La falacia del veto

Por Carlos Jijón
carlosj@hoy.com.ec

El presidente de la República argumentó el sábado pasado que como en su opinión la comunicación es un servicio público, los medios de comunicación deben rendir cuenta a la ciudadanía por intermedio del nuevo Consejo de Participación Ciudadana. El argumento me parece falaz y el razonamiento, un sofisma. Les confieso que he buscado otro término para referirme al silogismo utilizado por el presidente, pero francamente no encuentro otro que lo describa de manera más certera. Es una falacia sostener que la comunicación es un servicio público. Los restaurantes, por ejemplo, atienden al público pero no son un servicio público o la tercenas, los abogados, los actores en un teatro, los taxistas, todos ellos sirven a la gente, pero no constituyen un servicio público por el sencillo hecho de que para ser considerado tal es necesario que sea ejercido por el Estado.

El presidente es un servidor público. Yo no. Yo soy un periodista que ejerzo mi derecho a opinar libremente sin que nadie esté obligado a leerme. El presidente, que recibe un salario que pagamos de nuestros impuestos y a quien hemos elegido para que trabaje por el bien de todos, tiene la obligación de rendir cuentas a los ciudadanos. Las empresas que manejan medios de comunicación ya son controladas por el Servicio de Rentas Internas, por la Superintendencia de Compañías y por el Ministerio del Trabajo. Proponer además que deban "rendir cuentas" ante un Consejo de Participación Ciudadana afín al Régimen lo que busca es controlar el contenido de dichos medios con la amenaza de una fiscalización latente. Porque el argumento que se trata de vender es que los periodistas realizamos un función pública que los ciudadanos tienen derecho a fiscalizar, cuando lo que se está creando es una instancia para que el poder (mediante un Consejo integrado por sus amigos) controle a los propios ciudadanos en el ejercicio de uno de sus derechos fundamentales. Y el camino que se ha escogido para ello, el del veto presidencial a la ley ya aprobada por la Asamblea, es también una desnaturalización del concepto republicano de que, en una democracia, no es el Ejecutivo el que dicta las leyes, sino el Legislativo.

Ciertamente, el presidente de la República es un colegislador y tiene derecho a vetar o proponer modificaciones a las leyes aprobadas por la Asamblea. Pero el camino que se ha diseñado para que sea en la práctica el Ejecutivo el que imponga su criterio, pese a que no ganó la mayoría de las bancadas legislativas, es una trampa leguleya como las que usaba la partidocracia. Sin embargo, es importante que advirtamos el mecanismo. Basta que la Asamblea apruebe un proyecto en segunda discusión, por ejemplo, de la Ley de Comunicación, para que el presidente lo modifique a través de un veto, y este se consagre como ley al no existir las dos terceras partes de la Asamblea que puedan oponerse. Lo único que queda entonces es no aprobar los proyectos sino se está completamente seguro de que el Ejecutivo no los va a modificar. No queda otra.

Hora GMT: 18/Marzo/2010 - 05:09