El fracaso de las empresas públicas como administradoras de recursos es incuestionable y no solamente en este Gobierno sino en los que le antecedieron. Y es que el pago de favores políticos, el constante cambio de directrices, el corto plazo que tienen las personas para ejercer su cargo, el sindicalismo público que cree que lo que es de todos no es de nadie o peor aun de ellos mismos y la intromisión de intereses de diferentes grupos de poder que saben como manejarse en la maraña burocrática han transformado la empresa pública en botines de ineficiencia y corrupción. Qué sencillo y provechoso sería que el Estado mantenga un grupo de técnicos de altísimo nivel, muy bien pagados y de honorabilidad intachable, para que contraten y controlen a empresas privadas especializadas en producción y comercialización de bienes de los ecuatorianos, para que estas puedan entregar el máximo de beneficios al Estado.
Pero las evidencias y la lógica parece que nuevamente han sido desterradas en el nuevo proyecto de Constitución, que propone la presencia de un Estado gigante e intervencionista que tiene el rol de ser el único administrador de los recursos naturales, dueño y proveedor único de servicios públicos, de regulador de precios, de márgenes de utilidades y beneficios de las empresas. Si uno de los objetivos de la reforma constitucional es propiciar el crecimiento y el desarrollo del Ecuador, entonces ¿cómo se incentivará la inversión y el trabajo?, elementos fundamentales para alcanzar dicho objetivo, si se plantea un rol exagerado del Estado en la economía, se limita la actividad productiva privada y se propicia un régimen de concentración de poder y corrupción.
Hora GMT: 27/Agosto/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito Autor: Por Eduardo Cadena Dongilio Centro de Estudios y Análisis
