La persona que rete a duelo a otra, los vagos o mendigos que no tengan un domicilio fijo ni medios de subsistencia son sancionados con prisión por el Código Penal.
Este cuerpo legal, de 632 artículos, data de 1938 y es considerado para varios juristas una de las causas para la lentitud en el trámite de los juicios, pues es anacrónico.
La demora en el trámite procesal está nuevamente en el centro del debate, ante la inminente salida de miles de presos que no tienen sentencia luego de un año de encierro, a fines de octubre.
Una de las causas del retardo es, a más de la falta de judicaturas, jueces, fiscales y defensores públicos, la existencia de leyes obsoletas, también llamada maraña legal. La Fundación Lexis señala que 134 725 cuerpos legales (decretos supremos, ejecutivos, leyes, acuerdos ministeriales, ordenanzas municipales) se han promulgado en el Ecuador. Y que el 71% sigue vigente, aunque buena parte no es aplicable.
Específicamente, en el área penal una depuración es urgente. Para la jueza de la Corte Suprema de Justicia y criminóloga, Pilar Sacoto, primero se debe decidir qué delitos deben quedarse en el Código. El derecho penal tiene que ser solo para la violencia residual del Estado, es decir para la que no se pueda controlar.
El segundo paso explica la magistrada es reformar el Código de Procedimiento Penal (el cual dicta los pasos en los juicios) para agilitar el trámite de las causas.
El ministro Fernando Casares coincide. Asegura que los jueces tienen que trabajar con dos sistemas penales: el inquisitivo (escrito) y el acusatorio(oral). La reforma legislativa es fundamental. Tienen que darnos un marco jurídico legal adecuado, explica.
Para salir de esa traba, la Suprema preparó meses atrás un proyecto de reformas legales. En este se incluyen cambios sobre los delitos flagrantes, para que en aquellos que son sancionados con tres años de prisión se apliquen medidas cautelares alternativas y no la prisión preventiva, entre otras.
Según Sacoto, esas medidas alternativas pueden ser las multas, el arresto domiciliario, el trabajo comunitario. El problema es el discurso sobre el endurecimiento de las penas y no se ha hecho una reforma a las cárceles... No hay rehabilitación en el país, solo se han presentado casos particulares.
Para Casares, las reformas deben ir de la mano de un mayor presupuesto para la función. La Corte Suprema pidió al Ejecutivo USD 250 millones para trabajar el próximo año y llenar 479 cargos que están vacantes y crear 449 nuevos puestos y judicaturas.
Precisamente, el jurista Gustavo Medina, que participó en la comisión que elaboró un proyecto para la nueva Constitución, un elemento clave es consolidar la independencia financiera de la Justicia y fortalecer la carrera judicial, pero con evaluaciones permanentes de los funcionarios.
Otra de las alternativas para superar la crisis es la creación de un macro organismo que agrupe al Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría Pública, la Policía Judicial y la Dirección de Rehabilitación. El enfoque no puede ser de entidades aisladas según el criterio del director de Lexis, Marco Albuja sino de organismos en permanente coordinación.
Con esta propuesta coincide el fiscal de Pichincha, Washington Pesántez, quien cree que el organismo puede ser el Ministerio de Justicia, que agrupe a todas las instituciones. Además, debe crearse un ente que sea el cerebro de este Ministerio, que encargado de planificar y elaborar estudios.
El Congreso busca enmienda
La Comisión de lo Civil del Congreso alista un proyecto de cambios a los códigos Penal y de Procedimiento Penal para frenar la salida de los reos sin sentencia.
Extraoficialmente se conoció que el texto puede ser debatido el jueves. La vicepresidenta de la Comisión, la diputada Tania Massón, sostuvo que el proyecto será presentado en los próximos días y que evitará que los internos peligrosos obtengan su libertad por la declaratoria de inconstitucionalidad de la detención en firme.
El magistrado de la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Suprema, Hernán Ulloa, dijo que se debe buscar una salida jurídica para detectar a los internos que con artimañas lograron frenar la declaratoria de la sentencia.
No puede beneficiarse de la caducidad, quienes impidieron que se realicen las audiencias. Para el judicial, los tribunales deberán analizar individualmente cada caso antes de conceder la libertad. Ulloa también cree que no habrá una salida masiva.
Hora GMT: 10/Octubre/2007 - 05:00 Fuente: Diario El Comercio Ciudad Quito
11/Noviembre/2009 a las 17:34
el abuso de confianza deja de ser un ley penal