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Publicado el 23/Agosto/2008 | 00:00

La entidad tendrá influencia en los campos judicial y político

La Corte Constitucional está concebida como un megaorganismo. La trascendencia de la institución creada en el proyecto de la Asamblea Constituyente se ancla en su transversalidad: atraviesa las áreas jurídicas, políticas y constitucionales. La propuesta establece que la Corte Constitucional será el “máximo organismo de control, interpretación constitucional y administración de justicia en esta materia”.

La Corte Suprema de Justicia, que sería directamente mermada, pues actualmente es la institución de mayor jerarquía judicial, lidera las voces críticas. Los jueces sostienen que las atribuciones propuestas ocasionarán el debilitamiento del Poder Judicial. Antes de la aprobación del proyecto, los actuales jueces no fueron escuchados en Montecristi, que dio paso a la creación del organismo con la mayor relevancia en la futura estructura del Estado. Por sus atribuciones, la Corte Constitucional abarcará a más sectores. Estará facultada, incluso, para aprobar el enjuiciamiento político del Presidente. Y se convertirá en una especie de garante de las acciones de cualquier autoridad. Sus defensores dicen que no es peligroso otorgarle tanto poder, pero es clave escoger bien a sus miembros.

La actual Corte Suprema de Justicia lidera las críticas en contra del proyecto de la Corte Constitucional. Los jueces señalan que ese organismo creará más problemas y demoras en el trámite de los juicios; será un escollo que dilatará dos años más cada caso.

Los 31 magistrados del máximo organismo de justicia del país están opuestos a la propuesta, pero no cuentan con el respaldo de todos los judiciales.

Su presidente de la Federación Nacional de Judiciales, Ángel Rubio, dice que la creación de la Corte Constitucional es una propuesta positiva. El juez del Guayas sostiene que un organismo con estas características busca asegurar que los abogados en su ejercicio profesional respeten la Constitución. De esta forma se garantizará el cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Uno de los juristas que impulsó la creación de la Corte Constitucional fue el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Víctor Cevallos. Él observa que la redacción final del proyecto de nueva Constitución fue un “fiasco”. Estaba previsto que se especialice en temas referentes a la Constitución, pero ahora se convertirá en una cuarta instancia judicial, lo que atenta contra la agilidad de los procesos. “Tenemos que conocer en la Ley cuáles serán los juicios que pasarán a su conocimiento, porque en el actual proyecto todos pueden ser revisados, incluso casos de 20 ó 30 años".

No obstante, Rubio dice que la Corte no revisará todos los fallos de la Función Judicial: vigilará que los acusados tengan el debido proceso y que no se haya violado ninguna garantía.


Para el presidente de la Corte Suprema, Roberto Gómez Mera, la Corte Constitucional debilitará a la Función Judicial. Su temor se fundamenta en la decisión de que los vocales constitucionales puedan revisar los fallos emitidos por la Suprema, lo que no sucede con la actual Constitución. Y sus decisiones no podrán ser analizadas por ningún organismo ecuatoriano.

El magistrado Marco Antonio Guzmán dice que generará el represamiento de los casos, puesto que los nueve vocales constitucionales no podrán tramitar con agilidad el gran número de juicios que ingresen.

Las estadísticas de la Suprema señalan que desde cuando fueron nombrados -en noviembre del 2005-, los actuales magistrados recibieron 20 909 juicios. En ese período resolvieron
15 593 casos. Pero, a diferencia de la Corte Constitucional, la Suprema está compuesta por 31 jueces, divididos en áreas penales, civiles, laborales, de lo Contencioso y administrativos, fiscal y tributario.

Asimismo el proyecto establece que podrán conocer los fallos o resoluciones emitidas por cualquier juez. Hasta el año pasado, había más de un millón de causas en trámite. Para el viceministro de Justicia, Franco Sánchez, hay temores infundados. Por ejemplo, no pasarán a su conocimiento todos los procesos, “solo aquellos que cumplan con varios requisitos”.

En el caso de sus atribuciones para decidir asuntos constitucionales, el proyecto de Carta Magna establece que la Corte será la máxima instancia de interpretación constitucional, que podrá conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad emitidas por autoridades. Por último, podrá decidir sobre casos presentados por denuncias particulares o de oficio y su decisión será inapelable.

Jorge Alvear, ex vocal del Tribunal Constitucional, cuenta que en el proyecto se recogieron varios aspectos sugeridos por el Tribunal. Entre ellos, que se puedan conocer de oficio las inconstitucionalidades que afecten la administración pública y a los temas que sean de interés general. Hasta ahora, los casos deben ser denunciados por personas u organismos ajenos al Tribunal. Además, tenían que cumplir con varias solemnidades.

También cree que es positivo que la Corte pueda sancionar a quienes incumplan con las sentencias emitidas por el Tribunal. Actualmente, el TC solo puede presentar quejas en contra de quienes desacaten sus fallos.

Sin embargo, tiene una objeción. Sostiene que es negativo que se hayan reducido los requisitos para ser miembro de la Corte. Actualmente los vocales del Tribunal Constitucional deben ser mayores de 45 años, tener un título de doctor en Jurisprudencia, más de 15 años de experiencia... Pero ahora solo se pide tener 10 años de experiencia y ser abogado.

El tercer punto clave de la Corte es su transcendencia como filtro del poder político. Por ejemplo, sin su beneplácito el Presidente de la República no podrá ser enjuiciado por el Congreso.

