella le había
gritado, indignada: "¿Acaso eres mi marido para que tengas
derecho a pegarme?". En pocas palabras la humilde proletaria,
con la ingenuidad propia de su condición, confesó una
humillante sumisión que afecta a un elevado porcentaje de
mujeres de nuestro pueblo, que a través de generaciones de
abuso y prepotencia han terminado aceptando que su
conviviente, marido, compañero, o como se lo quiera llamar,
tiene la potestad de castigarlas, por derecho adquirido a
través de la historia.
Historia negra y vergonzosa, que algún día debe terminarse. No
es el momento para hacer un estudio sociológico que nos
permita conocer las causas remotas de este comportamiento
agresivo, que no solo es bochornoso patrimonio de los países
subdesarrollados sino que también caracteriza actitudes
machistas en los países del primer mundo; la diferencia es que
en los primeros, el agravio queda siempre impune, mientras que
en los segundos, el cobarde exceso del varón es siempre
castigado. Sí es el momentos sin embargo, para meditar en la
posibilidad de dar un paso adelante para que, las desmesuras
del macho envalentonado por su superioridad física tengan la
sanción que corresponde aplicar en una sociedad igualitaria.
La oportunidad puede estar dada por la presentación de un
proyecto de ley contra la violencia a la mujer y a la familia.
En él, por primera vez se definen con claridad los varios
tipos de violencia intrafamiliar, sea esta física, sicológica,
o sexual; se establecen los órganos jurisdiccionales a los que
corresponderá la protección, juzgamiento y sanción por las
acciones, omisiones o conductas previstas en la ley; en
especial, se crean los juzgados de familia y se detalla el
trámite de los casos que éstos deberán conocer y juzgar, así
como las medidas cautelares que puedan hacer realidad la
protección de los desvalidos, medidas que llegan hasta el
allanamiento de morada, cuando se trata de recuperar a la
agredida del poder de su ofensor, o de sacar a éste de la
vivienda para que deje de convertirse en un peligro para el
núcleo familiar.
Por último, el proyecto incluye impostergables reformas a
disposiciones caducas que, con el pretexto de mantener la
unidad de la familia, han evitado las denuncias entre
parientes íntimos y han cerrado el paso a la posibilidad de
que los agredidos pongan en conocimiento de la autoridad los
atropellos y vejaciones de que han sido objeto.
Para quienes no son conmovidos en su sensibilidad humana por
esta realidad aberrante poco importará si el proyecto es
discutido o archivado. Para aquellos que consideramos que la
violencia intrafamiliar institucionalizada lesiona la dignidad
de nuestra sociedad, constituye un imperativo que, sea a
través de este proyecto o de cualquier otro similar, se ponga
punto final a un proceder denigrante, explicable en los
tiempos de la horda trashumante, jamás, admisible en un medio
civilizado. (Diario HOY) (4A)
Ciudad Quito
