La guerra de la mordaza

Por Carlos Jijón

carlosj@hoy.com.ec

Finalmente, nos vamos entendiendo. El sábado, el jefe de Estado, Rafael Correa, admitió que el Consejo de Comunicación propuesto por los legisladores de su partido no debería estar integrado por representantes del Ejecutivo y que tampoco debería tener la facultad para sancionar a los medios con la suspensión por 10 años, como proponía el proyecto presentado originalmente por el asambleísta Rolando Panchana. Yo creo que se trata de una gran victoria de la sociedad civil: con la sola fuerza de las ideas, ha terminado por descartarse la tesis, propuesta por Alianza País, de que un Gobierno, la Función Ejecutiva, en suma, quien ocupe la Presidencia de la República tenga el poder para cerrar un medio de comunicación. Rolando Panchana ni siquiera ha defendido su proyecto. Betty Carrillo, la presidenta de la Comisión Ocasional, que todavía insiste en que el Gobierno pueda cerrar medios, ha sido desautorizada por su propio bloque, que se ha comprometido en un consenso con la oposición. La cereza de esta gran victoriala ha puesto la semana pasada el ciudadano que ostenta la Presidencia de la República, al desdecirse de lo que había anunciado apenas una semana antes: que el consenso alcanzado en la Asamblea le provocaba malestar en el estómago. Ahora, resulta que, pese a las arcadas, siempre había estado de acuerdo en lo fundamental del malhadado consenso: que en las democracias, los Gobiernos no cierran medios.

Con todo, no debemos adelantarnos en la celebración. Todavía no conocemos lo que saldrá de la Comisión Ocasional para ser aprobado en segundo debate. Aún, el Régimen puede lograr la aprobación de su proyecto adicional si lograra pactar con esos asambleístas que se reunieron en Carondelet el último día del año pasado. Y todavía es posible que el Ejecutivo vete parcialmente la ley que apruebe la Asamblea y termine imponiendo su texto alternativo. Pero, a estas alturas, la sociedad ha ganado ya la discusión ideológica. Bien es verdad que el proyecto contiene aún disposiciones contrarias a la libertad y a los derechos humanos, pero lo peor ya ha sido superado. Si, pese a todo, insisten en mantener el proyecto inicial, tendrá que ser por la fuerza, y la ley de comunicación nacerá deslegitimada.

Han perdido ya la batalla moral. Yo creo, por ejemplo, que no tiene ninguna presentación que Betty Carrillo siga presidiendo la Comisión Ocasional después que ella misma revelara que su familia política ha sido beneficiaria de un crédito concedido por la Corporación Financiera Nacional durante este Gobierno. Y no es que sea ningún delito. Sino que los ciudadanos tenemos derecho a sospechar que la vehemencia de la asambleísta Carrillo en otorgar al Régimen la facultad para "suspender" medios por un lapso de 10 años podría estar influenciada por otros motivos a más de sus propias convicciones. Creo que tiene un conflicto de intereses, que su independencia puede ser cuestionada, y aún no entiendo cómo sus propios colegas de País, dentro de la misma comisión, no le han pedido todavía la renuncia.

Hora GMT: 07/Enero/2010 - 05:11