Veinte universidades particulares del país se reunieron ayer para analizar las posibles implicaciones que tendría para el gremio el contenido del Mandato Constituyente 14 y determinados artículos y transitorias de la nueva Constitución.
Tras escuchar las exposiciones de los expertos invitados y de la Comisión Jurídica del gremio, los asistentes concluyeron que el texto de las normas jurídicas aprobado por la Asamblea Constituyente entraña un riesgo para el funcionamiento de las universidades en general, y de las privadas en especial.
En tal virtud, concluyeron que era necesario emitir un pronunciamiento público con la posición de las universidades particulares y trabajar en conjunto con los organismos rectores de la educación superior en el diseño de un proyecto de ley.
Además, pese al consenso general de que las disposiciones del Mandato 14 son imposibles o al menos difíciles de cumplir en el tiempo que esta norma establece, se comprometieron a colaborar con criterios para agilizar su ejecución.
La sesión extraordinaria de la Corporación Ecuatoriana de Universidades Particulares (Ceupa) se efectuó en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) y tuvo cerca de tres horas de duración.
La cita de la corporación contó con la presencia de Gustavo Vega, presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), y Édgar Moncayo, del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (Conea).
Ambos hicieron una lectura de las disposiciones de la Asamblea y de los artículos de la Constitución que será sometida a referéndum. Hicieron especial énfasis en el Mandato 14.
Este dispone que, en el plazo de un año, el Conesup debe determinar la situación académica y jurídica de todas las entidades educativas bajo su control. Y que en el mismo lapso, el Conea debe entregar un informe técnico sobre el nivel de desempeño institucional de los establecimientos de educación superior.
Las dos autoridades destacaron el propósito como positivo y lo reconocieron como una necesidad, pero cuestionaron el tiempo concedido para ello, considerando que hay más de 70 universidades y 350 institutos, además de 8.000 carreras de pregrado y 2.000 de posgrado.
Con ellos coincidió Carlos Ortega, rector de la UEES y presidente de la Comisión Jurídica de la Ceupa. En su lectura del análisis de los artículos constitucionales, advirtió posibles implicaciones para las universidades.
Así, sobre el artículo 354, que habla de los organismos que regirán la educación superior, Ortega estimó que el texto permite apreciar cómo el Estado piensa ir metiéndose en la educación superior a través de estas nuevas entidades. Es imposible no abrir los ojos y ver de qué estamos hablando, expresó.
También citó el 355, que aclara que la autonomía universitaria no exime a las universidades de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación nacional. Ortega se preguntó quién calificará o determinará qué es la responsabilidad social; y si las universidades están o no participando en la planificación nacional.
Los rectores asistentes recordaron que el proyecto de nueva Constitución fue redactado en un contexto en que varios asambleístas y el presidente Rafael Correa hablaban de que hay un exceso de universidades en el país y de que era necesario reducir su número.
Se busca apoyo de universidad pública
Hay artículos que dejan lugar a interpretaciones. En el futuro puede haber sorpresas, dijo Michel Doumet, rector de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y presidente de la Ceupa.
Entre esas sorpresas, mencionó la posibilidad de que el Gobierno impulse la creación de una Superintendencia o de un Ministerio de Educación Superior, que reemplacen al Conesup y al Conea.
Debemos estar alertas como Ceupa, pidió al gremio. Y al igual que otros asistentes a la reunión, consideró que en la próxima Ley de Educación Superior va a estar la clave del futuro de las universidades del país.
Acogiendo una propuesta de Carlos Larreátegui, de la Universidad de las Américas, la Ceupa emitirá un comunicado con su posición. Buscará el apoyo del gremio de universidades públicas, pero si esto no es posible en dos semanas, lo hará por su cuenta.
Además, la Ceupa entregó sendas sugerencias al Conesup y al Conea sobre cómo se podrían cumplir las disposiciones del Mandato 14.
Veinte Entidades
Según uno de los coordinadores de la Ceupa, la reunión contó con la presencia de 36 rectores y directivos de 20 universidades privadas del país. Indicaron que el gremio está conformado por 32 instituciones.
Al margen de campaña
Carlos Larreátegui, directivo de la Universidad de las Américas y autor de la propuesta, pidió no dilatar el manifiesto para que no coincida con la proximidad del referéndum sobre la aprobación o no de la nueva Constitución.
Hora GMT: 14/Agosto/2008 - 05:00 Fuente: Diario EXPRESO Ciudad Quito
