Pese a que el presidente Rafael Correa firmó el proyecto de ley para la provincialización de la península, el pasado jueves, para cumplir la promesa de campaña que hizo hace cinco meses, Economía informó el viernes pasado que apenas analiza los costos de esta decisión, los mismos que se conocerán la próxima semana.
Una fuente de este Ministerio, que prefirió mantener su nombre en reserva, anticipó que el mecanismo de financiamiento sería la redistribución de los recursos de la Ley del 15% y el Fodeset.
Aunque Economía estimó recursos por $867 millones para los seccionales este año, el Congreso reasignó a este sector: $48 millones del Tesoro y $90,1 millones para cumplir la Ley del Feiseh. Con ello, el total por redistribuir suma $1 005 millones.
Según el director del Centro de Estudios para el Desarrollo (Cordes), Vicente Albornoz, el problema es que con una provincia nueva se crea también una nueva burocracia. Hay que pagar a nuevas autoridades provinciales, cada una querrá tener chofer, además de la nueva infraestructura. Todo eso implica un costo fijo, dice.
En criterio del experto existe, además, un problema de eficiencia. Gran parte de los recursos de gobiernos locales se gastan en temas administrativos, además de que no tienen ingresos propios. A decir de Albornoz, existe también un tema político de por medio. Aquí hay gente interesada en que existan nuevos diputados, así como en hacerse campaña.
El ex ministro de Economía, Mauricio Pozo, considera que la fragmentación del país no soluciona los temas de la falta de eficiencia de los gobiernos seccionales. La experiencia muestra que gran parte de gobiernos seccionales no funcionan. Además, la provincialización de Santa Elena deja un precedente terrible, mañana llegará La Maná o Santo Domingo a decir que también quiere ser provincia sin bases técnicas, ni planes, ni estudios. (MO)
La región 23 reclama siete obras clave
Los alcaldes de los tres cantones peninsulares aseguran que en caso de que la región se convierta en provincia recibirán $9 millones provenientes de fondos propios y los entregados por la Ley del 15% del presupuesto del Estado.
El alcalde de la Libertad, Patricio Cisneros (PSC), presidente del Comité de provincialización, precisó que de ese monto se deberá reducir el 20% de los costos administrativos ($1,8 millones) por lo que a la nueva provincia de Santa Elena le quedaría un presupuesto de $7,2 millones anuales que se los destinaría exclusivamente para inversión.
Dionisio Gonzabay, alcalde de Santa Elena (PRE), dijo que entre sus planes están siete temas: piden administrar la vía Guayaquil-Salinas, tener un camal, un hospital, un cuartel policial, un complejo petroquímico, un puerto marítimo y convertir el aeropuerto militar de Salinas en civil. (AM)
EL PUNTO DE VISTA DE DIEGO CORNEJO MENACHO, SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN
Claro que es un espejismo, pero hay otras prioridades
Las nuevas provincias cercan al Congreso y confrontan a la derecha del país
Es un espejismo el que las necesidades locales se solucionan o se satisfacen con más burocracia, o con una burocracia de mayor jerarquía.
Eso lo sabe el presidente Rafael Correa. Sin embargo, mencionando que no cree en la utilidad de una nueva provincia, firmó el Decreto Ejecutivo para la creación de la provincia 23, sobre la base de los cantones de Santa Elena, Libertad y Salinas, en la península, que hoy están bajo la jurisdicción del Guayas.
Fander Falconí, el titular de la Secretaría de Planificación, debe tener elaborado un criterio técnico respecto de la ecuación provincias-autonomías, pero él no lo ha hecho público, por lo que, por lo pronto, los argumentos gubernamentales, sobre este tema, aparecen con un marcado tinte político.
Si el jefe de Estado suscribe el Decreto de provincialización, anticipando que no cree que aporta a una solución verdadera lo que está haciendo, hay que traducir, sin esperar la traducción del ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, es que lo que más interesa al jefe de Estado es la confrontación con un liderazgo guayaquileño de derecha, cuya mayor carta de presentación es haber rescatado a la administración municipal de Guayaquil de las manos del clientelismo bucaramista.
Aparentemente, estamos ante una conjunción de habilidades: Correa utiliza el sueño de los peninsulares de convertirse en una nueva provincia y, ellos, la necesidad gubernamental de mantener tensiones con distintos grupos del poder tradicional, con el fin de que el jefe de Estado continúe en posiciones estelares en los medios de información y que el país político conserve el ánimo de campaña política, pues el correísmo y sus aliados están empecinados en llegar a una asamblea constituyente para plasmar una reforma política postergada, aunque constantemente reclamada por la ciudadanía
Es notorio que el interés del Gobierno no es únicamente llegar a la asamblea, sino transitar el camino que podría llevar a ella. Ricardo Patiño, ministro de Economía, dijo al Consejo Editorial de HOY que lo que más importa es el activismo asambleísta.
Luego, si, acaso, la mayoría de asambleístas responden a la llamada partidocracia y si, en consecuencia, la nueva constitución vuelve a ser neoliberal (así califica Correa a la de 1998, en vigencia), queda el recurso del referéndum ratificatorio, previsto en el estatuto entregado por el Gobierno al Tribunal Supremo Electoral.
Es un esquema, para el primer año de gestión, al menos, que apuesta por la movilización ciudadana constante, en el que la creación de las provincias 23, 24, o las que sigan, se convertirán en instrumentos para cercar al Congreso Nacional, que debe votar por su creación definitiva.
Hora GMT: 04/Marzo/2007 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito
