El mandato seis de la Asamblea eliminó la tercerización e intermediación laboral, por considerarlas sistemas de precarización del trabajo, esa fue una promesa de campaña del actual Gobierno, pero que aún debe ser ratificada por el Pleno de la Constituyente.
El informe final de la Mesa de Trabajo ratifica que la relación laboral entre empleadores y trabajadores será directa y bilateral. Y solo reconoce los servicios complementarios cuando las usuarias garanticen el cumplimiento de los beneficios de ley a todos sus empleados.
La contratación por horas también queda prohibida en ese mandato, y esa figura es sustituida por el llamado sistema de contratación de jornada parcial, en el cual el trabajador gozará de estabilidad, de acuerdo al Código del Trabajo, y tendrá derecho a todos los beneficios legales, incluido el fondo de reserva.
Cualquier cláusula que impida que el trabajador de servicios complementarios sea contratado directamente por el usuario queda prohibida por el mandato.
La Mesa de Trabajo e Inclusión Social hace una salvedad para el caso de la industria hidrocarburífera: no se considerará como complementarios a los servicios técnicos ajenos a los que habitualmente dichas empresas realizan.
El Gobierno ha defendido la propuesta porque, según el ministro de Trabajo, se enmarca en lo legal y no atenta contra el principio de la libre empresa. Y anticipó que habrá sanciones para quienes no cumplan con la disposición: 20 remuneraciones básicas mínimas.
No hay duda de que la tercerización o intermediación laboral ha sido usada por ciertas, muchas, empresas para evadir sus responsabilidades con los trabajadores, que ni siquiera tenían una afiliación al Seguro Social , y menos aún podían aspirar a los demás derechos consagrados en el Código de Trabajo.
Es indudable que el Gobierno necesitaba ejercer un mayor control sobre esas empresas, en vista de que en el país existen 435 mil empleados contratados bajo esa modalidad, de los cuales 80 mil están en el sector público.
Pero de ahí a eliminar por completo esa figura, sin duda, traerá inconvenientes, sobre todo para las empresas que, gracias a la intermediación, han podido concentrar sus esfuerzos en su área específica del negocio, lo que les permite ser más competitivas.
Si bien el Gobierno ha dicho que ese mandato de ninguna manera afectará al empleo ni a la producción de las empresas, la realidad parece ser otra, pese a que ni siquiera ha sido aprobado en el Pleno de Montecristi.
Un sector que necesitaba control es eliminado, pero quién sabe si el remedio resulte peor que la enfermedad.
Hora GMT: 28/Marzo/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad QUITO
