La liberación demora otro día por la falta de boleta

El habeas corpus para los 10 de Luluncoto no se ejecuta

La fiesta que se prendió en los exteriores del CDP por la liberación de siete de Los 10 de Luluncoto, se volvió en ira tras confirmarse que la jueza encargada no firmaría a tiempo

El ambiente de fiesta montado ayer por la mañana por la liberación de siete de los implicados en el caso llamado Los diez de Luluncoto se transformó en amargura. Y esto porque entre los familiares y allegados circuló a mediodía el rumor de que desde el poder se haría todo lo posible para dilatar dicha liberación.

Pero el malestar se transformó en ira e indignación a eso de las 15:30 cuando la gente apostada en el acceso al Centro de Detención Provisional (CDP), adjunto al ex Penal García Moreno, escuchó a una de las dirigentes del magisterio que la jueza encargada de ejecutar el hábeas corpus, concedido la víspera, solo lo suscribiría después de terminar la hora laboral.

Como consecuencia de eso, se entendió que la salida de los detenidos no iba a ser posible sino solo hasta el día de hoy, por lo cual, la mayoría de las personas que se encontraba allí decidió movilizarse hasta el juzgado para protestar por la demora en el despacho de ese trámite.

Hasta ese lugar se habían dado cita, desde la mañana, familiares de los siete detenidos, allegados, amigos y seguidores y militantes de las agrupaciones de la Coordinadora de las Izquierdas, que han hecho causa común para apoyar a los jóvenes imputados en el caso.

Una banda se encargó desde temprano en ponerle música continua a la espera. Los periodistas también se apostaron durante casi todo el día en el lugar, mientras que a medida que pasaban las horas, el nerviosismo y malestar iba ganando terrerno.

Cuando circularon con más fuerza los rumores de que se iba a dilatar el asunto, la música paró de sonar y las banderas que ondeaban por lo alto en la mañana fueron amontonándose en una esquina diagonal al Centro de Detención Provisional.

Una vez confirmado que la liberación no iba a ser posible, en el lugar quedaron solo algunas personas del grupo de apoyo para alertar de cualquier novedad que se presente.

Previamente habían dejado el lugar los hermanos Gustavo y Marcelo Larrea y el dirigente emepedista Ciro Guzmán, este último abogado de los implicados en el caso.

La dirigente Mariana Pallazco culpó del incidente al Gobierno y lo responsabilizó de lo que les pueda suceder a los detenidos, considerando que se hallan en el décimo cuartodía de huelga de hambre.

El miércoles pasado, la Primera Sala de lo Laboral, la Niñez y Adolescencia de la Corte de Justicia de Pichincha aceptó el recurso presentado por siete detenidos en este caso, mientras negó esa misma petición de dos sindicadas en un supuesto delito de sabotaje y terrorismo.

Por eso, las jóvenes Cristina Campaña y Abigail Heras deberán permanecer aún detenidas, encierro que lo cumplen en la cárcel de Mujeres del Inca, al norte de Quito.

Los siete varones fueron trasladados a la audiencia de ayer con un retraso, no así las mujeres que llegaron a tiempo. El primer caso fue considerado como una vulneración de sus derechos. El segundo, no.

Los beneficiaros del hábeas corpus son: Santiago Gallegos, Héctor Estupiñán, Enrique Zambrano, Royce Gòmez, Andrés Castro, Hugo Vinueza y Alberto Merchán.

La resolución de su liberación se produce en medio de un despliegue mediático desde el Gobierno, en el que se ha reiterado una supuesta acción terrorista y el aparecimiento de supuestas pruebas incriminatorias, que durante el juicio deberán ser aceptadas o no como pruebas por el juez.

Aunque en principio se dijo que la huelga de hambre de los imputados se había suspendido, allegados a los nueve detenidos señalaron que la medida se mantiene.

Dentro del caso también está imputada la joven Fadua Tapia, quien se encuentra con arresto domiciliario pues, el día del operativo estaba embarazada y actualmente se encuentra en período de lactancia. Sin embargo, su presencia ante el juez debe cumplirse cada semana.

Durante la resolución de la Primera Sala, aceptando el hábeas corpus para unos y no para otros, hubo sentimientos encontrados, por lo que la voluntad del grupo es seguir luchando por la libertad de las dos únicas detenidas, mientras llega la audiencia de juzgamiento por el delito que se les acusa, prevista para el próximo 21 de enero.

La resolución de aceptar el hábeas corpus, parcialmente, fue dividida. Dos de los jueces, Óscar Chamorro y Raúl Narváez, aceptaron los fundamentos de la defensa, no así la presidenta de la Sala, Katerine Muñoz, que salvó su voto y era quien estaba a cargo de la firma de las boletas de excarcelación.

El abogado Ciro Guzmán reiteró ayer esos fundamentos en favor de las dos jóvenes que seguirán detenidas, tomando en cuenta que todos los involucrados estuvieron en el operativo montado por la Policía , en el cual -dijo- se actuó sin orden respectiva y los detenidos fueron sometidos a tratos degradantes por la Policía.

El jurista restó validez a las evidencias señaladas en cadenas nacionales, aunque, dijo que será importante en la audiencia de juzgamiento conocer en detalle por cuanto las referencias no hacen más que establecer vinculaciones políticas, no así pruebas plenas de que se cometió delito alguno.

Entre esas supuestas evidencias se hace referencia a dos cheques que estarían firmados por militantes del Movimiento Popular Democrático, lo que -hipotéticamente- se estaría calificando como una acción de financiamiento de terrorismo.

Uno de esos cheques, destaca, es por $60 y otro correspondiente al salario de un personero electoral de ese partido en Esmeraldas.

Entre la evidencia señalada por la Fiscalía están libros, cuadernos con apuntes y hasta se habla de manuales de preparación de explosivos. Guzmán refuta este tema, pues, dice que en el área penal se ocupa de perseguir los actos antijurídicos, que en este caso como no los hay, no hay delito.

La sola existencia de esos elementos presentados como evidencias no confirman nada, dice. (LB)