Proyecto de la Asamblea provoca el rechazo de consejos provinciales y municipios
Una de las propuestas que más polémica ha generado desde la instalación de la Asamblea, e incluso desde antes como un proyecto impulsado desde el propio Gobierno, ha sido el de la modificación de la distribución administrativa del país.
La idea del Ejecutivo, diseñada por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), es crear siete regiones que atraviesen el país de este a oeste, las cuales, en la teoría, se complementarían geográfica, económica e incluso políticamente.
El plan establece, además, cambios a la actual conformación de los consejos provinciales, eliminando el cargo de consejero e incluyendo entre sus miembros a los alcaldes de las ciudades parte de la región.
Adicionalmente permite que las áreas pobladas con más de 800 mil habitantes se constituyan como distritos metropolitanos, a semejanza de lo que sucede en la actualidad con Quito, dotando supuestamente a estas unidades de autonomía en cuanto a su capacidad para administrarse.
La idea, así concebida, enfrenta la oposición de diversos sectores, empezando por los empleados de los consejos provinciales, quienes temen que la propuesta pueda afectar su situación laboral al interior de los gobiernos seccionales.
Del mismo modo, hay zonas que rechazan la pretensión de integrarlas a unidades supraprovinciales, como serían las regiones, por temor a perder la capacidad de administrar recursos y tomar decisiones, y terminar absorbidas por entidades más grandes.
No obstante, el rechazo mayor proviene de las ciudades grandes como Quito y Guayaquil, que sienten que el proyecto lesiona las conquistas a nivel de autonomías logradas hasta el momento y que les ha permitido manejar varias áreas.
El propio Cabildo guayaquileño se pronunció esta semana en oposición al proyecto, rechazándolo, entre otras razones, porque -dice- reduce el número de competencias que pueden reclamar para sí los gobiernos seccionales. La actual Constitución únicamente pone reparos al manejo de tres de ellas. (LAG)
"Constitución marcará a autonomías"
La titular de la Mesa 4 de la Asamblea, Tatiana Hidrovo, dice que se ha producido un manejo malicioso de la información sobre el proyecto, que refleja un rol de oposición
Luego del primer debate en el Pleno de la Asamblea, la Mesa de Ordenamiento Territorial y Asignación de Competencias (4) analiza con "pinzas" las observaciones que se presentaron a los 39 artículos y cuatro transitorias de los capítulos relativos a Principios Generales, Territorios, Gobiernos Autónomos, Competencias y recursos financieros.
La propuesta incorpora a los gobiernos seccionales la política, el manejo de los recursos naturales no renovables, la política de la seguridad social, la política del registro de personas naturales.
Se destaca entre esas competencias exclusivas la obligatoriedad para todos los gobiernos de planificar el desarrollo y ordenar su territorio, intentando superar de esta manera lo que se considera una deficiencia grave del Estado, que no había incorporado, hasta ahora, el ordenamiento territorial en ninguna de las 19 constituciones que habían regido en el país y había provocado omisiones múltiples, como la inexistencia de políticas públicas para promover la ocupación y uso planificado, responsable y sostenible del territorio.
Las regiones autónomas, como la expresión más avanzada de la autonomía asignada a los gobiernos descentralizados, propiciarán, a juicio de los promotores del proyecto, un desarrollo más equitativo en todo el territorio y permitirán potenciar (no como competencia sino como complemento) las capacidades y atributos locales.
Por eso se les reconoce facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y territorios.
En vista de la controversia que se formó por las autonomías, la presidenta de la mesa de Ordenamiento Territorial, Tatiana Hidrovo, señaló que existe un manejo malicioso en la información porque esto refleja un rol de oposición que ya es público y notorio, y que tiene que ver con "la resistencia a un cambio en el país".
Para Hidrovo, la autonomía consiste en el rol de los autogobiernos con potestad para elegir sus autoridades, manejar un paquete de competencias, toma de decisiones sobre cómo invertir sus recursos y la capacidad legislativa y normativa.
"Todos los gobiernos tienen iguales potestades: la región autónoma, los consejos provinciales y los municipios. Las diferencias entre unos y otros es que tienen competencias exclusivas y obligatorias diferentes".
Si Guayaquil se decide a convertirse en un Distrito Metropolitano como ya lo es Quito, por ejemplo, tendría la opción de adquirir las competencias de las regiones, de los consejos provinciales y de los municipios sin tener que cumplir ningún paso previo, afirmó la asambleísta.
Un claro ejemplo, señaló, es el servicio de agua potable, competencia que ya no estará a la carta o libre elección. Se establece además que la solución de los servicios básicos y sanitarios de la comunidad es de absoluta competencia de los municipios y distritos metropolitanos.
En el caso de los gobiernos autónomos, estos tendrán que asumir de manera obligatoria un conjunto de competencias (antes solo asumían las competencias que querían).
Para el primer vicepresidente de la Asamblea, el oficialista Fernando Cordero, el articulado estipula que los gobiernos autónomos "descentralizados", esto es las juntas parroquiales (que también son considerados gobiernos autónomos), los concejos cantonales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los gobiernos regionales ejercerán facultades ejecutivas; y las regiones, provincias, distritos metropolitanos, cantones, a través de sus gobiernos autónomos, tendrán facultades legislativas, pero en el ámbito de sus competencias.
Sobre el rol de los consejos provinciales, indicó que siguen existiendo (y con mucha más fuerza, afirma), aunque algunos (opositores) solo consideran el aspecto económico y no el político.
Entre sus competencias, acompañadas de la facultad legislativa, pueden potenciar sus atribuciones en el ámbito de la seguridad alimentaria, en el fomento de las actividades productivas, en el ámbito de la asignación de las políticas de investigación del conocimiento, desarrollo y transferencia de tecnologías, entre otros aspectos. (CHM)
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