El jurista Rosendo López señala que se entrega demasiado poder a los nueve vocales de la Corte. “Tiene facultades omnímodas, totales. Se le da poderes y atribuciones, hasta para calificar la disolución del Congreso”.

Para López, hay que cuestionar la elección de sus miembros, pues serán designados de ternas del Ejecutivo, el Legislativo y la Función de Control Social, pero con una clara injerencia del Ejecutivo. Por ello, es clara la injerencia política.

Sánchez dice que no es negativo que se le entregue tanto poder, porque es parte de la evolución del control constitucional.

¿Qué implica?

La Corte Constitucional será el máximo organismo del control constitucional y será dirimente para los poderes judiciales y políticos del país. Se nombrarán nueve vocales.

La Corte Constitucional será el máximo organismo del control constitucional y será dirimente para los poderes judiciales y políticos del país. Para conformarlo se nombrarán nueve vocales, elegidos mediante concurso de méritos y oposición entre las candidaturas presentadas por las funciones Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social.

Para ser miembro de la Corte, el candidato deberá cumplir con requisitos mínimos, como ser ecuatoriano, tener un título de tercer nivel en Derecho, tener probidad notoria, haber ejercido su profesión o la docencia universitaria por al menos 10 años y no pertenecer ni haber sido integrante de un partido político durante los últimos 10 años. Los vocales durarán en sus funciones nueve años, sin reelección inmediata y serán renovados, por tercios, cada tres años. Serán designados por una comisión integrada por dos delegados del Ejecutivo, Legislativo y de Transparencia y Control Social.

Para ser elegidos deberán superar un concurso público y estarán sometidos a impugnaciones. Sin embargo, serán inmunes a cualquier control externo. La norma constitucional establece que no podrán ser juzgados por sus electores. En el caso de que alguno cometa un delito podrán ser enjuiciados solo por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, pero antes debe existir la aprobación de las dos terceras partes de los jueces . Además, su destitución la decidirán seis de los nueve vocales.

¿Qué significa?

La nueva Corte Constitucional será uno de los organismos más importantes de la estructura del Estado que se busca aprobar en el proyecto de la nueva Constitución.

La nueva Corte Constitucional será uno de los organismos más importantes de la estructura del Estado que se busca aprobar en el proyecto de la nueva Constitución. Sus atribuciones superan las del actual Tribunal Constitucional (TC). Un ejemplo: el Tribunal es el organismo que se encarga de hacer cumplir las normas constitucionales del país. Sus nueve miembros son elegidos por el Congreso, de ternas enviadas por el Ejecutivo, el Legislativo, la Corte Suprema de Justicia, los municipios, las cámaras de la producción y de las centrales sindicales.

Pero funciona distante y no tiene influencia en la Corte Suprema de Justicia y en el Congreso Nacional. Pero si se aprueba el proyecto constitucional todo cambiará. La Corte tendrá una influencia activa en esos dos poderes del Estado. Eso implica que podrá conocer los fallos de los magistrados y también autorizar a los diputados cuando quieran enjuiciar al Presidente de la República. Asimismo, podrá dirimir cuando exista un conflicto de competencias entre las instituciones estatales.

Asimismo, la Corte Constitucional deberá emitir un dictamen previo antes de que la Asamblea Nacional dé trámite a la suscripción de tratados internacionales, consultas populares y objeciones de inconstitucionalidad que presente el Presidente de la República en la formación de leyes. Por último, sus decisiones serán definitivas e inapelables.

La Corte Constitucional en la Constitución de 1998

Art. 275. El Tribunal Constitucional lo integrarán nueve vocales, quienes tendrán suplentes. Desempeñarán sus funciones durante 4 años y podrán ser reelegidos. La Ley Orgánica determinará normas para su organización, funcionamiento y procedimientos de actuación

Art. 277. Las demandas de inconstitucionalidad podrán ser presentadas por el Presidente de la República, el Congreso, la Corte Suprema, los consejos provinciales o municipios y 1 000 ciudadanos, en goce de derechos políticos, o cualquier persona previo informe del Defensor del Pueblo.

La Corte Constitucional en el proyecto

Art. 429. La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia. Ejerce jurisdicción nacional y su cede es Quito.

Art. 430. La Corte gozará de autonomía administrativa y financiera. La ley determinará su organización, su funcionamiento y sus procedimientos para el cumplimiento de todas sus atribuciones.

Art. 431. Los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen. No obstante, estarán sometidos a los mismos controles que el resto de autoridades públicas y responderán por los demás actos u omisiones que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Art. 431. Sin perjuicio a la responsabilidad civil, en caso de responsabilidad penal únicamente serán acusados por el Fiscal General de la Nación y juzgados por el pleno de la Corte Nacional de Justicia, para cuyo efecto se requerirá el voto conforme de dos de las terceras partes de sus integrantes. Y su destitución será decidida por las dos terceras partes de los integrantes de la Corte. El procedimiento, los requisitos y las causas se determinarán en la ley.

Art. 432. La Corte Constitucional estará integrada por nueve miembros, quienes ejercerán sus funciones en plenario y salas de acuerdo con la ley. Desempeñarán sus cargos por un período de nueve años, sin rendición inmediata y serán renovados por tercios cada tres años. La Ley determinará el mecanismo de reemplazo en caso de ausencia del titular.

Art. 435. La Corte elegirá de entre sus miembros a una Presidenta o Presidente y a una Vicepresidentea o Vicepresidente, quienes desempeñarán sus funciones durante tres años, y no podrán ser reelegidos de forma inmediata. La Presidenta o Presidente ejercerá la representación legal de la Corte.
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Ciudad Quito

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