La suma del código es un peligro

Farith Simon, abogado y analista, considera que el código integral penal es duro y represivo, que tiene errores, contradicciones y que es malo. Por todo esto, piensa que debe ser rechazado

Entrevista

Por Thalía Flores y Flores

Subdirectora de Información

¿Qué tipo de sociedad se configura bajo el prisma del Código Penal Integral?

Me parece que la visión es la de una sociedad bajo control del derecho penal. Las ideas de sociedades democráticas organizadas suelen ser incompatibles con la hiperpenalización de la sociedad, y creo que el código tiene esa visión. El instrumento del derecho penal para conseguir una sociedad organizada, a la medida de lo que crea el presidente de la República

Pero ¿hay nuevos delitos en la sociedad ecuatoriana?

Sí, nuevos delitos y nuevos comportamientos que se consideran peligrosos. Hay muchas otras conductas, de último nivel, que son conductas inadecuadas, pero no debería utilizarse el derecho penal para responder por ellas.

¿De qué casos hablamos?

Lo del Seguro Social. Ya que el Ecuador votó a favor de que se penalice la no afiliación al seguro, puede uno usar al derecho penal. Pero que una persona vaya directamente a la cárcel por no pagar la afiliación tiene dos contra sentidos: bastaría con que yo entre a una conducta reprochable y que, en la primera, me multen, me obliguen a afiliar y se acabó el problema. Si repito, utilizo el mecanismo de la cárcel, pero no penalizar directamente de 15 a 30 días.

¿Eso es duro o represivo?

Uno puede decir soy duro pero justo. Ahora, el código inicial, el de la Presidencia enviado por el Ministerio de Justicia, es duro y represivo.

¿Qué tipo de poder se plantea con este código?

En la lógica del Estado, este tiene para sí el patrimonio de la violencia institucionalizada y la posibilidad de castigar a la gente de acuerdo a mecanismos, juicios, normas...

¿Mantener el orden y la paz?

La teoría es que, cuando hay estos límites que se van poniendo para la convivencia social, hay algunos límites que la misma sociedad pueda regular y hay otros que el Estado dice que se reserva. Podemos o no estar de acuerdo con la teoría, pero así es.

Hay un grupo de conductas que el Estado reprocha y quiere evitar que sucedan y castigar en caso de que se den.

Cuando uno utiliza el derecho penal para eso, es la ultima ratio (última razón) que uno puede utilizar: la violencia institucionalizada. Todo esto está sujeto a control penal.

¿Qué busca el Gobierno con esto?

En estos temas, uno puede hacer tres lecturas diversas: la lectura de la buena fe, lo que quieren el Gobierno y este presidente es ordenar la sociedad. La otra es una versión intermedia: si hay una intención de ordenar la sociedad, pero hay una mirada de control desde el Estado, una visión controladora. Y la tercera, un Estado hiperpenalista en el que hay una idea de lo que es la sociedad y se quiere imponer no a través de la relación social, la educación, sino a través de uso de la fuerza.

¿Por cual de las tres hipótesis se juega el Gobierno?

Una mezcla entre mesiánica y represiva. La idea de buscar una sociedad organizada con una visión bastante paternalista.

¿Una fórmula para controlar a los enemigos políticos?

Usemos la figura del padre de familia bravo que quiere ser riguroso y dice: "Estas son las reglas de conducta que yo impongo en esta casa, y el que no responde va a ser castigado duramente". Este padre empieza a ver que hay un montón de cosas que le disgustan y va incrementando el número de reglas que considera que no se deben infringir. En principio, en una versión más controladora, diría esto es correcto, es la manera de organizar una familia. Pero desde la perspectiva de los derechos, la autonomía es un valor central, y la posibilidad de que la misma sociedad genere formas de control y convivencia debería ser la apuesta. Del otro lado, estamos criticando por la inseguridad y la delincuencia y, de pronto, ante una propuesta que parece tan racional para responder eso, se critica que estén hiperpenalizando la sociedad.

¿Pasamos de una Constitución garantista a un código punitivo?

No solo es el tema del garantismo, porque uno podría tener un código con mucha regulación penal pero garantista. El garantismo significa mecanismos de protección de derechos. No sería incompatible un código con muchas figuras penales siempre y cuando tengan muchos instrumentos de garantía. Lo que es incompatible es con el derecho penal mínimo, claramente establecido en la Constitución.

Lo que planteaba la Constitución de 2008 es que el derecho penal sea un último recurso, que se utilice solamente para las conductas más peligrosas, más reprochables, más extremas. Lo que hace este código es afectar, de manera dramática, la lógica del derecho penal mínimo, porque lo vuelve un derecho de máxima.

