La Fiscalía abarrotada por denuncias de firmas falsas

Anulación de apoyo fraudulento a organizaciones políticas

La demanda habitual de servicios de la Fiscalía de Pichincha subió casi al triple la mañana de ayer debido a la recepción de las denuncias sobre afiliaciones a varias organizaciones políticas sin previa autorización.

En un día común, entre las 08:00 y las 17:00, se atienden entre 80 y 100 denuncias. Ayer, hasta el mediodía, se atendieron a unas 250 personas y quedaban un centenar más a la espera, y otros que aún no acababan de llegar.

Por la cantidad de gente, las 34 sillas disponibles en el hall del edificio y los diez cubículos de recepción de denuncias resultaron insuficientes. Por ello, se adecuaron tres puntos más de atención en el auditorio, lugar al que debían pasar, en grupos de 10, las personas que iban llegando. La disposición incomodó a quienes, con turno en mano, estuvieron más de dos horas a la espera.

Pese al descontento y la incomodidad de los perjudicados, surgió la fraternidad entre ellos. El pie para el diálogo era la afiliación involuntaria, luego seguían y las presunciones de cómo se obtuvieron los datos.

Unos culpaban al Registro Civil, otros a bancos y tarjetas de crédito y no faltó quien diga que las bases de datos salieron del IESS. En eso los criterios variaban, el único recurrente era la molestia de hacer un trámite no previsto.

"Es un pasadero de tiempo, en la empresa no me dieron permiso y me tuve que escapar para venir a denunciar y nada", dijo un empleado privado -que prefirió la reserva de su nombre por su "huida" del trabajo- mientras revisaba su turno cifrado, 95 números después de lo que marcaba una de las tres pantallas en la Fiscalía.

De dichas pantallas, dos mostraban la secuencia de turnos, mientras en la otra se transmitían programas de televisión nacional sin volumen. Esa última fue ignorada toda la mañana por los impacientes perjudicados, pues la espera se volvió aún más larga debido a que el sistema empezó a fallar por momentos. "Por aumentar los puntos, se puso lento el sistema y a ratos se paralizó", le comentaba una funcionaria al guardia de seguridad que recibía las quejas de los usuarios que se habían cansado de esperar. Mientras tanto, a un lado Cristina Toapanta revisaba su turno y se apoyaba a una pared. "Esto es muy cansado", dijo. Ella es estudiante y debió faltar a clases para hacer la denuncia.

"Salgo como afiliada a Alianza País, pero nunca me ha interesado la política", dijo la joven que no sabía si la afiliación podría traerle algún problema.

A quien la afiliación involuntaria ya le costó una oportunidad laboral es a Jennyfer Flores.

Ella también es estudiante y está de vacaciones, por lo que aplicó para ingresar a trabajar como digitadora del Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, como aparece afiliada al movimiento Municipalista perdió la vacante. "Es injusto porque no me afilié y no pude entrar a trabajar y debo hacer una denuncia por algo que no hice", dijo la joven, quien irónicamente podría estar revisando firmas de adhesiones y afiliaciones que, como la de ella, se hicieron sin autorización.

De su parte, Gustavo Villares, funcionario del INEC, hizo su denuncia después de tres horas de espera. Él aparece como afiliado a Ruptura y ahora deberá llevar la documentación al CNE para que se anule su afiliación. Villares no descarta seguir otro tipo de acción legal, porque cree que "actos de corrupción como este no pueden quedar impunes". (ABT)

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