En 25 años, los homicidios se han duplicado y lo han hecho pese al notable incremento de los presupuestos para seguridad
Por Fernando Carrión Mena
fcarrion@hoy.com.ec
En América Latina, existe un incremento de los hechos delictivos y consecuentemente de la victimización. Este cambio de tendencia se percibe desde mediados de la década de los años ochenta del siglo pasado, cuando tres hechos se produjeron en simultáneo: la globalización, la reforma del Estado y la modernización de la violencia. Según los promedios de las tasas de homicidios en Latinoamérica, la cifra era en 1980 de 12,5 por 100 mil habitantes. En 2006, fue de 25,1 por 100 mil habitantes. Estos datos muestran que los homicidios se han duplicado en 25 años y lo han hecho en un momento en que los presupuestos de seguridad se han incrementado de manera notable, en que el número de efectivos policiales han crecido de forma significativa, en que la cooperación internacional ha planteado políticas explícitas para toda Latinoamérica, con recursos humanos, tecnológicos y económicos, en que hay nuevos actores para enfrentar el delito (municipios, empresas, ONG), en que la presencia de las FFAA en las calles se generaliza y los efectivos policiales privados son más del doble de los públicos. O sea, se ha hecho mucho, pero mal.
El incremento de la violencia y las ineficientes políticas de prevención y de control implantadas han conducido a que la población adopte distintas estrategias para enfrentarla. Allí, por ejemplo, el aparecimiento de las ciudades amuralladas en sus distintas expresiones: barrios cerrados, construcción de muros físicos, edificaciones con cercas eléctricas y ventanas y puertas con barrotes. También hay expresiones extremas de legitimidad de violencia difusa, como mecanismo de resolución de conflictos: linchamientos, sicariato, parapolicía e inforamalidad legal (por ejemplo, ley del Talión o del más fuerte). Y no se diga el proceso de privatización de la seguridad, compuesto por guardias privados, inteligencia empresarial, movilización de valores, perros y escuelas de defensa personal. Frente a la protección y a las garantías de los derechos que los Estados deben brindar a los ciudadanos, se ha desarrollado de manera profusa la autoprotección individual, social (alamas, organización) y mercantil (compra de servicios de seguridad).
De esta manera, se forman tres ofertas de seguridad, cada una de las cuales muestra cómo se va generalizando el acceso absolutamente desigual a los servicios de seguridad y cómo el concepto de seguridad ciudadana se desnaturaliza, al extremo que la condición ciudadana se hace "líquido". La primera de ellas es la oferta estatal; el segundo, la oferta privada, y el tercero, la oferta social, cada una en su andarivel y en confrontación con la otra. Las acciones defensivas que asume la población conducen a un círculo vicioso o a la llamada causación circular: cada una de las acciones de protección, sea por la vía mercantil o por iniciativa propia, se convierten en factores que producen más violencia.
Pero también la población se organiza, empieza a manifestarse y a expresar su insatisfacción. Son las marchas blancas, los grupos temáticos alrededor de ciertos delitos (defensa de niños o mujeres, antisecuestro), las encuestas de opinión. Sin embargo, nada raro sería que a un plazo breve la sensación de desprotección lleve a la mutación de estas formas: estoy más seguro en una pandilla, tengo más protección por el crimen organizado; o estallen hechos violentos de demanda.
