En la región de Intag, cantón Cotacachi, la discordia entre los aproximadamente 5 000 habitantes de la parroquia García Moreno empezó el 15 de julio de 2004, cuando se firmó un convenio para la exploración de las minas de cobre, en 5 000 hectáreas ubicadas a 4 kilómetros de la población de Junín.
La concesión a 30 años pertenece a la compañía minera Ascendant Explorations, con capital canadiense.
Intag posee uno de los pocos bosques primarios del noroeste del Ecuador, por lo que muchos prefieren desarrollar el turismo, la agricultura y la ganadería, como una forma viable de sustento y rechazar el proyecto minero.
"El general Villacís compra a la gente", señala Oswaldo Herrera, vicepresidente de la comunidad de Apuela. "En Navidad, dieron fundas de caramelos y hacían firmar hojas en blanco". Villacís, responsable de "socializar" el proyecto, señala: "Llevamos fundas de confites y juguetes para los niños, pero no recogimos firmas; fue un gesto humano" indica.
Esa versión se repite en Junín, población que tendrá que reubicarse, si algún proyecto minero llegase a contaminar las cuencas del río, según un informe realizado en 1997 por la compañía minera Bishimetal, subsidiaria de Mitsubishi del Japón, empresa que estuvo a cargo de la exploración (sacar muestras antes de la explotación) hace cinco años, aunque este no constituye un estudio de impacto ambiental, según un documento del Ministerio de Energía. (LPCH)
La minera ofrece programas sociales
César Villacís se encarga de hablar con la comunidad
Para César Villacís, encargado de socializar el proyecto minero en la zona del Intag, el problema radica en que "siempre se habla de zona ecológica, pero no se ha hecho nada para mantener tal situación en el lugar y peor para recuperarlo. Hay madereros que sacan árboles todos los días", indica.
Él está acusado por los pobladores del sector de "querer comprar a la gente", aunque su función es de "socializar" el proyecto y lograr que las comunidades acepten a la minera.
Para ello, la se ofrece una serie de programas de desarrollo local en materia de productividad (capacitación técnica de la agricultura y la ganadería), vialidad, reforestación y obras públicas.
Villacís insiste en que no hay un referente minero en el Ecuador: "No ha arrancado la actividad a gran escala en el país", que permita su desarrollo, pues "Nambija es un ejemplo de minería de pobreza", pero eso no convence a sus opositores, para quienes la mayor preocupación es el impacto socioambiental que la minería puede tener en la zona de Intag y por el virtual empeoramiento de su nivel de vida. (LPCH)
"El río Junín será uno de los más afectados"
La compañía dice que no utiliza productos químicos
Óscar Cultid, secretario de la comunidad de Junín, está convencido que "la minería causa contaminación masiva en el río" pero Carlos Sánchez, de Ascendant Explorations, desmiente esta versión: "Nos encontramos en fase de exploración; en este período no se utiliza ningún tipo de químicos, sino que se extraen muestras que se envían a laboratorios", explica.
Además, se oponen a la apertura de la carretera, por lo que las comunidades de Chalguayacu Alto, Chontal Alto, La Armenia y Junín se reunieron con los representantes de la compañía. Al respecto, en la página web de Defensa de las Comunidades del Intag (Decoin), se alerta: Las comunidades debemos, a toda costa y siempre dentro de nuestros principios de no violencia, hacer respetar las decisiones de quienes vivimos y trabajamos de nuestras tierras". Eso a pesar de que su representante, Polibio Pérez, fue desconocido por los pobladores.
El Municipio de Cotacachi, también envió una carta el 15 de diciembre de 2004, en la que se manifiesta: "Se declara a Cotacachi como cantón ecológico, para evitar que se desarrollen actividades destructivas". (LPCH)
VARIOS ACERCAMIENTOS A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA
Algunos grupos de pobladores apoyan la actividad
El 29 de marzo de 2004, se concesionó la explotación minera a la compañía Ascendant Exploration. En agosto, se aseveró que se invertirán $500 millones en 10 proyectos mineros en Imbabura, Bolívar, Azuay, Loja y Napo en explotación de cobre y oro, pero hay oposición de un grupo de gente de las comunidades: Chontal Alto, Chalguayacu Alto, La Armenia, Junín y Barcelona. A favor, está otro grupo de La Magnolia, Chalguayacu Alto y Bajo, Llurimaguas, Villadora, Santa Rosa, El Corazón, Cielo Verde, Río Verde, San Roque, Brillasol, Magdalena Alto y La Armenia.
El TC no acepta declarar a la zona en conflicto como reserva ecológica
El 9 de diciembre de 2003, el Tribunal Constitucional (TC) desechó la demanda de Amparo Constitucional presentada por el Municipio de CotacachI, para que se autorice nombrar a la zona como una reserva ecológica y no permitir la explotación minera.
Pero, posteriormente, el 15 de julio de 2004, se firmó un acuerdo de trabajo entre 17 comunidades y la minera, con el propósito de construir varias obras de infraestructura como escuelas, vías de acceso, granjas integrales de producción agropecuaria, centros de acopio y comercialización agrícola, entre otras. (LPCH)
Hora GMT: 12/Enero/2005 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito
