Pareciera existir un consenso entre la mayoría de asambleístas para acoger la demanda del movimiento indígena y consagrar al Estado ecuatoriano como un Estado plurinacional. Si llegara a concretarse la nueva definición habremos dado un paso adicional al que dimos en la Asamblea Constituyente de 1998, cuando se declaró al Estado ecuatoriano pluriétnico y multicultural.
El Estado plurinacional fue en la irrupción del movimiento indígena en los años noventa su principal demanda. Detrás de ese planteamiento había una crítica histórica, cultural y política a un Estado nación homogenizante y discriminador, que había convertido a lo indígena en la negación del auténtico ser nacional. La Asamblea Constituyente de 1998 dio una respuesta a mitad de camino al planteamiento indígena: no les reconoció a los distintos pueblos como nacionalidades pero sí como etnias con especificidades culturales. Sin duda, la mayoría de constituyentes consideró que la tesis del Estado plurinacional constituía una amenaza potencial a la unidad nacional.
El movimiento indígena había dejado de lado la tesis del Estado plurinacional hasta que el contexto de la nueva Asamblea Constituyente llevó a varios de sus dirigentes a desempolvarla. Se trata del único planteamiento, en este momento político del país, que diferencia al movimiento indígena del propio Gobierno, porque todos los demás planteamientos suyos en buena medida forman parte de la agenda gubernamental. Defender el Estado plurinacional ha permitido a los indígenas recuperar algo de su capacidad movilizadora.
Si se mira en retrospectiva el proceso ecuatoriano, el Gobierno de Correa es impensable sin las luchas indígenas de los años noventa. No sorprende, por lo tanto, que Alianza País esté dispuesta a declarar al Estado ecuatoriano como plurinacional. Hay que preguntarse, sin embargo, sobre el alcance de semejante declaratoria y las posibilidades reales de llevarla a la práctica para evitar que termine siendo un saludo a la bandera. No hay que asustarse con la idea de la plurinacionalidad pero sí preguntarse si constituye la mejor fórmula para resolver los problemas de discriminación cultural e inequidad social y económica en las comunidades y pueblos indígenas. La plurinacionalidad se justifica cuando las demandas tienen una base territorial clara y definida, pero se vuelve inaplicable cuando las naciones indígenas se hallan fragmentadas y dispersas en muchos puntos del campo y las ciudades. Es muy cómodo y hasta retórico acoger el planteamiento de la dirigencia indígena, pero puede ser, al mismo tiempo, una forma de diluir respuestas políticas más viables e ingeniosas a sus problemáticas.
Hora GMT: 21/Abril/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito
