La Constitución garantiza a sus ciudadanos el derecho a la vida y a la seguridad, entre otros. No obstante, las políticas aplicadas han generado escenarios de riesgos para los ciudadanos. La política de fronteras abiertas ha hecho que el Ecuador, por ejemplo, sea un lugar apetecido para el crimen organizado. Aquí, se ha capturado a grandes capos, así como a terroristas internacionales
Aunque el Gobierno, en términos políticos, ha logrado impulsar su agenda en materia de seguridad, los efectos sobre la sociedad no han sido los óptimos en los últimos cinco años.
Dentro de esa agenda, se han cumplido al menos dos objetivos: reestructurar el sistema de inteligencia e impulsar la libre movilidad. Los dos se han ejecutado casi simultáneamente a partir de 2008.
Así, el primero se puso en marcha luego del bombardeo del campamento de Angostura, donde murió el número dos de las FARC, "Raúl Reyes", tras argumentar que había injerencia en los servicios de inteligencia de los gobiernos extranjeros, sobre todo de los Estados Unidos.
Por cuerda separada, se hacía público que una de las unidades de inteligencia había investigado los vínculos de un alto funcionario de Gobierno con personas acusadas de narcotráfico, que posteriormente fueron sentenciadas (los hermanos Jéfferson, Miguel y Édison Ostaíza; el primero está prófugo).
Luego, vino la creación, vía Decreto Ejecutivo, de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senaín), que fue ratificada con la aprobación de la respectiva ley. Una de las características de la Senaín es que está regida por los lineamientos que emanan de la Presidencia de la República, según consta en su norma y en el plan respectivo difundido por el Ministerio de Seguridad Interna y Externa. Y la mayoría de la información alrededor de ella es reservada o secreta.
Las denuncias sobre investigaciones extrajudiciales, como la que hizo pública Diego Vallejo en contra del ministro del Interior, José Serrano, sobre la supuesta investigación que habría ordenado a las cuentas del exfiscal general Washington Pesántez, son una fuente de dudas. Al respecto, el secretario de Estado no ha dado explicaciones.
Casi al mismo tiempo de la revelación hecha por Vallejo, se hizo público que se pidió en el Ministerio de Educación información de la militancia gremial y la simpatía al proyecto de Alianza País a rectores y estudiantes de los consejos estudiantiles de los colegios públicos. La respuesta fue la separación del asesor y luego, el silencio oficial.
En estos cinco años, hay al menos 10 investigaciones que no han sido impulsadas por la Fiscalía, que es el órgano llamado a hacer investigaciones.
El segundo objetivo se dio con la aprobación de la Constitución de Montecristi, donde se garantizó la libre movilidad, al no catalogarse como ilegal a ninguna persona. Sobre esta base, se quitó la solicitud de visas a quienes visitaran el Ecuador (la medida se revisó tiempo después), lo que abrió la puerta a que cualquier ciudadano del mundo pudiera ingresar al país.
Adicionalmente se aprobó un indulto para las denominadas mulas del narcotráfico, donde se incluyó a una persona con sentencia ejecutoriada por violación a una menor de edad.
Internamente, mientras tanto, empezó agudizarse el sicariato. Este delito, que era común sobre todo en la frontera norte, se riega por prácticamente todas las ciudades del país. En Quito, por ejemplo, fueron asesinados colombianos que contaban con carnés de refugiados. Esos crímenes siguen en investigación y no hay resultados todavía.
El sicariato es un delito vinculado normalmente al crimen organizado, que incluye narcotráfico, tráfico de armas y coyoterismo, entre otros.
Por otro lado, se produjeron declaraciones desde la DEA de los Estados Unidos y de Naciones Unidas (Oficina del Alto Comisionado sobre Ejecuciones Extrajudiciales) que muestran preocupación sobre la creciente violencia y la presencia de personas vinculadas al crimen organizado. El vocero de la DEA, Jay Bergman, habló de que el Ecuador se está convirtiendo en una especie de Naciones Unidas del crimen organizado y la ONU, a través de Phillip Alston, de que existirían en el país al menos 700 bandas criminales, a más de un alto índice de impunidad.
Entre 2010 y 2011, se capturó en el Ecuador a al menos a una docena de personas vinculadas al crimen organizado. Entre los detenidos, hubo tres miembros de Al Qaida, que fueron arrestados en Quito y deportados inmediatamente a los EEUU. En esa redada, donde se detuvieron a 66 personas, al menos dos docenas fueron escoltados hasta sus países de origen, mientras que el resto quedó en libertad.
Justamente esto, a decir de Manuel Silva, exjefe de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (Uies), muestra que hay un sistema en el cual se ha incrementado los neo delitos, como el sicariato, y se ha profundizado la violencia sistemática en contra del ciudadano común, que es a quien se le deben garantizar condiciones para ejercer los derechos consagrados en la Constitución, como lo establece el art. 66.
Esto, sin embargo, no implica que no se reconozca el trabajo de la Policía, dijo el experto. A su juicio, se han dado algunos resultados positivos con estrategias como el pago de recompensas por los "Más Buscados" a escala nacional, pero esta debería ampliarse a los más buscados a escala internacional, como son las cabecillas de las FARC, de grupos terroristas islámicos, narcotraficantes, etc.- cuya información se halla en las bases de datos de las Policías del mundo.
A su juicio, las nuevas normas relativas a la seguridad que se han aprobado y que están en trámite no ayudarán al ciudadano, sino que sembrarán miedo. (SL)
Normativa
La ley de seguridad del Estado ratificó la creación de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senaín).
El proyecto de Ley Orgánica de Entidades de Seguridad Ciudadana busca crear organismos investigativos adicionales a la Policía, integrada por civiles. No se da aún el primer debate.
El proyecto de Ley de Código Orgánico Penal tipifica nuevos delitos, pero también establece que las personas puedan portar una cantidad mínima de drogas.