¿En las penas hay proporcionalidad?

La proporcionalidad es la relación entre la gravedad de la conducta y la gravedad de la sanción. ¿Por que 30 ó 40 años? No se entiende la lógica de las penas en el código. Se puede entender que había una demanda social de ser duros.

¿Por eso es populista?

Tanto en ciertas figuras penales como en las penas, hay un populismo penal.

¿En esto hay identidad con los socialcristianos?

De los socialcristianos no me extraña.

Le pregunto de la identidad de la Revolución Ciudadana con ellos.

De los socialcristianos no me extraña, porque han tenido este discurso represivo todo el tiempo. Las épocas en las que se han empeorado los números de la seguridad fueron cuando tuvieron casi el poder total. En materia penal hay posibilidades de ver números, y estos dan cuenta de que la época socialcristiana es la peor en términos de seguridad

¿La revolución ciudadana coincide con ellos?

Es un tema de populismo. La sociedad pide ser duros y no evalúa si es eficiente o no, sino que exista respuesta.

¿Un Gobierno complaciente?

Uno diría que es bueno que esté midiendo las necesidades, pero escoge la más fácil: dar la sensación de que está enfrentando una conducta, haciendo cambios legales, endureciendo las penas, cuando sabemos que no es suficiente. Pero hay que ser cuidadosos. Cuando la sanción es irrelevante, se vuelve factor de impunidad y es un mensaje, como cuando la violencia a las mujeres no era reprochada y era una conducta menor.

A propósito, ¿cómo interpreta la declaración del asambleísta Rolando Panchana, de AP, sobre el aborto y las mujeres?

No es la primera vez que este asambleísta hace este tipo de declaraciones, que tienen, por un lado, una buena dosis de desconocimiento y, por otro lado, un grado muy alto de prejuicios, de sus valoraciones personales traducidas a la política pública, sin ninguna comprensión de los valores de la Constitución de 2008 o del avance de los derechos de las mujeres. No creo que Rolando Panchana refleje la perspectiva de todos los asambleístas de AP, pero sus declaraciones son muy peligrosas y son absolutamente contrarias a principios básicos que están en la Constitución.

Él dice que las mujeres, para abortar, pueden mentir y decir que fueron violadas.

Los delitos de violencia sexual son los delitos de mayor nivel de impunidad en el país y son de los más dramáticos porque son el uso de la fuerza. El uso del poder sobre otra persona, violentar el cuerpo de otra persona para hacerle sentir el poder.

En cambio, el procurador dice que el GAFI exige que se apruebe el código penal. ¿Es verdad eso?

El GAFI quiere que se penalice de manera adecuada el financiamiento al terrorismo, y eso se puede hacer con tres artículos y se acabó, no tiene que ver con el código integral penal.

¿Cuánto le interesa al Gobierno este código?

Al país le interesaba una reforma penal completa; no podíamos seguir viviendo de un código de 1938 con influencia del siglo XIX, y tenemos esta presión y tenemos esta necesidad, pero no es este código. Ahora, al Gobierno le interesa completar la imagen de que está enfrentando la inseguridad, y una pieza clave es el código penal. Yo creo que tiene varias dimensiones: la primera, el momento político. Si se aprueba el código, estará en vigencia cuando entremos en campaña.

¿Nada revolucionario tres años de cárcel por cerrar una vía?

Es excesiva. Tres años de cárcel por cerrar una calle es una forma de curarse en salud y evitar la protesta social. No digo que esté bien cerrar la calle cada vez que alguien quiere, pero la amenaza es tan desproporcionada para el nivel de la falta que es un aviso para que la gente no salga a protestar. Y quien va a decidir si es una protesta legítima es el fiscal, que en el sistema actual tiene mucho poder y, además, se considera que no es todo lo independiente que uno esperaría de un funcionario de ese nivel.

¿Un Estado controlador?

Un hiperpenalismo con un Estado muy fuerte y con pocos controles. Una ecuación muy peligrosa. Se puede convertir en Estado totalitario, no en el sentido de los regímenes comunistas, sino en el sentido de que va estar presente en toda nuestra vida. No se puede ir a más de 60 km por hora; no se puede protestar, etc.

¿Qué de bueno tiene el código?

El código penal del Ejecutivo tiene muchas cosas malas. Este proyecto debe ser rechazado porque tiene muchos errores y contradicciones. La suma del código es un peligro. A pesar de que cita muy buenas cosas en su interior, el total es malo y no va a ser superado con simples decoraciones. El informe de la Comisión es mucho mejor; de hecho, uno ya podría debatir.

En las circunstancias actuales, todo código penal que da mucho poder al Estado sería peligroso, porque no tiene límites institucionales claros.